Luis Romero Santos, el abogado que representa como acusación particular a la familia del soldado Carlos León Rico —fallecido junto al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar en diciembre de 2023 durante unas maniobras en la Base Militar de Cerro Muriano, Córdoba– ha calificado como un “auténtico galimatías” la situación administrativa de los mandos procesados por este caso.
«La situación de los oficiales acusados por las muertes de caso Cerro Muriano es un auténtico galimatías», ha declarado a Confilegal.
Según ha denunciado Romero, el Boletín Oficial de Defensa (BOD) publicado este viernes recoge el cese de funciones del capitán Ignacio Zúñiga, con efectos retroactivos desde el 11 de julio.
Sin embargo, el mismo documento confirma que Zúñiga mantiene su destino, lo que choca con una publicación anterior del 11 de abril de 2024 en la que se informaba de su cese tanto en funciones como en destino.
“La contradicción es evidente: en abril se le cesa del destino y ahora se dice que lo mantiene”, señala Romero. “No se entiende qué ha cambiado ni por qué se produce esta rectificación más de un año después”.
Además del capitán, otros tres oficiales procesados en la causa —el teniente Jaime Tato, el comandante Luis Velasco y el teniente coronel José Luis Zanfaño— han sido cesados en distintos momentos. No obstante, solo Tato y Velasco han perdido también su destino, lo que el abogado considera otra muestra de disparidad de trato.
Romero pone en contraste esta “suavidad” administrativa con la sanción inmediata de empleo y sueldo que recibió en enero de 2025 el soldado E.S., destinado en Valencia, por criticar públicamente la gestión del Gobierno durante la DANA.
“¿Cómo es posible que se castigue con más dureza a un soldado por opinar que a oficiales procesados penalmente por la muerte de dos compañeros en unas maniobras?”, cuestiona.
El abogado ha anunciado que solicitará formalmente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, una explicación detallada sobre las aparentes incongruencias en los ceses y sobre lo que considera una “doble vara de medir” por parte del Ministerio.
“Estamos hablando de una causa penal con víctimas fallecidas y una responsabilidad institucional evidente. La ciudadanía merece claridad y coherencia en las actuaciones del Estado”, concluye Romero.
