Un abogado de familia puede ganar un juicio y, sin embargo, dejar tras de sí un conflicto que se prolongue durante años. Puede conseguir una sentencia favorable para su cliente y comprobar después que los enfrentamientos entre los progenitores siguen afectando a sus hijos.
En Derecho de Familia, conocer las leyes es imprescindible, pero no siempre es suficiente para resolver los problemas. La capacidad de escuchar, comprender las circunstancias personales, negociar acuerdos y transmitir decisiones difíciles se ha convertido en una parte esencial del trabajo de los especialistas en divorcios.
Delia Rodríguez, CEO de Vestalia Abogados; Elisabet Hernández, socia directora de Hernández Costa; y Natàlia Mañas, abogada de onLygal, coinciden en la importancia de una defensa jurídica especializada que tenga en cuenta las consecuencias personales, económicas y familiares de cada ruptura.
El debate afecta a miles de familias. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, durante 2025 se presentaron en España 84.424 demandas de disolución matrimonial, entre divorcios, separaciones y nulidades. La cifra representa un descenso del 11,7 % respecto al año anterior.
Ganar un juicio no significa resolver el problema
Delia Rodríguez conoce bien esta realidad. Como especialista en Derecho de Familia y directora del Máster en Derecho de Familia, Infancia y Sucesiones de ISDE, considera que el éxito de un abogado no puede medirse exclusivamente por las resoluciones judiciales favorables que consigue.
«Podemos obtener una sentencia plenamente favorable a nuestro cliente y, sin embargo, dejar tras de nosotros una familia rota por años de enfrentamiento», advierte.
Una resolución judicial puede establecer quién utiliza la vivienda, cómo se distribuyen los tiempos de convivencia con los hijos o qué pensiones deben abonarse, pero difícilmente puede reparar las relaciones personales deterioradas durante el procedimiento. Por eso, Rodríguez insiste en que un divorcio no debería convertirse en una competición.
Muchas personas llegan al despacho convencidas de que necesitan demostrar que tienen razón o atribuir a su expareja toda la responsabilidad de la ruptura. El abogado debe escuchar esas emociones, pero también ayudar al cliente a comprender las consecuencias de sus decisiones. «En familia no debería haber vencedores ni vencidos», sostiene.
Cuando el abogado alimenta el conflicto
Elisabet Hernández aborda una cuestión especialmente delicada: la posibilidad de que el propio abogado se convierta en un factor que empeore la situación familiar.
La socia directora de Hernández Costa reconoce que puede suceder, particularmente cuando el profesional carece de una especialización adecuada y plantea incorrectamente la estrategia jurídica.
También identifica comportamientos poco éticos, aunque considera que son minoritarios entre los especialistas, como prolongar deliberadamente los enfrentamientos.
El problema aparece cuando se confunde defender al cliente con respaldar todas sus exigencias, incluso aquellas que tienen escasas posibilidades de prosperar.
Hernández defiende que la obligación profesional consiste en explicar las posibilidades reales y las consecuencias jurídicas de cada decisión, aunque la información resulte desagradable. «Tenemos que ser capaces de darla con la máxima calidez y empatía posibles, pero sin que falte claridad», afirma.
Y establece un límite importante: el abogado no debe imponer sus decisiones al cliente. Cuando aparecen discrepancias profundas sobre la estrategia, considera necesario acompañarlo durante el proceso o incluso renunciar a su defensa si esas diferencias comprometen el trabajo profesional.
El abogado necesita comprender qué pretende conseguir realmente su cliente, distinguir las reacciones emocionales de sus necesidades jurídicas y concederle tiempo para reflexionar.
Rodríguez comparte ese diagnóstico, aunque advierte de que la dimensión psicológica del asesoramiento tiene límites. «Somos abogados, no terapeutas», precisa.
El objetivo no consiste en sustituir a los profesionales de la salud mental, sino en desarrollar las habilidades personales necesarias para comprender mejor a quienes solicitan asesoramiento.
Proteger a los hijos
La intervención del abogado también resulta decisiva para impedir que los primeros días de una separación condicionen negativamente todo el procedimiento.
Natàlia Mañas, abogada de onLygal y especialista en Derecho de Familia, advierte de los riesgos de adoptar decisiones impulsivas.
Vaciar cuentas compartidas, abandonar precipitadamente la vivienda, dejar de atender gastos familiares o modificar unilateralmente la convivencia con los hijos puede complicar las negociaciones posteriores. Por eso, recomienda solicitar asesoramiento antes de actuar.
Cuando existen menores, considera prioritario preservar su estabilidad emocional, escolar y social. También insiste en elaborar acuerdos suficientemente concretos sobre custodia, vivienda, pensiones y reparto de gastos. «Cuanto más concreto sea el acuerdo, menos posibilidad de futuros conflictos», explica.
La negociación, sin embargo, no puede perseguirse a cualquier precio. Mañas recuerda que la mediación resulta útil cuando existe voluntad de diálogo y una situación de equilibrio y seguridad entre las partes.
Una asignatura pendiente en las universidades
Las tres especialistas coinciden en señalar las carencias de la formación universitaria para afrontar estas situaciones.
La CEO de Vestalia considera que durante el Grado en Derecho apenas se adquieren conocimientos generales de una disciplina que exige especialización, actualización jurisprudencial y habilidades de comunicación.
Hernández es todavía más explícita: sostiene que la universidad no proporciona suficientes herramientas para desarrollar las capacidades personales que necesita un abogado de familia.
Aunque reconoce que muchas se adquieren mediante la experiencia profesional, considera indispensable saber escuchar. «Todo abogado que quiera ejercer en esta materia tiene que estar dotado del don de la escucha y de una empatía cercana y amable», afirma.
El desafío formativo consiste, por tanto, en preparar profesionales capaces de combinar conocimientos jurídicos, negociación, comunicación y comprensión de las circunstancias familiares.
Porque una sentencia puede poner fin a un procedimiento de divorcio sin acabar necesariamente con el conflicto. Y parte de la responsabilidad del abogado consiste precisamente en evitar que esa ruptura deje consecuencias que podían haberse prevenido.
