Roja Directa, la web de contenido deportivo ilegal, deberá abonar 31,6 millones de euros a Mediapro por los daños y perjuicios causados por el pirateo de contenidos de fútbol propiedad del grupo.
El Juzgado Mercantil nº 2 de La Coruña ha fijado la indemnización que Puerto 80 y su administrador, Igor Seoane, deben resarcir a Mediapro por los daños y perjuicios ocasionados por la emisión de partidos de LaLiga cuyos derechos afines de propiedad intelectual pertenecían al grupo audiovisual durante la temporada 14/15.
El Tribunal Supremo ya había declarado en 2022 a Puerto 80 Projects y a su administrador, Igor Seoane, responsables de la distribución ilegal de partidos de LaLiga a través de la web Roja Directa.
Ahora, el Juzgado de A Coruña ha cuantificado los daños y perjuicios ocasionados, estableciendo una indemnización de 31,6 millones de euros, de los cuales 15,8 millones serán asumidos solidariamente por Seoane como administrador de la sociedad.
La cifra se ha calculado en base a la contraprestación económica que Puerto 80 debería haber abonado a Mediapro para obtener legalmente acceso a la señal de los encuentros deportivos.
Esta decisión marca un hito tras casi diez años de procedimientos judiciales, logrando no solo el cierre definitivo de Roja Directa en España, sino también la compensación económica a Mediapro por la infracción de derechos afines a la propiedad intelectual.
Una trama lucrativa basada en la vulneración de derechos
Roja Directa permitía a los usuarios acceder gratuitamente a emisiones en directo de partidos de fútbol de LaLiga y otros eventos deportivos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, detrás de esa gratuidad se escondía un negocio altamente rentable para Puerto 80, que generaba ingresos millonarios a través de publicidad y comisiones por desviar tráfico a casas de apuestas deportivas.
En 2022, informes periciales judiciales revelaron que una sola cuenta de la sociedad registró ingresos superiores a los 11 millones de euros.
Esto evidenció el impacto económico de sus actividades ilícitas, que durante años perjudicaron tanto a los titulares de derechos como a las empresas del sector audiovisual.
El caso de Roja Directa sienta un precedente importante en la lucha contra la piratería digital.
