La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha avisado de que la nueva ley de eficiencia del servicio público de justicia será «absolutamente inservible» si no se incrementa la plantilla de jueces, por lo que considera «imprescindible» dotar con recursos la reforma para evitar que los cambios normativos que incluye «se queden en meros ajustes formales».
Así se ha pronunciado este miércoles la asociación en un comunicado con motivo del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, que se celebra el 1 de mayo. Para la asociación se trata de una fecha para «reflexionar sobre la importancia de los derechos laborales como fundamento de una sociedad más justa y equitativa».
La Comisión Social de JJpD destaca «la centralidad de la protección de las personas trabajadoras en el desarrollo democrático y en la garantía de la cohesión social» e incide en que el reconocimiento y la defensa de los derechos laborales son «esenciales» para «asegurar condiciones dignas de empleo» e «igualdad de oportunidades».
«La experiencia cotidiana en los tribunales nos recuerda que la conquista de estos derechos es un proceso en constante evolución, que requiere vigilancia, compromiso y adaptación a los nuevos desafíos sociales y económicos», señala.
En este sentido, recuerda que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce los tribunales de instancia, representa una «transformación significativa en la organización judicial» y manifiesta que esta reforma «puede potencialmente mejorar la respuesta de la justicia social, permitiendo una mayor especialización y eficiencia en la protección de los derechos laborales».
«Sin embargo, es imprescindible que esta nueva estructura venga acompañada de una dotación adecuada de recursos y de una sensibilidad real hacia las necesidades de las personas trabajadoras, para evitar que los cambios normativos se queden en meros ajustes formales», agrega JJpD.
RECLAMA MEDIDAS PRESUPUESTARIAS
Por ello, la asociación reivindica que «sin el necesario incremento de la plantilla de juezas/es que alivie la sobrecarga de trabajo y mejore la calidad y tiempos de la respuesta judicial, tales reformas serán absolutamente inservibles».
«Y de la misma manera que el año pasado llamamos la atención sobre el hecho de que de nada sirve aumentar derechos si, el mismo tiempo no se otorgan medios instrumentales para hacerlos valer, de nada igualmente valdrá realizar reformas estructurales que no vayan acompañadas de medidas presupuestarias y económicas dirigidas a resolver el principal problema de la justicia en España: la falta de juezas y jueces», asegura.
Así las cosas, JJpD renueva su compromiso «con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras» y reafirma su voluntad de «contribuir a una justicia social que actúe como verdadero motor de igualdad y protección».
