España registró 95.650 demandas de disolución matrimonial en 2024, un 3,6% más que en 2023, según el CGPJ

17 / 03 / 2025 10:54

Actualizado el 17 / 03 / 2025 10:55

Las 95.650 demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2024 han experimentado en su conjunto un aumento del 3,6% respecto a las registradas en 2023, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados este lunes.

Este incremento interanual devuelve estos procedimientos a cifras muy similares a las registradas en 2022, año en el que el número total de demandas de disolución matrimonial fue de 95.193.

El incremento global se debe al comportamiento de las demandas de divorcio, especialmente las consensuadas, que son las que más han aumentado. Las demandas de separación, tanto consensuadas como no consensuadas, se han mantenido en cifras muy similares a las de 2023.

Según recoge el informe, las demandas de divorcio consensuadas registradas en los órganos judiciales en 2024 (55.146) experimentaron un incremento interanual del 4,4 por ciento, mientras que los divorcios no consensuados (37.080) crecieron un 2,8 por ciento.

Disminuyen las separaciones

Por el contrario, se produjo una disminución en las separaciones matrimoniales registradas en 2024: las no consensuadas (1.006) lo hicieron en un 3,2 por ciento, mientras que el decremento de las consensuadas (2.355) apenas se situó en el 0,6 por ciento. Las nulidades matrimoniales del pasado año fueron 63, un 23,5 por ciento más que en 2023, año en el que sumaron 51.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2024, el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 199.

Las tasas más altas, por encima de la media nacional, se dieron en Canarias, con 236,4 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes; Comunidad Valenciana, con 221,9; Baleares, con 219,9; Murcia, con 212,3; Andalucía, con 211,6; La Rioja, con 206,7; y Castilla–La Mancha, con 204,6.

Por debajo de la media nacional se situaron Galicia, con 195,2; Navarra, con 194,9; Cataluña, con 193,3; Asturias, con 192,2; Cantabria, con 187,9; Aragón, con 184,4; Madrid, con 181,2; Extremadura, con 180,3; Castilla y León, con 169,7; y País Vasco, con 168,1.

Además, en 2024 se presentaron 13.045 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 4,5 por ciento más que en el año anterior. También aumentaron las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que alcanzaron la cifra de 32.423, un 2,8 por ciento más alta que la registrada en 2023.

Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 23.144, cifra que representa un incremento del , situado en el 3,9 por ciento; y las no consensuadas, que sumaron 28.506, aumentaron un 4,5 por ciento respecto a 2023.

Noticias relacionadas:

Bolaños acusa al sector conservador del CGPJ de ralentizar su queja contra el juez Peinado

Dos vocales del CGPJ discrepan del archivo de la queja de Bolaños contra Peinado

El CGPJ rechaza el recurso de Bolaños contra el archivo de su queja por la actuación del juez Peinado

10 vocales del CGPJ formulan voto particular contra la inadmisión del recurso de JJpD por el TSJ de Galicia

La AJFV sale en defensa del Supremo por la «Ley de Nietos» y pide al CGPJ que proteja la independencia judicial

Bolaños, irritado por el archivo del CGPJ a su queja contra el juez Peinado

Lo último en Mundo Judicial

María Teresa Vicente Calvo

Peramato propone a Vicente Calvo, Tirado y Rial para tres puestos clave del Ministerio Fiscal

Bolaños en la UPSJ

El Gobierno aprobará proximamente el Real Decreto que acerca las sustituciones de los LAJ al régimen de jueces y fiscales

Javier Delgado BArrio

In Memoriam | Javier Delgado Barrio, la grandeza de una excelente persona

Delgado Barrio

Fallece Javier Delgado Barrio, expresidente del Supremo y del CGPJ y exmagistrado del Constitucional, tenía 93 años

Apertura wlw

WLW distingue a 20 personalidades de la Justicia, la abogacía y la empresa como Embajadores de la Igualdad