El 28 de julio pasado el «Solicitors Disciplinary Tribunal» (Tribunal Disciplinario de los Abogados) de Inglaterra y Gales dictó una de las sanciones más severas del derecho que se recuerdan: la expulsión definitiva del registro de abogados –por lo tanto de la profesión– de Natasha Janet Dionne Fairs, tras comprobarse que durante más de tres años falsificó sistemáticamente sus registros de horas facturables en la prestigiosa firma Irwin Mitchell LLP.
Esta firma, fundada en 1912, opera desde 20 oficinas del país y emplea a más de 3.000 profesionales, entre abogados y personal. Figura entre los despachos líderes en los principales rankings legales británicos como Chambers y Legal 500, donde es reconocida por su experiencia en derecho de daños personales, derecho empresarial, derecho privado y litigación.
En 2023, Irwin Mitchell LLP alcanzó una facturación de 271 millones libras esterlinas (313 millones de euros) y está situada en el puesto 21 de los despachos británicos por ingresos globales. Es una de las mayores y más relevantes firmas de abogados del Reino Unido, con una presencia nacional y reputación consolidada tanto en servicios para particulares como para empresas.
¿Qué son las horas facturables?
Para comprender la gravedad del caso, es fundamental entender qué representan las horas facturables en el mundo legal. Se trata de horas de trabajo directo que un abogado dedica a un cliente específico, que se registran meticulosamente en el sistema del bufete y posteriormente se facturan al cliente como parte de los honorarios profesionales.
No todo el tiempo de un abogado es «facturable»: las tareas administrativas, la formación interna, las reuniones de equipo o las actividades de «networking» no se cobran a los clientes, aunque ocupen tiempo considerable del profesional.
Esta distinción es crucial, ya que las horas facturables son la principal métrica de productividad y rentabilidad en los despachos de abogados de todo el Reino Unido.
En algunos despachos españoles, especialmente en los más grandes o con influencia anglosajona, se trabaja con este sistema, aunque lo más común en la profesión en nuestro país es que se trabaje con tarifas fijas o presupuestos cerrados.
Un fraude de precisión quirúrgica
Fairs, que había sido promovida a asociada senior en mayo de 2022 tras una carrera de 20 años en la firma, desarrolló un sistema de falsificación tan sofisticado como audaz.
Entre febrero de 2020 y abril de 2023, manipuló sus registros de tiempo con una estrategia deliberadamente calculada.
La abogada seleccionaba cuidadosamente casos ya cerrados o con costas previamente acordadas, donde sabía que sus horas infladas serían «canceladas» automáticamente sin afectar económicamente a los clientes.
Esta táctica le permitía aumentar artificialmente sus métricas de productividad sin generar sobrecostes directos.
Los registros revelaron jornadas físicamente imposibles: 22,9 horas de trabajo en un solo día, cuando una jornada laboral normal en la firma rondaba las 6,3 horas facturables. En otra ocasión, registró 14,5 horas de trabajo en diversos casos el mismo día que había informado estar de baja por enfermedad.
Uno de los aspectos más ingeniosos del fraude consistía en registrar tiempo en el sistema central en horas, pero anotar la misma cifra en unidades (cada unidad equivale a 6 minutos) en los expedientes individuales.
Por ejemplo, registraba 5 horas en el sistema pero anotaba «5 unidades» (30 minutos) en el archivo del cliente, creando la apariencia de un error inocente que podía justificar si era cuestionada.
La carrera de más de 20 años de Natasha Fairs en una de las firmas más respetadas de Reino Unido terminó con una lección brutal: en la abogacía, como en pocas profesiones, la confianza una vez rota es irreparable, y el tiempo perdido no se puede recuperar, sin importar cuántas horas ficticias se registren.
El descubrimiento
La red de mentiras se desmoronó en abril de 2023 cuando dos colegas alertaron al socio supervisor Richard Geraghty sobre las anomalías en los registros de Fairs.
La investigación posterior reveló un patrón inquietante: los picos de falsificación coincidían sistemáticamente con los cierres de ejercicio fiscal (febrero-abril) y las evaluaciones de rendimiento a mitad de año (septiembre-noviembre).
Confrontada con la evidencia, Fairs admitió completamente los hechos y se disculpó, atribuyendo su conducta a presiones personales extraordinarias: la enfermedad terminal y muerte de su madre, la crianza de hijos pequeños durante la pandemia, y la carga de trabajo asfixiante. Sin embargo, reconoció que nunca había comunicado estas dificultades a la firma ni solicitado ajustes en sus objetivos.
Daños colaterales
Aunque ningún cliente sufrió perjuicio económico directo, el fraude causó múltiples daños.
A los colegas, porque al inflar artificialmente sus horas, Fairs recibía una mayor proporción de los honorarios en casos compartidos, reduciendo los ingresos de otros abogados que habían trabajado legítimamente en los mismos asuntos.
A la firma, porque los registros falsos distorsionaron las métricas internas de trabajo en progreso, proyecciones de ingresos y decisiones de personal. Además, influyeron en su promoción a asociada senior y en el cálculo de sus bonificaciones anuales.
Y al sistema, porque la falsificación sistemática durante más de tres años erosionó la confianza en los mecanismos de control interno y afectó la integridad de los procesos de evaluación.
Una decisión inexorable
El Tribunal Disciplinario de los Abogados (de los «solicitors» –no de los «barristers», los abogados que actúan ante los tribunales—) es el órgano independiente encargado de juzgar y sancionar las infracciones deontológicas y disciplinarias cometidas por los abogados conocidos como “solicitors” en Inglaterra y Gales.
Actúa tras recibir denuncias principalmente de la «Solicitors Regulation Authority» (SRA), que es el organismo regulador de la profesión. Juzga casos de mala conducta profesional, violaciones éticas y comportamientos deshonestos, y sus resoluciones pueden incluir desde multas financieras hasta la expulsión definitiva del abogado del “Roll of Solicitors”.
Este ha sido, precisamente, el caso en el que ha aplicado la doctrina jurisprudencial establecida en casos como SRA contra Sharma y SRA contra James.
Cuando se comprueba deshonestidad en un abogado, salvo circunstancias excepcionales, la única sanción apropiada es la expulsión definitiva de la profesión.
El Tribunal Disciplinario consideró que la conducta de Fairs fue «deliberada, calculada y sostenida durante un período significativo», sin encontrar circunstancias excepcionales que justificaran una sanción menor.
La sentencia incluyó su exclusión permanente del registro de abogados, lo que supone su expulsión de la profesión de abogado y la prohibición de seguir actuando como tal, y el pago de 5.200 libras esterlinas (6.002 euros) en costas a la Autoridad Regulatoria de los «Solicitors».
Reflexiones sobre un sistema en tensión
El caso Fairs plantea interrogantes profundos sobre la cultura de las grandes firmas legales donde la presión por cumplir objetivos de facturación puede crear incentivos perversos.
La propia defensa de Fairs reveló un entorno donde «los compañeros que registraban significativamente por encima del 100% eran regularmente elogiados» y donde «había una clara expectativa de que los objetivos se cumplieran».
Aunque sus circunstancias personales eran genuinamente difíciles, el Tribunal Disciplinario subrayó que la integridad profesional no puede subordinarse a las presiones externas, por comprensibles que sean.
La carrera de más de 20 años de Natasha Fairs en una de las firmas más respetadas de Reino Unido terminó con una lección brutal: en la abogacía, como en pocas profesiones, la confianza una vez rota es irreparable, y el tiempo perdido no se puede recuperar, sin importar cuántas horas ficticias se registren.
