El turno de oficio es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema judicial, garantizando que todas las personas, independientemente de sus recursos económicos, tengan acceso a la justicia.
Sin embargo, la realidad para los abogados que forman parte de este servicio esencial es cada vez más insostenible debido a la falta de pago adecuada y puntual por parte del Ministerio de Justicia.
A principios de enero, el sindicato de abogados Venia alzó la voz ante esta situación crítica, denunciando que muchos profesionales del turno de oficio llevaban cinco meses sin recibir su merecida retribución.
Esta demora en los pagos no solo es una falta de respeto hacia los abogados que dedican su tiempo y esfuerzo a garantizar el derecho a la defensa, sino que también pone en riesgo la viabilidad misma del turno de oficio.
¿Cómo se puede esperar que un profesional continúe trabajando bajo tales condiciones?
El presidente del CGAE, Salvador González, declaró recientemente a Confilegal: «Nosotros [el CGAE] no hemos cobrado el turno de oficio del territorio Ministerio y ellos [el Ministerio] no han pagado».
DESCONEXIÓN SOBRE LAS NECESIDADES DE LOS ABOGADOS DEL TURNO
Esta afirmación es un duro recordatorio de la desconexión entre las instituciones y las necesidades de los abogados del turno de oficio.
Desde el Sindicato Venia, y con el objetivo de que se incluyan en la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que se está tramitando, se propone una serie de reformas esenciales.
Primero, las llamadas «indemnizaciones» deben ser reconocidas como “salarios”, con todos los derechos que esto implica, incluyendo el alta en la Seguridad Social durante los periodos de trabajo efectivo.
Sin duda defendemos que se trata de una relación laboral de carácter especial. Además, el Ministerio de Justicia debe asumir la responsabilidad del abono de los desplazamientos y garantizar la regularidad en los pagos.
Es crucial eliminar la obligatoriedad del turno de oficio, lo que en la práctica se traduce en una forma de esclavitud moderna.
Entre otras medidas, se debería ampliar el plazo del informe de insostenibilidad a un mes, asegurar el pago incluso cuando el justiciable no tenga derecho a la Justicia Gratuita, y establecer un baremo europeo que equipare las retribuciones a la media de la Unión Europea.
También es necesario liberar a los abogados de las cargas burocráticas no remuneradas y reconocer su derecho a la negociación colectiva, incorporando al sindicato en las discusiones que afecten a sus derechos laborales y sociales.
Y es fundamental que se reconozca el derecho a la acción individual y colectiva, incluyendo la huelga, como herramienta legítima de lucha para los abogados y procuradores del turno de oficio.
«Es crucial eliminar la obligatoriedad del turno de oficio, lo que en la práctica se traduce en una forma de esclavitud moderna».
Hasta ahora, las negociaciones de baremos y elaboración de las leyes que afectan al turno de oficio han sido llevadas a cabo por los Colegios.
Debemos recordar que recientemente negociaron (en Madrid) una subida del 20% para ellos y del 3% para sus colegiados, lo que evidencia una grave incompatibilidad de intereses.
Del mismo modo se ha protegido la acción disciplinaria y de control sobre sus colegiados de estas instituciones en la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa, dejando para los abogados exclusivamente obligaciones y ningún derecho.
El Ministerio de Justicia, bajo la actual administración socialista, aún no se ha sentado a negociar con el sindicato Venia, la única fuerza social en este colectivo que ha logrado mover conciencias en tan poco tiempo y está removiendo estructuras profundamente arraigadas en el sistema.
Ya tenemos como decana de Ourense a una huelguista.
En resumen, es hora de que el Ministerio de Justicia responda a las demandas justas y razonables de los profesionales del turno de oficio.
No podemos olvidar que el 67% de los pleitos en España son llevados por los abogados del turno de oficio.
La dignidad y el respeto para estos profesionales no son negociables, y su trabajo invaluable debe ser reconocido y compensado de manera justa y puntual.
