Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo que ordene a las compañías telefónicas conservar «todos los datos» de comunicaciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desde el 1 de marzo de 2024, así como los del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y de otros tres excargos de Moncloa señalados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Así consta en un escrito dirigido al magistrado que investiga a García Ortiz y otros dos fiscales por un presunto delito de revelación de secretos enmarcado en una supuesta filtración a la prensa de información relativa al novio de Díaz Ayuso.
González Amador, que ejerce la acusación particular en la causa, recuerda que «en apenas tres semanas se cumplirán los 12 meses del inicio del periodo» en el que se habrían cometido los hechos que se investigan, es decir, del 8 al 14 de marzo de 2024, lo que conllevaría «la eliminación de los datos automáticos conservados por los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas».
Por ello, y «dada la relevancia de esos datos», pide al instructor Ángel Hurtado que ordene a las compañías telefónicas conservar «todos los datos» de comunicaciones, no solo del fiscal general, sino también de los otros dos investigados: el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Solicita la misma diligencia para otras dos personas que han declarado como testigos en la causa: el exlíder de los socialistas de Madrid Juan Lobato y la jefa de prensa de la Fiscalía General.
Todas las comunicaciones que González Amador quiere conservar
Y reclama, además, conservar las comunicaciones de Pilar Sánchez Acera, la entonces asesora de Moncloa que envió a Lobato el ‘email’ filtrado relativo a González Amador; y de los ex secretarios de Estado de Comunicación Francesc Vallés e Ion Antolín –actual director de comunicación del PSOE–. Según la Guardia Civil todos ellos habrían tenido acceso al correo antes de que se publicara en la prensa.
Asimismo, pide al magistrado que ordene a la UCO determinar si el archivo que envía Sánchez Acera a Lobato «contiene metadatos que permitan saber el origen y tráfico».
González Amador indica que era «evidente» y «comentado con transparencia entre los interlocutores el sentido político pretendido con la revelación y el uso» del ‘email’ filtrado y la «búsqueda activa de su distribución masiva».
Cabe recordar que el magistrado señaló, en una resolución del 14 de enero, que el correo electrónico filtrado tuvo «salida» de la Fiscalía y «destino» en «Presidencia del Gobierno», desde donde dice que se hicieron «gestiones» para que acabara publicado en la prensa.
El magistrado citó a Lobato después de que ‘ABC’ informara la noche del 24 de noviembre de que «Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso» y trató de implicar al socialista madrileño. El diario reveló asimismo que éste había acudido al notario para protocolizar su conversación de WhatsApp con Sánchez Acera, entonces jefa de Gabinete de Óscar López, que a su vez era jefe de Gabinete de Pedro Sánchez.
Ese «documento secreto» era el ‘email’ con la carta donde la defensa de González Amador trasladó al fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, que era «voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos». «Claramente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública», decía la misiva.
Lobato declaró, durante hora y media, confirmando lo manifestado públicamente, esto es, que acudió al notario para dejar constancia de dichos mensajes a fin de evitar futuras responsabilidades.
Análisis del teléfono de Villafañe
En el marco del escrito, el novio de Díaz Ayuso también pide al magistrado que pregunte a la Unidad de Informática de la Fiscalía General y a la oficina de móviles dependiente de Justicia y Hacienda cuántas veces –desde marzo de 2024– han cambiado de teléfono Villafañe y la jefa de prensa de Fiscalía General. Solicita, a su vez, que reclame los dispositivos que hayan podido entregar desde entonces por ambas personas y que se informe de si han sido formateados.
Además, plantea que se solicite a Villafañe que aporte de forma voluntaria su teléfono móvil para que la UCO elabore un informe pericial sobre sus comunicaciones del 13 y 14 de marzo.
Asimismo, reclama al instructor que pida a la UCO que determine si el archivo de word de la nota de prensa de la Fiscalía que reenvía García Ortiz a Rodríguez «contiene metadatos que permitan saber el origen y tráfico» de dicho archivo.
Por último, pide al magistrado que haga llegar a las sedes en España de Google y Meta la comisión rogatoria que envió a ambas compañías a sus oficinas matrices. Sobre este extremo, cabe recordar que el instructor pidió ayuda a ambas compañías para recuperar los chats de Whatsapp y los correos electrónicos del fiscal general después de que la UCO hallara «cero mensajes» en sus dispositivos. García Ortiz explicó que había borrado el contenido por razones de seguridad.
