El presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Álvaro Martín, ha precisado este martes que la cuestión prejudicial elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la Sección Primera no tiene nombres propios.
No se dirige a Manuel Chaves, José Antonio Griñán –expresidentes de la Junta de Andalucía– u otros condenados en el caso de los ERE, sino a «los hechos» y «situaciones» que puedan repetirse en el futuro.
Martín, que asumió la presidencia de la Audiencia la pasada semana, ha subrayado en declaraciones a Canal Sur Radio que la iniciativa de la Sección Primera no es un recurso “ad hominem”.
Lo que se ha trasladado a Luxemburgo, sede del TJUE, es una duda jurídica: si el Tribunal Constitucional, al anular las condenas a varios ex altos cargos andaluces por prevaricación y malversación, se ha excedido en su interpretación.
La Sección Primera ya había recabado la opinión de las partes sobre tres cuestiones esenciales: Primera, si el Constitucional se extralimitó en su doctrina; segunda, si esa doctrina incumple los estándares internacionales contra la corrupción; y tercera, si cabe, en consecuencia, no aplicar sus sentencias anulatorias.
Con ello, la Audiencia busca blindarse frente a un “riesgo sistémico de impunidad” y proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
“No hablamos de personas, sino de hechos y situaciones”, insistió el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla. Y añadió: “Debemos esperar a la resolución del TJUE y actuar en consecuencia”.
Macrocausas: organización y recursos
El magistrado Martín también se refirió a la gestión de macroprocesos como el caso ERE. Reconoció la complejidad de estos procedimientos, con decenas de investigados, y la necesidad de optimizar la única sala de grandes dimensiones disponible en la Audiencia.
Su propuesta pasa por un calendario coordinado entre secciones y un sistema de refuerzos para aliviar la carga de los magistrados. “Sería conveniente que el juez que asuma una macrocausa reciba apoyo para liberar parte de su jurisdicción ordinaria”, explicó. Con ello, se busca evitar bloqueos y garantizar un enjuiciamiento ágil y ordenado.
