El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana un paquete de medidas para atender a las necesidades más inmediatas de las personas y ayuntamientos afectados por la DANA, que se articulan a través de un acuerdo de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil para Valencia, Castilla la Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón, y un Real Decreto-ley de medidas urgentes que resultará de aplicación a 78 municipios.
Estas normas, que han sido coordinadas por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, contienen ayudas por un valor total de 10.600 millones de euros, para esta primera fase de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana.
Medidas para justificar la propiedad de los bienes inmuebles
En el ámbito de la Justicia, el paquete aprobado incluye mecanismos para que los ciudadanos puedan certificar la ubicación de los bienes inmuebles, tras el corrimiento de tierras provocado por las inundaciones, y obtener la documentación perdida.
Para ello, el ministerio ha habilitado el Portal de emergencias registrales que, vía satélite, puede reconstruir dónde estaban las fincas. Asimismo, los registradores emitirán de forma gratuita notas de localización de patrimonio inmobiliario u otros bienes para las personas afectadas. Se ha facilitado que los notarios puedan prestar asesoramiento notarial, facilitar la prueba documental de derechos existentes y dar solución a otras dificultades.
Medidas para los juzgados más afectados por la DANA
El Ministerio también ha habilitado el teletrabajo en juzgados, notarias, el registro civil y otras instituciones registrales.
Además, se ha aprobado un refuerzo en los juzgados de Torrent, Catarroja y Requena con efectos inmediatos. Esto incluye, por parte del ministerio, la habilitación de un juez y un letrado de la Administración de Justicia por cada uno de estos partidos, que empezarán a trabajar el próximo jueves.
Asimismo, el Ministerio se ha comprometido con la Conselleria a valorar la puesta en marcha de un plan de choque para reforzar los juzgados si hay acumulación de retrasos.
Además, se ha ratificado la suspensión de los plazos procesales adoptada por el CGPJ y se ha acordado la suspensión de plazos administrativos para evitar cualquier perjuicio en la defensa de los derechos de los ciudadanos ante los tribunales o ante cualquier Administración.
En resumen, se trata de un conjunto de medidas para garantizar que los servicios públicos del ámbito de la justicia ofrecen una respuesta ágil y eficaz a las necesidades de las personas afectadas por las inundaciones.
