Es la tercera tanda de nombramientos que encara el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las dos anteriores se cerraron por unanimidad de sus 21 miembros, presidenta Isabel Perelló incluida.
En los de hoy se dirimirán las presidencias de 3 Tribunales Superiores de Justicia (TSJ): Asturias, Madrid y Murcia; de 5 presidencias de Salas de lo Contencioso-Administrativo de TSJ: Andalucía (sedes de Málaga y de Sevilla), Murcia, Galicia y Madrid; de 7 presidencias de Salas de lo Social de TSJ: Canarias (sede Tenerife), Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-León (sede de Valladolid).
También van dos presidencias de Audiencias Provinciales, las de Zamora y Huelva. Y tres vocalías togadas. Una para el Tribunal Militar Central y tres para los tribunales militares territoriales. Uno de teniente coronel auditor y otro de comandante auditor para el Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña y un puesto de juez togado militar territorial de A Coruña.
La presidenta Perelló, ha incluido otra vez en el orden del día del Pleno los nombramientos de las presidencias de las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
Es el segundo intento en poco más de un mes para desbloquear dos designaciones esenciales, que requieren mayoría reforzada y que siguen encalladas por el empate entre los bloques conservador y progresista del Consejo.
La propuesta, formalizada por la Comisión de Calificación, recoge la provisión de ambos cargos. Su relevancia es indiscutible: la Sala de lo Penal investiga a los aforados —incluido el presidente del Gobierno—, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo revisa decisiones del Consejo de Ministros, como los indultos o los estados de alarma.
Ya en el Pleno del pasado 26 de febrero, Perelló intentó sin éxito abordar este asunto junto a las presidencias de las salas de lo Civil y de lo Social. Entonces, el bloqueo se resolvió parcialmente: se aprobó el nombramiento de Ignacio Sancho (conservador) y Concepción Ureste (progresista) al frente de las Salas Primera y Cuarta, respectivamente.
Pero estas dos quedaron fuera del acuerdo.
Para estos dos puestos aún vacantes, las posiciones se mantienen inalterables. El bloque conservador respalda la continuidad de los actuales presidentes interinos: Andrés Martínez Arrieta en lo Penal y Pablo Lucas Murillo de la Cueva en lo Contencioso. El bloque progresista, en cambio, propone a Ana Ferrer y a Pilar Teso para esos mismos cargos. Hombres contra mujeres.
Desde el interior del CGPJ se entiende esta decisión de Perelló como un intento de presión para forzar un acuerdo, que tendría que llegar por una mayoría de 13 votos. Mayoría que ninguno de los dos bloques tiene, hasta ahora.
Es un pulso constante desde ambos lados. ¿A la segunda va la vencida? Es altamente improbable pero los milagros parecen existir, como lo prueba las votaciones por unanimidad en el seno del CGPJ.
