Antes de que la Memoria de la Fiscalía encendiera las alarmas sobre el deficiente funcionamiento de las pulseras telemáticas para agresores de violencia de género, los jueces ya habían dictado su veredicto: suspenso.
Así lo revela una encuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos resultados muestran que estos dispositivos obtienen la peor nota de todos los recursos disponibles: 2,2 sobre 5.
El sondeo —realizado entre el 3 de febrero y el 26 de marzo pasados, antes de que se desatara la polémica— se dirigió a 477 jueces de Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (121), Juzgados mixtos (314) y Juzgados de lo Penal (42).
La conclusión es clara: los dispositivos telemáticos, desde noviembre de 2023 bajo la gestión del Ministerio de Igualdad que ahora dirige Ana Redondo, son considerados el mecanismo menos eficaz para proteger a las víctimas.
Entre las incidencias reportadas se incluyen la manipulación de las pulseras sin detección, fallos en la geolocalización de las víctimas y agresores, pérdidas de señal o cobertura, y problemas de batería.
LOS JUECES DE ANDALUCÍA Y COMUNIDAD VALENCIANA SON ESPECIALMENTE DUROS
La valoración es especialmente baja en Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde los jueces otorgan apenas un 1,7 de media, seguidos por el País Vasco (2) y Castilla y León, Cataluña y Madrid. Los jueces de Navarra fueron los que mejor valoraron las pulseras (2,9), seguidos por Aragón (2,7) y Canarias y Baleares (2,6).
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género preguntó no sólo por la utilidad de las pulseras, sino también por su instalación y respuesta ante incidencias. Los datos son elocuentes: el 40 % tarda entre tres y cinco horas en colocarse y el 30 % supera las cinco horas,
En consecuencia, el 70 % de los jueces considera insatisfactoria la gestión de incidencias.
Frente a ello, otros recursos obtienen calificaciones muy superiores: las Oficinas de Víctimas alcanzan un 3,8, y los informes de las Unidades de Valoración Forense, pese a sus retrasos, llegan al 2,9 y los medios personales 2,6
La crítica judicial coincide con lo señalado por la Fiscalía en su última Memoria: la migración de datos entre empresas adjudicatarias –de Movistar a Vodafone– en 2024 provocó una “potencial desprotección de las víctimas” y numerosos procesos acabaron en “sobreseimientos provisionales o absoluciones”.
En Granada, la Comisión Provincial contra la Violencia de Género ya advirtió en febrero que “debido a las disfunciones en el dispositivo Cometa y a la deficiente gestión de las incidencias, existen víctimas que se sienten desprotegidas”. Algunas, incluso, devolvieron el brazalete en sede judicial.
En resumen: cuando estalló el escándalo, los jueces ya habían hablado. Y su mensaje era inequívoco: las pulseras telemáticas no cumplían su función.
