La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 6 años, 6 meses y un día de prisión para el expresidente del Banco Popular Ángel Ron por presuntos delitos de falsedad en las cuentas y en la información económico-financiera, por la ampliación de capital de 2016.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra un total de 11 personas, la mayoría ex altos cargos del Popular, aunque también figuran dos auditores de Pricewaterhouse.
Así, el Ministerio Público reclama 6 años y medio de prisión para el ex consejero delegado del banco Francisco Gómez, el ex vicepresidente de la entidad Roberto Higuera y el ex miembro del Consejo de Administración Jorge Oroviogoicoechea por los mismos delitos.
También solicita para ellos penas accesorias de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio relacionado con entidades de crédito o establecimiento de prestación de servicios de inversión.
Al margen, pide que se les aplique multas de entre 108.000 euros y 132.000 euros.
Por su parte, interesa 4 años de cárcel por los mismos delitos para el ex interventor general Javier Moreno Navarro, el ex director financiero Francisco Sancha, el ex director general José María Sagardoy, el ex director general de Auditoría Interna Jesús Arellano y los dos auditores de Pricewaterhouse.
Además, propone una pena de siete meses de prisión por un delito de falsedad para Tomás Pereira, ex director de la unidad de servicios jurídicos y cumplimiento del Popular.
Para todos ellos, solicita penas accesorias de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio relacionado con entidades de crédito o establecimiento de prestación de servicios de inversión.
Al margen, pide que se les aplique multas de hasta 240.000 euros.
LA «VERDADERA SITUACIÓN» DEL BANCO POPULAR
Según el relato de Anticorrupción, «el Banco Popular Español llevó a cabo una ampliación de su capital social el 25 de mayo de 2016, por un importe de 2.505,5 millones de euros» y, «para captar el dinero de los potenciales inversores, proporcionó a estos, a través del folleto de inversión, una información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica y patrimonial de la entidad».
La Fiscalía indica que esta presunta información falseada «impidió que adoptaran una decisión libre y no viciada sobre la realización de la inversión en los términos y condiciones que lo fue».
El texto señala que, en las cuentas de 2015 y en los estados financieros de marzo de 2016, incluidos en el folleto de ampliación de capital, Banco Popular ocultó a los inversores un déficit de provisiones. Esto permitió mostrar un beneficio de 105,4 millones de euros, cuando el resultado real era una pérdida de al menos 2.553,2 millones, mantenida oculta a los accionistas.
Anticorrupción indica que «el déficit de provisiones se mantuvo parcialmente oculto en los estados financieros intermedios y en las cuentas anuales de 2016, de tal manera que el resultado económico del grupo en el ejercicio 2016 no fue de 3.485,36 millones de euros de pérdidas netas declaradas sino un resultado negativo de pérdidas contables netas de, al menos, 4.414,53 millones de euros».
BAJO SUPERVISIÓN
Explica además que «el grupo Banco Popular estuvo sujeto a la supervisión del Banco de España (BdE) hasta el 3 de noviembre de 2014» pero «a partir del 4 de noviembre de 2014, como consecuencia de la entrada en funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión, la supervisión se llevó a cabo por el BCE al tener (…) la consideración de ‘grupo significativo supervisado’, en atención a su tamaño –activos totales 100.000-125.000 millones de euros–«.
En todo caso, recuerda que «desde 2008, el grupo Banco Popular, con importancia sistémica –esencial para la estabilidad financiera nacional o global– estaba sometido a seguimiento continuado por el BdE, que lo clasificaba con entidad con un perfil de riesgo supervisor alto/estable».
«En sus informes de inspección y seguimiento el BdE reiteró y puso de manifiesto el déficit constante de provisiones hallado en Banco Popular, con el efecto de que los fondos propios declarados en sus estados contables estaban sobrevalorados», precisa Anticorrupción.
Fiscalía expone que «el déficit de provisiones provenía principalmente de las operaciones realizadas en el sector inmobiliario tras la crisis del sector de 2007-2008», apuntando que «el banco no realizó los ajustes contables necesarios para sanear sus cuentas con la finalidad de aparentar unos resultados positivos — ganancias– que no tenía, mostrando al mercado y a los inversores en general unos estados financieros ficticios alejados de la realidad».
«Ante los constantes requerimientos que recibía del BdE, por los déficits e irregularidades detectados y no reflejados en los estados contables, el Banco Popular procedía únicamente a la corrección de las deficiencias puestas de manifiesto por el supervisor –que resultaban del análisis de las muestras examinadas en cada actuación–, sin aflorar en sus cuentas los déficits generalizados que ocultaban, cuya existencia confirmaban de manera reiterada las distintas inspecciones y seguimientos del supervisor», relata Anticorrupción.
