El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado este martes por unanimidad anular la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta decisión un día antes de que declare como investigado ante el juez Ángel Hurtado por la presunta filtración denunciada por Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso que presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar, en diciembre de 2023, a García Ortiz como jefe del Ministerio Público.
Las fuentes consultadas inciden en que, indistintamente del fallo que se adoptara este martes, la causa contra García Ortiz por presunta revelación de secretos continuará en manos del Supremo. Ello, según explican, porque además de ser fiscal general es fiscal de Sala, cargo que también está aforado ante el alto tribunal.
El recurso contra el nombramiento
La APIF defendía que García Ortiz no era «idóneo» para desempeñar «la jefatura de todos los fiscales de España» por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo.
Además, la asociación hacía hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) exige que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio, un requisito que «si bien podría haber concurrido» en García Ortiz, «decae desde el momento que ha sido condenado por el Supremo» por «desviación de poder».
Subrayaba a su vez que en noviembre de 2023 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dictó un acuerdo en el que concluía que no era idóneo para el cargo. La opinión del órgano era obligatoria para el trámite de nombramiento, pero no tenía carácter vinculante. Fue la primera vez que el Consejo se opuso a la designación de un fiscal general.
La defensa de Álvaro García Ortiz
Por el contrario, García Ortiz había pedido al tribunal que desestimase el recurso al considerar que la asociación solo intentaba «socavar» al Gobierno y conseguir «publicidad». En su escrito de conclusiones, presentado el pasado noviembre, la defensa del fiscal general acusaba a la APIF de basar su impugnación «única y exclusivamente en consideraciones de índole estrictamente subjetiva».
Su abogado sostenía que «lo que se pretende al interponer el recurso» es «que se inicie el proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses en cuestión y que la asociación demandante obtenga ‘publicidad’ por medio de este procedimiento, que, según parece, no tiene por otros cauces, y ‘socavar’ al Gobierno (de turno) que efectúa el nombramiento, eso sí, de modo ‘indirecto».
Al margen, el pasado mayo, el fiscal general pidió apartar a cuatro de los magistrados del Supremo que este martes han estudiado el recurso de la APIF. Alegó que eran los mismos que ya dijeron que había actuado con «desviación de poder» al proponer a Delgado como fiscal de sala.
El magistrado del Supremo a cargo de resolver dicha petición, Eduardo Calvo, acordó desestimarla al entender que García Ortiz la había presentado fuera del plazo contemplado por la ley.
«Sin necesidad de examinar la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación que se propone, baste señalar que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 223.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, (…) la formulación de la recusación es extemporánea», concluyó.
