La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada por la gestión de la Dana del 29 de octubre que dejó 228 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con la instrucción de la causa judicial que está llevando a cabo la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja.
El abogado Eduardo de Urbano, del despacho Kepler-Karst, denuncia en la queja que el derecho de defensa de Pradas está siendo «gravemente afectado» por la forma en la que se está conduciendo la instrucción por parte de la magistrada, según ha informado la firma en un comunicado.
A juicio del letrado, «la instrucción de esta causa, una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país, debe realizarse con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial. Sin embargo, hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento».
Entre los motivos de la queja, la defensa de Pradas cita «existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente»; predeterminación del objeto de la instrucción; denegación «reiterada» de diligencias solicitadas por las partes; «limitación» del derecho de defensa durante las declaraciones y la posible intervención de personas «ajenas» al procedimiento judicial.
Además, se denuncia el uso de «informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales», así como la «excesiva duración» en la práctica de diligencias de prueba.
Eduardo de Urbano apunta que el «respeto a la imparcialidad y a la presunción de inocencia es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial, como resulta de las normas procesales y los principios de ética judicial».
Por ello, solicita al CGPJ que analice los hechos expuestos «y adopte las medidas oportunas para garantizar un proceso justo y conforme a Derecho».
