Joseba Antxón Alonso, administrador único de Servinabar y persona cercana al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha negado este lunes ante el magistrado del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo el pago de mordidas a cambio de obra pública, ha desvinculado al propio Cerdán de la empresa Servinabar y ha reconocido que realizó pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.
En su declaración como investigado, Alonso –que solo ha contestado a preguntas de su abogado— ha defendido que él siempre ha sido socio único de Servinabar y ha quitado validez al contrato privado de compraventa en el que consta que Cerdán adquiriría por 6.000 euros unas 1.350 participaciones –el 45%– de esa empresa, que según la Guardia Civil se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.
Alonso también habría reconocido que Servinabar realizó una donación a Fiadelso, la fundación vinculada al exministro José Luis Ábalos. Sin embargo, ha dejado claro que se realizó por motivos fiscales, para desgravar, y que también hizo otros donativos similares a equipos de fútbol y rugby y a Save The Children.
El empresario investigado también ha sido preguntado sobre si realizó pagos a Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos en el Ministerio. Alonso ha explicado que Koldo actuó para él como comisionista, consiguiendo obras privadas entre 2015 y 2016 para Servinabar. El exasesor no cobraba un sueldo, sino que se embolsaba comisiones por cada cliente que conseguía.
Las declaraciones de Fernando Merino se unen a las de Antxón
Por su parte, el exdirectivo de Acciona Fernando Merino, que también ha comparecido este lunes como imputado ante el TS, contestando a su abogado, al fiscal y al juez, también ha negado en su declaración como investigado haber pagado a cambio de la adjudicación de obra pública.
Según las fuentes, si Acciona iba en UTE con Servinabar, una empresa navarra a la que la UCO describe como demasiado pequeña y sin experiencia en el sector de la construcción, era como «condición necesaria» para lograr adjudicaciones.
Merino, que ha negado ser ‘El Cordobés’ –como aparece reflejado en el informe UCO–, ha indicado que el ‘modus operandi’ era aliarse con empresas locales, si bien, según las citadas fuentes, no ha dado mayores explicaciones.
Interrogado por sus contactos con Koldo y Cerdán, los ha circunscrito al ámbito navarro. Del ex asesor ministerial ha dicho que lo conocía desde el primer proyecto, mientras que del ex dirigente socialista ha contado que acudió a presentarse como agente social con el que había que mantener diálogo abierto.
Tras las declaraciones, se ha celebrado una vistilla para valorar la imposición de medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción, en una petición a la que se han sumado las acusaciones populares, ha pedido prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial para ambos.
