Así de claro se ha mostrado el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, en la presentación del libro “Ley Orgánica 5/2024 de 11 de noviembre del Derecho de Defensa” que ha elaborado con comentarios a esta normativa, publicado por Tirant Lo Blanch.
González ha incidido en que, una vez aprobada la Ley Derecho de Defensa, «ahora toca un desafío igual de importante, su aplicación efectiva, asegurar su cumplimiento y que de verdad sirva a los objetivos que han motivado, su impulso».
Y, en este sentido, ha subrayado que «Las partituras de las buenas leyes son hermosas en el BOE, pero aún suenan mejor cuando se cumplen».
Salvador González, destacó que esta ley, «es una de las más importantes para nuestra profesión en los casi 50 años de democracia en España» y señaló que si ha salido adelante ha sido gracias al empeño de la Abogacía. Y, aquí, ha tenido un recuerdo especial para Carlos Carnicer y Victoria Ortega, sus antecesores en el cargo, quienes siempre creyeron en ella.
Igualmente, ha señalado que la normativa fortalece el Estado de Derecho en tres ejes clave: completa las garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva, refuerza las salvaguardas para la defensa legal e impulsa leyes centradas en las personas y su servicio a la sociedad.
En todo caso, y como sucede con cualquier ley, su desarrollo obliga a un ejercicio de responsabilidad colectiva, a una exigencia que nos implica a quienes estamos y hacemos posible cada día el servicio público de la justicia.
Una ley para la Abogacía y para toda la ciudadanía
“No se trata de una ley para la abogacía o solo para la abogacía. Lo es además y, sobre todo, para la ciudadanía”, afirmó González, quien la definió como una ley eminentemente social.
Según sus palabras, “no hay nada más social que asegurar a las personas un entorno de certidumbre legal en el que ejercer sus derechos básicos, como el acceso a la defensa jurídica y a la tutela judicial efectiva”.
El presidente también enfatizó que España es el único país de Europa cuya abogacía cuenta con una ley de estas características. Además, animó a centrar esfuerzos en un reto crucial: garantizar su aplicación efectiva, el cumplimiento de sus disposiciones y que verdaderamente cumpla los objetivos que motivaron su creación.
“Y eso estamos haciendo ya en el Consejo, trabajando a fondo dos ámbitos de especial trascendencia para el trabajo cotidiano de nuestros compañeros y compañeras: los criterios orientativos de honorarios para la tasación de costas y el amparo colegial”, añadió.
Por su parte, Laura Barrios, subdirectora general del Grupo Tirant lo Blanch, destacó la pertinencia de la obra, que calificó como “de obligada consulta para todos los abogados del país”, ya que incluye comentarios detallados sobre los artículos, entre ellos, la garantía de confidencialidad, reconocida en el artículo 16, que describió como “uno de los logros más relevantes de esta nueva ley”.
