“Si se analiza el porcentaje que suponen sentencias absolutorias, las dictadas por los juzgados de lo penal en procedimientos abreviados y juicios rápidos constituyeron el 19,4 % del total (en 2023 fueron el 20,6 %). Las dictadas por las Audiencias Provinciales supusieron, por su parte, el 15,2 % (cifra ligeramente inferior al 15,9 % de 2023)”, ha afirmado hoy el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el discurso en el que ha explicado los datos de su institución de 2024. De hace 9 meses atrás.
Esto se traduce en que, en el caso de los Juzgados de los Penal, donde se juzgan delitos hasta cinco años de prisión, cuatro de cada cinco sentencias son condenatorias.
Y en las Audiencias Provinciales, donde se enjuician delitos desde 5 años en adelante, el porcentaje es aún mayor.
El fiscal general del Estado, procesado por un supuesto delito de vulneración de secretos –es la primera en la historia que tiene lugar esta circunstancia–, ha reivindicado su presencia en dicho acto, que ha presidido el Jefe del Estado, Felipe VI, y que ha presentado un lleno en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.
“Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse y solo haré una mención al respecto en este discurso: Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad y también en la verdad”, ha declarado al principio de su discurso.
MÁXIMO RESPETO PARA LA FISCALÍA
A continuación, ha hecho “un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales”, en una referencia clara, pero sin especificar, a cómo está afectando su caso a la credibilidad de los 2.500 hombres y mujeres que conforman la Fiscalía española.
En su discurso, García Ortiz ha llamado la atención sobre el alto porcentaje de juicios penales que se suspenden en los tribunales españoles de la jurisdicción penal, por razones diversas.
“Ha de reiterarse el efecto negativo del elevado índice de suspensiones en la medida en que genera una elevada y justificada insatisfacción a la ciudadanía, perturba la organización de las fiscalía, de los órganos judiciales y de todos quienes colaboran con la Administración de Justicia”, ha relatado hoy.
En los juzgados de los penal “se suspendieron el 36,8 % (frente al 42,6 % de 2023)”. Los juzgados de lo penal son tribunales de un solo juez que enjuician delitos condenados hasta los 5 años.
“En las Audiencias Provinciales el porcentaje de suspensiones fue del 32,6 %, respecto al 36,3 % de 2023”, ha añadido.
Lo que quiere decir que 1 de cada 3 juicios penales se suspenden
García Ortiz también ha llamado la atención sobre el número de casos que se solventaron mediante la conformidad, el acuerdo entre la fiscalía y los encausados. De acuerdo con la Memoria de la Fiscalía, que recoge datos sucedidos del año pasado, nueve meses atrás, los juzgados de lo penal dictaron 152.298 sentencias por esta vía. “Un 15,6 % mayor que la de 2023. Las Audiencias Provinciales dictaron un total de 11.641 sentencias en 2024, lo que conlleva un incremento anual del 14,7 %”, ha subrayado.
Reformas controvertidas y el futuro de la investigación penal
García Ortiz dedicó parte de su discurso a defender las reformas en ciernes, especialmente la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que trasladaría la dirección de las investigaciones penales de los jueces de instrucción a los fiscales.
«Para quienes buscan excusas o se resisten al cambio nunca habrá un momento adecuado», señaló, aludiendo a la oposición generada por estas reformas. Reconoció que el cambio «precisará de una metamorfosis de la Fiscalía española» y que podría ser necesario «restringir el poder del fiscal general del Estado, si se considera pertinente».
Corrupción y delincuencia organizada: dos caras de la misma moneda
El fiscal general destacó la creación de dos nuevas unidades especializadas: la Unidad de Delitos Económicos y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Su objetivo: combatir la «estrecha relación» entre corrupción y delincuencia organizada, fenómenos que «se retroalimentan mutuamente».
«La corrupción facilita que grupos criminales se infiltren y actúen en diversos sectores», explicó García Ortiz, quien subrayó que «la delincuencia organizada utiliza la corrupción para alcanzar sus objetivos y mantener su impunidad».
El desafío migratorio y la protección de menores
El incremento de llegadas de migrantes por vía marítima, especialmente a Canarias, centró otra parte del discurso. García Ortiz puso especial énfasis en la situación de los menores no acompañados, «estigmatizados y señalados públicamente por algunos sectores sociales y también políticos».
«La respuesta que como sociedad seamos capaces de dar en el presente a niños, niñas y mayores migrantes será el juicio que de todos nosotros hará el futuro», concluyó, recordando que «la dignidad del ser humano y el superior interés del menor son valores constitucionales que nos definen como sociedad democrática».
La Unidad de Trata y Extranjería no solo persigue el tráfico ilícito, sino que vela por la garantía de derechos de los migrantes en centros de acogida, internamiento y salas de inadmitidos de aeropuertos.
