Eduardo de Urbano Castrillo, de la firma Kepler Karst, es uno de los punteros en la jurisdicción penal. A partir de ayer, representa a Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, investigada por delitos de homicidio imprudente y lesiones. Fotos: Confilegal/EP.
El abogado y exmagistrado, Eduardo de Urbano, asume la defensa de la exconsejera de Justicia e Interior de la Comunidad valenciana imputada
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11/3/2025 05:38
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Actualizado: 11/3/2025 09:08
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La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, ha escogido para su defensa al abogado y exmagistrado, Eduardo de Urbano Castrillo, «Of Counsel» de la conocida firma Kepler Karst, tras conocer que había sido imputada por los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes en el caso que instruye la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, Valencia, Nuria Ruiz Torraba.
«Dada la trascendencia informativa de la causas, quiero trasladar que mis abogados y mi procuradora van a proceder a nuestra personación en el procedimiento a fin de tener conocimiento de lo instruido y de las resoluciones dictadas durante varios meses», dice Pradas en un comunicado.
Asimismo, ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la colaboración con la Justicia, asegurando que está dispuesta a esclarecer las circunstancias en torno a la gestión de la emergencia derivada de la catástrofe natural. Y ha subrayado que, en aquellos días críticos, cumplió con sus funciones institucionales conforme a la normativa vigente.
Pradas fue cesada de su cargo como consejera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana el 20 de noviembre de 2024 tras las críticas recibidas por su gestión durante la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana el 29 octubre de 2024, en el que murieron 225 personas y hubo 3 desaparecidas. En ese cargo era competente del área de emergencias.
Eduardo de Urbano es un reputado abogado penalista que conoce muy bien la Justicia por dentro y la forma de instruir de los jueces españoles. Porque, no en vano, hasta 2021, y desde 2013, fue magistrado de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid. Y desde 1999 a 2013 magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Previamente fue presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas durante siete años (entre 1992 y 1999).
TAMBIÉN IMPUTADO EL EXSECRETARIO AUTONÓMICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Junto a Pradas, también ha sido imputado Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias.
El procedimiento judicial, registrado bajo el expediente 692/2024, tiene su origen en las querellas interpuestas por la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud y el sindicato FETAP-CGT, quienes denunciaron la falta de respuesta adecuada de las autoridades autonómicas ante la catástrofe.
En la investigación se han acumulado diversas diligencias previas que señalan la existencia de indicios claros de responsabilidad penal en la actuación de los exresponsables de emergencias.
La instrucción se centra en determinar por qué no se tomaron medidas preventivas efectivas cuando se conocía con antelación la gravedad del episodio meteorológico.
La magistrada ha dejado fuera de la investigación al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por ser aforado, al director general de Emergencias, una jefa de servicio, el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
So re estas tres personas no considera que existan indicios suficientes de responsabilidad penal en su contra.
La magistrada señala que la Generalitat Valenciana tenía la obligación de garantizar la seguridad de la población conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias.
El auto sostiene que la omisión de las autoridades autonómicas y la falta de actuación adecuada configuraron una imprudencia grave con relevancia penal.
La decisión del juzgado de Catarroja podría tener implicaciones importantes en la configuración de la responsabilidad de los gestores públicos ante desastres naturales, sentando un precedente en la exigencia de diligencia en la protección de la ciudadanía ante fenómenos climáticos extremos.
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