La impugnación de sanciones en la jurisdicción contencioso-administrativa se ha desplomado en los últimos tres años, pasando de representar más del 25 % de los litigios en 2021 a apenas un 7 % en 2024, según la décima edición del «Informe sobre la Justicia Administrativa 2024. Defensa de la Competencia, Derechos Fundamentales, Transparencia y Tributos«, elaborado por el Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid (CIJA UAM).
Este cambio de tendencia supone una disminución de casi el 72 % en el volumen de recursos contra sanciones y marca un punto de inflexión en la litigiosidad administrativa, en contraste con otros procedimientos que han mantenido su peso en los tribunales.
El informe identifica varios factores que han contribuido a esta reducción. En primer lugar, el endurecimiento en la admisión de recursos en los tribunales contencioso-administrativos, especialmente en casación, ha desincentivado a los recurrentes.
Más del 40 % de los recursos de casación en 2023 fueron presentados por la propia Administración, lo que indica una estrategia más activa para defender sus decisiones y un filtro más estricto para los recurrentes privados.
A esto se suma una mayor solidez en los procedimientos sancionadores administrativos, lo que ha reducido los errores procesales y de motivación en las resoluciones sancionadoras.
CONDENA EN COSTAS
Otro elemento clave es el impacto de la condena en costas en primera instancia y apelación. Según los datos del informe, el 65 % de los casos en primera instancia terminan con condena en costas, porcentaje que desciende al 55 % en apelación, pero que sigue representando un riesgo económico significativo para los recurrentes.
En contraste, en casación la condena en costas es prácticamente inexistente, con menos del 1 % de los casos.
Esta diferencia refleja cómo los filtros previos en la casación evitan litigios de escaso recorrido, pero también limitan el acceso a esta vía para impugnar sanciones.
Además, la duración de los procedimientos en primera instancia ha aumentado considerablemente, afectando la decisión de los recurrentes. En 2023, el 30 % de los litigios se resolvieron en un plazo de dos a tres años, mientras que en 2021 la mayoría se resolvía en un plazo inferior a dos años.
En contraste, los tiempos de resolución en casación han mejorado, consolidándose la tendencia a la reducción de plazos en esta instancia. Sin embargo, el mayor problema para los recurrentes es la incertidumbre sobre el tiempo y los costes asociados al proceso, lo que ha llevado a una menor tasa de impugnaciones de sanciones.
LAS IMPUGNACIONES DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS SIGUEN SIENDO ELEVADAS
Pese a la fuerte caída en este tipo de recursos, la litigiosidad en la jurisdicción contencioso-administrativa sigue siendo elevada en otras áreas. Las impugnaciones de liquidaciones tributarias continúan representando un volumen significativo, con estimaciones que superan el 50 % en los casos de IRPF e IVA.
Además, las personas jurídicas siguen liderando la litigiosidad en los tribunales, aunque la diferencia con las personas físicas se ha reducido.
Más del 50 % de los recursos interpuestos por particulares corresponden a cuantías inferiores a 25.000 euros, mientras que en las empresas este porcentaje es del 38 %. Sin embargo, las empresas siguen dominando en los litigios de gran cuantía, con un 66 % de los casos por encima de 450.000 euros.
En suma, la caída de más del 72 % en la impugnación de sanciones entre 2021 y 2024 refleja un cambio estructural en la forma en que ciudadanos y empresas enfrentan las resoluciones sancionadoras.
El incremento de las barreras procesales, el endurecimiento en la imposición de costas y la mayor solidez de las resoluciones sancionadoras han reducido la litigiosidad en este ámbito.
Si bien esto podría interpretarse como un avance en la eficiencia del sistema administrativo, también plantea dudas sobre si se están imponiendo barreras excesivas que dificultan el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
