El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) tiene, por primera vez, una mujer al frente. La abogada Susana Ferrer Delgadillo, exvicedecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), ha asumido la presidencia de esta institución de arbitraje con un objetivo: acercar este sistema de resolución de conflictos a más empresas, entidades y organizaciones del tercer sector.
El nombramiento llega acompañado de una renovación de la Junta Directiva y abre una etapa en la que la institución pretende reforzar su presencia en el ámbito jurídico y empresarial, además de difundir las ventajas del arbitraje entre quienes todavía recurren casi exclusivamente a los tribunales ordinarios.
«Asumo esta responsabilidad con un firme compromiso con la institución y con la ilusión de afrontar los retos que tenemos por delante. Queremos continuar trabajando para dar a conocer e impulsar el arbitraje como una herramienta útil, ágil y especializada para la resolución de controversias», ha declarado Ferrer.
La nueva presidenta ha reconocido también el trabajo de sus predecesores y de las juntas directivas que han contribuido a consolidar el TAB. Sucede a Frederic Munné, que había accedido a la presidencia en 2022.
Aunque su nombre incluya la palabra «tribunal», el TAB no es un órgano judicial. Su función consiste en organizar y administrar procedimientos de arbitraje, principalmente en controversias civiles y mercantiles, cuando las partes han pactado someterse a este mecanismo.
En lugar de acudir a un juez para que resuelva el fondo del conflicto, las partes encomiendan la decisión a uno o varios árbitros independientes, que pueden ser especialistas en la materia discutida. El procedimiento concluye con un laudo que, conforme a la Ley 60/2003, de Arbitraje, tiene fuerza vinculante y puede ejecutarse judicialmente.
La elección del arbitraje no elimina todas las intervenciones judiciales: los tribunales pueden prestar apoyo en determinadas actuaciones y conocer de acciones de anulación del laudo por motivos tasados. No se trata, por tanto, de una segunda instancia para revisar libremente el contenido de la decisión arbitral.
Una trayectoria entre la abogacía y las instituciones
Ferrer Delgadillo es socia responsable de un despacho barcelonés especializado en Derecho Público, Regulatorio y Compliance. Desde esa posición asesora a entidades públicas y privadas sobre cuestiones administrativas y regulatorias.
Licenciada en Derecho, preparó entre 1998 y 2003 las oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado. Posteriormente cursó un máster oficial en Estudios Jurídicos Avanzados, especializado en Derecho Público, en la Universidad de Barcelona, y obtuvo en 2019 un diploma de especialización en arbitraje.
Su perfil combina el ejercicio profesional con una amplia actividad corporativa. En el ICAB fue vicedecana y miembro de su Junta de Gobierno, dirigió la revista Món Jurídic y presidió la Comisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
También ha impartido clases en el Máster de Acceso a la Abogacía de ISDE y en el Máster de Contratación Pública Avanzada de la Universidad de Barcelona. Entre 2022 y 2026 desempeñó, además, el cargo de cónsul honoraria de Irlanda en Barcelona.
Una dirección renovada y nuevos ámbitos de actuación
La nueva Junta Directiva tendrá como vicepresidentes a Xavier Coronas Guinart y María García-Valdecasas Alguacil; Antoni Bosch Carrera ejercerá como secretario. Los vocales serán Joan Martínez García y Natalia Martí Picó.
Completan la relación de miembros del TAB Sandra Peirón García, Luz Sunyer de la Puente, Adriana Ramos Laina, Marta Martínez Gellida y Luis Ferrer Gaya.
La presidencia no ha presentado todavía un programa cerrado de actuaciones. Según ha adelantado Ferrer, las prioridades se fijarán conjuntamente con el nuevo equipo, bajo criterios de rigor, especialización, proximidad y apertura a propuestas del sector.
Entre los desafíos figura superar la idea de que el arbitraje es una herramienta reservada para grandes litigios empresariales. El TAB aspira a extender su conocimiento y utilización en el tejido institucional y en el tercer sector, siempre en controversias que legalmente puedan someterse a esta vía.
La nueva dirección quiere reforzar asimismo la interlocución con abogados, empresas e instituciones para identificar necesidades y explorar colaboraciones. El reto será traducir esa voluntad de apertura en un mayor uso de los procedimientos arbitrales, sin perder las garantías de independencia y especialización que justifican su elección.
