Jesús Sánchez Sánchez, presidente de Jurislex, reveló que está articulando una demanda colectiva en vía administrativa y contencioso-administrativa contra la Administración y que están en contacto con expertos internacionales para este fin. Foto: Pau Llorca/Confilegal.
Jesús Sánchez Sánchez, Jurislex: «¿Cómo pudo equivocarse la AEMET con la DANA teniendo 1.200 funcionarios y 133 millones € de presupuesto?»
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28/2/2025 05:35
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Actualizado: 01/3/2025 14:26
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El presidente de la asociación Jurislex, Jesús Sánchez Sánchez, criticó ayer duramente a la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, el organismo público de España encargado de la predicción meteorológica, la vigilancia del clima y la provisión de información meteorológica y climatológica, por haber fallado estrepitosamente en la predicción de la DANA que Valencia el pasado 29 de octubre.
«¿Cómo es posible que la AEMET, con 1.200 funcionarios y un presupuesto anual de 133 millones de euros, no pudiera saber que se descargarían 780 litros por metro cuadrado? Predijo que serían 180 litros por metro cuadrado. Se equivocaron estrepitosamente. ¿Para qué les pagamos si no supieron advertirnos del peligro que se cernía sobre nuestra región», afirmó el presidente de esta ONG.
Jurislex, reveló Sánchez Sánchez, está articulando una demanda colectiva en vía administrativa y contencioso-administrativa contra la Administración en representación de los afectados por la DANA. Fue durante su intervención en la mesa redonda titulada «Retos y Soluciones para la Indemnización Total a Propósito de la DANA de Valencia», en la que también participaron el exmagistrado y catedrático de derecho civil, Javier Orduña, y el socio director de la firma Blanco Abogados y Asociados, Fernando Blanco, que formó parte de la jornada Foro de Expertos Confilegal.
«Estamos en contacto con expertos internacionales para preparar informes detallados que ayuden a fortalecer nuestras demandas, entendiendo que la lucha será ardua pero necesaria para establecer un precedente de responsabilidad y prevención», subrayó.
Con más de dos décadas dedicadas a promover acciones colectivas en Derecho Administrativo, Sánchez aportó una perspectiva aguda sobre las deficiencias en la respuesta gubernamental ante emergencias mayores.
Además, añadió un punto crítico sobre la responsabilidad legislativa y urbanística, argumentando que las leyes y regulaciones urbanísticas deben exigir estudios que aseguren que las zonas no son inundables antes de permitir desarrollos. «No es cuestión del Estado legislador sino de quienes han aprobado los documentos urbanísticos que no han exigido lo que la ley establece», explicó Sánchez, quien destacó la necesidad de abordar estas omisiones para prevenir futuras catástrofes.
Centrándose en la responsabilidad administrativa, Sánchez describió sus componentes esenciales: ilegalidad, nexos, soportado y no estar obligado a soportarlo, y subrayó que la ilegalidad es el aspecto más grave observado.
Sánchez habló también sobre el desafío de tramitar las reclamaciones masivas en los tribunales. «¿Cómo se van a tramitar 240,000 reclamaciones? Esto en los juzgados es prácticamente imposible», señaló, sugiriendo que la única forma de manejar esta situación es a través de identificar y procesar la responsabilidad objetiva en casos selectos que puedan ser aplicables a otros similares», precisó.
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