El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comunicado al juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, que le enviará un coche oficial para que le busque y le lleve a La Moncloa para tomarle declaración como testigo el miércoles 16 de abril, a las 10.30 horas. Ello, con motivo de la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en calidad de personal eventual de La Moncloa.
En la misiva, el ministro pide al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le indique «la hora y el lugar de recogida», así como la identidad de las personas que integrarán la comisión judicial.
La carta tiene lugar después de que la semana pasada el juez contestara que no tenía «inconveniente» en desplazarse hasta la sede de la Presidencia, «siempre y cuando» se le facilitase «un vehículo del parque móvil ministerial para realizar el correspondiente traslado», dado que cuando fue a interrogar a Sánchez le retuvieron «un periodo de tiempo sensiblemente superior al necesario para permitirle el acceso».
TESTIFICAL CON «LAS CONDICIONES ADECUADAS»
Asimismo, Bolaños ofrece al instructor la posibilidad de «coordinarse con personal técnico con el fin de que la práctica de esta prueba testifical acordada por el juzgado que se lleve a cabo con las condiciones adecuadas». «A estos efectos, les rogamos que nos envíen un correo electrónico concretando las necesidades requeridas», apunta.
El instructor acordó la citación del ministro después de que Alfredo González, que en julio de 2018 era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno y tramitó la propuesta de nombramiento de Álvarez como asesora de Gómez, le señalara como su entonces superior jerárquico.
El pasado febrero, González explicó en su declaración como testigo que no conoce a Álvarez ni a la gran mayoría de las personas cuyas designaciones tramitó y que no recordaba si vio o no el currículum de la ahora asesora.
En el marco de aquel interrogatorio, el juez le preguntó a quién reportaba en esa época y si llegó a hablar con alguien sobre la propuesta de nombramiento de la ahora asesora de Begoña Gómez. El testigo dijo que no recordaba haber comentado el asunto con ningún superior e insistió en que tramitó «muchos» nombramientos porque «era un periodo de cambio de Gobierno, que es cuando se sustituye todo el personal eventual».
El instructor se mostró sorprendido: «Perdone que insista tanto, pero es que llama poderosamente la atención a quienes tenemos algún tipo de vinculación con la Administración Pública. Esto no es lo habitual, sino con todo lo contrario, se exigen unos procesos bastante rígidos y bastante selectivos para nombrar a alguien que va a percibir cantidades con cargo a los presupuestos generales del Estado. Entonces, insisto, ¿usted hace esta propuesta sin conocer a nadie, con todos estos detalles?»
González contestó que sí era lo habitual al tratarse de «personal eventual». «Esos requisitos que usted me menciona, en el caso concreto de este tipo de personal, no opera», señaló.
Acto seguido, el juez le repreguntó de quién dependía: «¿Quién era entonces la persona que desempeñaba este cargo». El testigo aseguró que era «Félix Bolaños», a quien ubicó como su superior directo, con el que se reunía «todos los días» para despachar «multitud de asuntos» en La Moncloa.
POR «SEGURIDAD» NO DECLARA EN LA SEDE DE SAN BERNARDO
Aunque en un principio el juez planteó interrogar a Bolaños en la sede del Ministerio en la calle San Bernardo de Madrid, finalmente accedió a desplazarse al complejo de La Moncloa a petición del ministro. El titular de Justicia alegó que, por razones de «seguridad», su jefe de escoltas veía pertinente que la testifical se celebrara en las oficinas de la Presidencia del Gobierno.
«La sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de San Bernardo 45 se ubica en pleno centro de la capital madrileña. El acceso se encuentra a pie de calle, a escasos metros de una de las paradas de Metro más concurridas de Madrid, la de Noviciado», argumentaba el jefe de escoltas de Bolaños.
Bolaños también apuntó al juez que tenía «derecho a declarar por escrito» por ser llamado a declarar en su condición de miembro del Ejecutivo, tal y como estable la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
El instructor, sin embargo, desestimó su petición, alegando que no le citaba por su cargo actual como miembro del Gobierno, sino por su puesto anterior, el de secretario general de Presidencia, «no siendo este el que permite la aplicación del precepto».
