La Cámara de Arbitraje de Madrid (CAM) ha querido colocar a las empresas en el centro del debate sobre el arbitraje.
Ese ha sido el propósito del «Congreso CAM Arbitraje doméstico: escuchamos a las empresas», celebrado durante dos jornadas –entre el 6 y el 7 de octubre– y estructurado en siete mesas que recorrieron algunos de los principales ámbitos en los que surgen conflictos empresariales: construcción e infraestructuras, energía y renovables, societario y M&A, deporte, distribución comercial y franquicia y gestión del riesgo, entre otros.
La presidenta de la Cámara de Arbitraje de Madrid, Urquiola de Palacio, hace un balance muy positivo. El Congreso ha rozado los 200 asistentes, frente a los 150 de la edición anterior, y ha aumentado también significativamente el respaldo de los despachos patrocinadores.
Pero, para De Palacio, el dato esencial está en otro sitio: haber conseguido que abogados de empresa, directivos y secretarios de consejos de administración expliquen directamente qué esperan del arbitraje, qué les preocupa y qué consideran que debe cambiar.
¿Qué balance hace de esta edición del Congreso?
Ha resultado estupendamente. Hemos incrementado el número de asistentes. Este año hemos tenido casi 200 personas, frente a las 150 del año pasado, lo que demuestra que existe un interés creciente.
También creo que merece destacarse el apoyo de los patrocinadores. El año pasado tuvimos alrededor de diez y este año hemos alcanzado 24 patrocinios plata y uno oro. Es una evolución muy importante.
¿El Congreso ha atraído principalmente a profesionales de Madrid o ha conseguido trascender ese ámbito?
Tenemos gente de toda España, aunque la mayoría procede de Madrid. Acabo de saludar, por ejemplo, a un abogado que ha venido desde Zaragoza. También tenemos bastantes asistentes de Barcelona y Bilbao y he visto participantes procedentes de Andalucía.
Eso demuestra que la difusión del Congreso ha conseguido llegar más allá de Madrid, algo que para nosotros es importante.
Después de siete mesas redondas, ¿qué destacaría especialmente de lo que han escuchado?
Sobre todo, haber conseguido incorporar la voz de las empresas. Han participado abogados in house, pero también directivos y secretarios generales de consejos de administración, que han podido ofrecernos directamente su visión sobre el arbitraje.
Nos han explicado tanto sus temores ante esta forma de resolver conflictos como las ventajas que encuentran en ella y, además, qué creen que debería cambiarse o perfeccionarse.
Y hay algo que me ha gustado especialmente: algunas de las personas que han sido críticas y han pedido cambios han planteado precisamente modificaciones que nosotros ya estamos implantando.
¿Se podría decir que este Congreso tiene también una función de divulgación, incluso de «evangelización», del arbitraje entre las empresas?
En cierto modo, sí. Yo siempre digo que nadie elige aquello que no conoce.
Por desgracia, todavía nos encontramos con empresas que no saben exactamente qué es el arbitraje. Por eso es importante explicárselo y ponerlas en contacto con profesionales que están muy implicados en este mundo.
Pero el proceso tiene que funcionar también en sentido contrario: quienes estamos dentro del arbitraje tenemos que escuchar de verdad qué quieren las empresas. Para nosotros eso es especialmente importante.
¿Una de las ventajas fundamentales es que permite resolver conflictos empresariales muy especializados con árbitros que conocen profundamente la materia?
Desde luego. No tengo absolutamente nada contra los tribunales de justicia, pero cuando pienso, como abogada, en qué es lo mejor para un cliente, hay que tener en cuenta el tipo de conflicto.
Cuando se trata de sectores muy especializados o de controversias especialmente complejas, creo que el arbitraje puede ser una mejor fórmula de resolución. Los jueces pueden ser estupendos profesionales, pero no pueden ser especialistas en todas las materias.
En arbitraje, en cambio, puedes conseguir que la controversia la resuelva alguien que sea realmente especialista en esa materia y que, además, pueda dedicarle mucho más tiempo al asunto.
¿Esa posibilidad de dedicar más tiempo al conflicto marca realmente una diferencia?
Sí. Pensemos en la carga de trabajo de los jueces. Hay jueces que tienen que dictar más de 500 sentencias en un año.
En un arbitraje, el árbitro puede prestar una atención mucho mayor a un caso concreto. Uno de los ponentes explicaba que, en el mejor de los casos, conseguir que un juicio en la jurisdicción dure una mañana ya puede considerarse extraordinario. Muchas veces, que te dediquen dos horas parece un éxito.
En arbitraje, sin embargo, no es infrecuente que las audiencias duren una semana, mañana y tarde. Cuando existen cuestiones periciales complejas, se puede escuchar con detenimiento a los peritos y realizar un análisis mucho más profundo.
No porque los profesionales de la Justicia ordinaria no quieran hacerlo, sino porque el propio sistema arbitral ofrece más herramientas y tiempo para abordar determinadas controversias complejas.
Una de las críticas habituales al arbitraje es su coste. ¿Es necesariamente más caro que acudir a los tribunales?
No necesariamente. Hay que comparar correctamente.
En determinados conflictos de menor cuantía puede no resultar más barato, pero, a medida que aumenta el interés económico de la disputa, esa afirmación de que el arbitraje es más caro deja de ser necesariamente cierta. En determinados casos puede incluso resultar más económico.
Además, tiene una característica importante: es, como dicen los anglosajones, one shot. La controversia queda esencialmente concentrada en una sola instancia.
Eso también significa que las posibilidades de revisar posteriormente la decisión son mucho más reducidas.
Sí, y eso es un arma para bien y para mal.
Quien acude a un arbitraje y no obtiene la resolución que esperaba puede verlo como un inconveniente, porque no dispone de las mismas posibilidades de revisión del laudo que existen en la jurisdicción ordinaria.
Pero la otra cara es que permite terminar antes con el conflicto. El coste se concentra en esa instancia arbitral.
Cuando se compara económicamente el arbitraje con acudir a los tribunales, habría que incluir todas las fases que puede tener un procedimiento judicial, incluida la posibilidad de que llegue hasta el Tribunal Supremo.
Y también hay un coste para las empresas que a veces se olvida: mantener durante años un litigio abierto, con las provisiones económicas y la incertidumbre que eso supone.
¿Cuántas personas han participado como ponentes en las distintas mesas?
La media ha sido de cuatro ponentes por mesa, además del moderador. Y hemos celebrado siete mesas.
Ha sido, por tanto, una participación muy amplia y con perspectivas muy distintas, que era precisamente lo que buscábamos: escuchar a las empresas y conocer directamente cómo perciben el arbitraje.
