El Consejo de Ministros aprobó el martes la creación de 50 plazas de jueces –ocho resultan de la transformación de plazas existentes- y 42 de fiscales especializados en violencia sobre la mujer en los nuevos Tribunales de Instancia, tal y como informó la ministra Portavoz, Pilar Alegría. De estas 92 plazas para reforzar estas secciones, sólo nueve (cinco jueces y cuatro fiscales) están destinadas a la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid ha denunciado que las cinco nuevas plazas de jueces –cuatro para la Sección de Violencia sobre la Mujer y una para la nueva Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia- en la región publicadas en el BOE este miércoles son insuficientes.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que “se trata de una burla y una tomadura de pelo”. “Han hecho caso omiso a nuestras alegaciones y no han creado plazas ni en Coslada ni en Torrejón de Ardoz para absorber la demanda por las nuevas competencias en estos tribunales de instancia que implica la Ley de Eficiencia en Justicia”.
García Martín recuerda la petición de 127 plazas del TSJM
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es el único competente en convocar nuevas plazas de jueces y no resuelve este problema. Tal y como ha recordado el consejero, “el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitó en su última memoria anual la necesidad de crear 127 plazas judiciales en 2024 sólo en la Comunidad de Madrid”.
Además, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial indicó en su Plan Estratégico para el decenio 2024-2033 que deberían convocarse cada año 350 plazas de juez durante este periodo con el fin de poder cubrir las vacantes por jubilación, fallecimiento y renuncia que se vayan produciendo.
“El ministro Bolaños debe centrarse más en dotar a la Justicia de jueces y fiscales, garantizar su independencia y defender su ingreso en la carrera según los principios de mérito y capacidad que en intentar legislar para convertir la Justicia en una herramienta al servicio del Gobierno central para tapar sus múltiples casos de corrupción”, ha concluido García Martín.
