Hay rituales que nacen con fecha de caducidad y otros que la adquieren con el paso del tiempo. La apertura del año judicial español pertenece, sin duda, a la segunda categoría. Lo que un día pudo tener sentido institucional se ha convertido en una representación absurda de nuestra incapacidad para adaptar las formas a los tiempos.
Cada septiembre, puntual como un reloj suizo pero anacrónico como un gramófono, el Tribunal Supremo despliega su boato para escenificar un ejercicio de irrelevancia estadística. Isabel Perelló, presidenta del CGPJ y del Supremo, y Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, suben al estrado para desgranar las cifras de 2024… en pleno septiembre de 2025.
Nueve meses después. Nueve meses en los que España ha cambiado, la justicia se ha reformado y los datos presentados han perdido cualquier conexión con la realidad.
El artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo ordena con la claridad de quien no previó que viviríamos en la era de la información instantánea.
«Al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne», reza el texto, «donde el Presidente del CGPJ presentará la Memoria anual sobre el estado y funcionamiento de Juzgados y Tribunales, y el Fiscal General leerá la Memoria sobre su actividad y la evolución de la criminalidad».
Todo muy reglamentado, todo muy protocolario.
Y todo absolutamente desconectado del mundo real.
El museo de las estadísticas muertas
Imaginen por un momento que el Banco de España presentara en septiembre los datos de inflación de 2024, o que el INE nos hablara en otoño del desempleo de enero. La reacción sería de perplejidad absoluta.
Pero en la justicia, esa operación de arqueología estadística no solo se acepta, se venera.
García Ortiz dedicó el año pasado 45 minutos a desgranarnos cifras que ya habían pasado por el filtro mortal del tiempo. Porcentajes de criminalidad que no reflejaban las últimas tendencias, balances de eficiencia que no contemplaban las reformas más recientes, diagnósticos que llegaban cuando el paciente ya había cambiado de síntomas. Un ejercicio de oratoria judicial cuyo valor informativo era equivalente al de leer el periódico del año anterior.
Mientras tanto, ahí fuera, la reciente Ley 1/2025 de eficiencia de la justicia, en vigor desde enero, está transformando de arriba abajo el funcionamiento de juzgados y tribunales.
Los datos de 2024, expuestos con pompa y circunstancia, no eran el termómetro del presente sino la autopsia del pasado.
La paradoja del prestigio erosionado
Lo más delirante de este teatro institucional es que se presenta como el gran momento de rendición de cuentas del año judicial. El acto más solemne, el que marca el rumbo, el que debe inspirar confianza en el ciudadano.
Pero, ¿qué confianza puede generar un sistema que presume de modernización mientras mantiene una cronología de era industrial?
La justicia española ha hecho esfuerzos notables por digitalizarse, por acercarse al ciudadano, por ganar en eficiencia. Pero su gran escaparate anual sigue funcionando como si viviéramos en 1985, cuando nueve meses de desfase podían considerarse un mal menor.
Hoy, en un país donde la política se mueve en semanas y la sociedad en días, esa demora no es un detalle técnico: es una declaración de principios sobre nuestra relación con la contemporaneidad.
La liturgia como coartada
No se trata de cuestionar la solemnidad del acto ni su carga simbólica. Los rituales institucionales tienen su función y su belleza. Pero cuando el contenido contradice la forma, cuando la pompa sirve para disimular la irrelevancia, la ceremonia se convierte en parodia.
Presentar las memorias judiciales en marzo o abril sería lo lógico, lo útil y lo honesto. Mantenerlas en septiembre es insistir en que el protocolo vale más que la información, que la tradición pesa más que la relevancia.
Es convertir la apertura del año judicial en un espectáculo de datos muertos donde la solemnidad funciona como anestesia contra el sentido común.
El precio del desfase
Porque aquí hay algo más que una mera cuestión de fechas. Hay una concepción de lo público que antepone la forma al fondo, el ritual a la utilidad. Una mentalidad que acepta como inevitable lo que es simplemente absurdo.
La justicia no solo debe ser justa, también debe parecerlo. Y cuando su gran momento institucional del año se convierte en una exhibición de obsolescencia programada, lo que parece es lenta, desfasada y desconectada de la realidad que debe servir.
La pregunta es simple: ¿hasta cuándo estaremos dispuestos a aplaudir un espectáculo de datos muertos? Porque mientras sigamos haciéndolo, la credibilidad del sistema se erosiona un poco más cada septiembre. Y eso no es tradición. Es negligencia institucional disfrazada de protocolo.
