Desde hace diecinueve años Sevilla viene celebrando las Jornadas de Encuentros Jurídicos y Psiquiátricos, un foro que viene reuniendo en Sevilla a psiquiatras y juristas de primer nivel para debatir las problemáticas más candentes durante dos días. Este año toca el 3 y el 4 de octubre próximos.
Organizadas por la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) y por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, este año han decidido internarse sobre una temática de lo más candente: «Las drogas y ¿su legalización?. Aspectos jurídicos y psiquiátricos«.
El año pasado fue «La Ley Trans en España: Psiquiatría y Ley», el anterior «Medidas coercitivas e impositivas en Psiquiatría» y el precedente «Perspectiva jurídico-psiquiátrica de la polarización social». Como se puede ver, estas Jornadas van dos pasos por delante de lo que la sociedad va a tener que encarar.
Su codirector es Julio Antonio Guija, psiquiatra, jefe del Servicio de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla. En esta entrevista explica las razones por las que se ha decidido abordar un terreno sobre el que la unanimidad no existe en nuestra sociedad.
El objetivo de las XIX Jornadas de Encuentros Jurídicos y Psiquiátricos, explica el doctor Guija, es aportar a la sociedad materia para un debate que considera maduro y que, al final, quedará plasmado en un volumen, a modo de libro, que contendrá las opiniones de todos los intervinientes.
¿Por qué la FEPSM ha decidido centrar los Encuentros Jurídicos y Psiquiátricos en el debate sobre la legalización de las drogas ahora?
La elección de este tema no es casual ni coyuntural: responde a una convergencia de factores sociales, jurídicos y clínicos que hacen que el debate sobre la legalización de las drogas sea especialmente pertinente hoy.
La idea no es tanto posicionarse a favor o en contra, sino llevar a cabo un análisis riguroso, interdisciplinar que pueda orientar a legisladores, jueces y clínicos en un debate que ya está presente en la sociedad española.
«El verdadero reto es trasladar la discusión desde el terreno ideológico al terreno técnico de la salud pública y la regulación, dando los pasos que el debate serio y sosegado recomiende. No se trata de posicionarse en sí o no a la legalización, sino de estudiar diferentes opciones».
Desde su experiencia, ¿cree que la sociedad española está preparada para abordar seriamente este debate?
En España —como en diferentes países europeos— el debate sobre la legalización de las drogas ha ido ganando matices en los últimos años, aunque todavía persisten importantes resistencias sociales, políticas y culturales.
Muchos expertos señalan que el enfoque prohibicionista no ha reducido el consumo, pero sí genera sobrecarga judicial y problemas de salud pública no atendidos adecuadamente.
Como en otros aspectos conflictivos, la eutanasia o la ley Trans, la sociedad española se encuentra en posición de iniciar un debate serio sobre las drogas y su legalización.
El verdadero reto es trasladar la discusión desde el terreno ideológico al terreno técnico de la salud pública y la regulación, dando los pasos que el debate serio y sosegado recomiende. No se trata de posicionarse en sí o no a la legalización, sino de estudiar diferentes opciones.
¿Qué evidencias científicas existen hoy sobre el impacto del consumo de drogas en la salud mental?
Son numerosos los estudios que demuestran que el consumo problemático de sustancias tóxicas está sólidamente vinculado a un mayor riesgo de trastornos mentales, especialmente psicosis, depresión, ansiedad y conductas suicidas. Todas las sustancias tóxicas tienen en mayor o menor medida este tipo de relación.
Por ejemplo, numerosos estudios demuestran que el consumo frecuente y temprano –en la adolescencia– de cannabis se asocia con un mayor riesgo de desarrollar psicosis, esquizofrenia y trastornos de ansiedad, aparte de deterioro de la memoria de trabajo, menor rendimiento cognitivo y mayor probabilidad de depresión en consumidores crónicos.
El consumo diario de cannabis, especialmente variedades de alta potencia (alto THC), multiplica por 3 el riesgo de psicosis.
La Organización Mundial de la Salud estima que los consumidores habituales de cannabis tienen el doble de probabilidad de desarrollar un trastorno de ansiedad o depresión. Por otro lado, en no pocas ocasiones la relación es bidireccional: algunas personas consumen drogas para aliviar síntomas previos, lo que a largo plazo agrava su estado mental.
Entre el 30 y el 40 % de consumidores crónicos de cocaína desarrolla episodios psicóticos transitorios (paranoia, alucinaciones).
El uso repetido o en dosis altas de éxtasis (MDMA) se asocia con deterioro de la memoria, síntomas depresivos y ansiedad persistente.
La dependencia a opiáceos, además de la patología psíquica, conlleva alta comorbilidad con intentos de suicidio.
En cuanto al alcohol, sustancia tóxica legal en nuestro país, su abuso y dependencia se encuentran estrechamente ligados a depresión, ansiedad y mayor riesgo suicida, aparte de los cuadros psicóticos que puede producir.
Finalmente, tenemos el problema del policonsumo, en el cual el riesgo de desarrollar trastornos mentales aumenta significativamente en quienes consumen varias sustancias a la vez. Existe hasta 7 veces más riesgo de psicosis.
Algunos defensores de la legalización argumentan que podría reducir el consumo problemático. ¿Comparte esa visión o la considera arriesgada?
Esa es una de las cuestiones más controvertidas en este debate, y la respuesta depende mucho de qué entendamos por “legalización” –regulación controlada vs. liberalización absoluta– y de la evidencia disponible.
Entre los que esgrimen argumentos a favor, están aquellos que ponen como ejemplo el alcohol y el tabaco: cuando hay regulación estricta –edad mínima, impuestos, restricciones de publicidad–, se observa que la mayoría de consumidores son ocasionales y solo una minoría desarrolla dependencia.
Esto sugiere que la regulación puede ser una herramienta para controlar, no para fomentar. Por otro lado, se desincentiva el mercado negro y se reduce el poder de las organizaciones que se enriquecen con el tráfico ilícito de estas sustancias.
Desde el punto de vista sanitario, la experiencia de Canadá revela mayor búsqueda de apoyo sanitario y de acceso a los sistemas de salud.
Los que argumentan en contra ponen de manifiesto que una mayor accesibilidad conlleva mayores problemas sanitarios y legales (especialmente accidentes de tráfico) provocados por estas sustancias. De hecho, un reciente estudio publicado en la revista JAMA, en el que se estudia a lo largo de diez años la relación entre la aprobación de leyes en este sentido —concretamente con el cannabis— y problemas por consumo de sustancias, así lo revela.
Por lo tanto, como toda situación controvertida, requiere un debate sereno y tener en consideración que, dado que en este problema tiene mucho que ver el factor cultural, las consecuencias que se observen en un país no son completamente extrapolables a otro.
En su práctica forense, ¿ha observado un perfil recurrente de trastornos psiquiátricos asociados a determinadas sustancias?
Sí, en la práctica forense se observa un perfil relativamente recurrente de asociación entre determinadas sustancias y ciertos cuadros psiquiátricos. No es una regla absoluta, porque influyen la vulnerabilidad individual, la edad de inicio y el contexto social, pero hay patrones consistentes documentados en la psiquiatría forense y en la práctica diaria.
Por ejemplo, observamos cómo el cannabis se asocia más con delitos violentos impulsivos tras cuadros psicóticos (agresiones por ideas de persecución) o la cocaína con lesiones, amenazas, violencia de pareja y alteración del orden público.
No podemos olvidar el alcohol con su desinhibición y violencia interpersonal. En numerosas ocasiones, lo que observamos —especialmente en las guardias— es la existencia de patología dual: pacientes que presentan un trastorno por consumo de sustancias y otro trastorno mental.
Vemos cómo el paciente sufre, pero especialmente la familia, pues al ser el entorno más cercano es en el que descarga la agresividad producida por las drogas. Por ello es habitual la presencia de la familia indicando que no quiere denunciar ni que le pase nada a su hijo/a, sino que lo que busca es “un centro para curarlo”. Es uno de los problemas sociales añadidos al consumo de estas sustancias.
«En España existe una situación curiosa: está prohibido el trafico y venta de sustancias tóxicas no legalizadas pero sin embargo se permite el consumo de las mismas siempre que sea en ámbito privado y no en espacios públicos –sanción administrativa–. Eso nos lleva a una pregunta ¿cómo puede haber consumo si no se ha producido el tráfico y venta de las mismas?».
Desde la psiquiatría forense, ¿cómo se evalúa la responsabilidad penal de una persona que comete un delito bajo los efectos de sustancias?
Debemos partir de la base de que la determinación de la responsabilidad depende del juez. El psiquiatra forense debe aportar los datos psicopatológicos para que el sistema judicial pueda resolver ese difícil dilema y abordarlos como cualquier otro trastorno mental.
Debe aclarar si presenta alguna “anomalía o alteración psíquica” y si la misma ha tenido alguna influencia en el momento de los hechos. Para ello se vale de la psicopatología detectada durante el reconocimiento, la documentación médica, los estudios toxicológicos que se hayan realizado o considere que se deban realizar, el atestado policial y cualquier otra documentación que pueda resultar de interés.
La Ley 8/2021 ha introducido cambios sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Podría tener algún paralelismo con cómo se legisla el consumo de drogas?
La Ley 8/2021, que reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, introduce un cambio de paradigma: pasar de un modelo de sustitución en la toma de decisiones –incapacitación, tutela– a un modelo de apoyos para el ejercicio pleno de la capacidad jurídica.
Aunque a primera vista pueda parecer un campo distinto al del consumo de drogas, sí se pueden trazar paralelismos conceptuales en materia legislativa y forense:
Por ejemplo, el cambio de paradigma en la visión de la persona. La Ley 8/2021 reconoce que la persona con discapacidad mantiene su capacidad jurídica plena y que lo que necesita son apoyos, no sustitución.
En relación al consumo de drogas, algunos modelos de legalización también se basan en la autonomía personal: el consumidor adulto puede decidir, con información y apoyos (prevención, reducción de riesgos, tratamiento), en lugar de que el Estado sustituya esa decisión por la vía punitiva.
En definitiva, pasar de un modelo tutelar/prohibitivo a un modelo de reconocimiento de derechos con apoyos.
Países como Portugal, Uruguay o Canadá han ensayado modelos de despenalización o legalización. ¿Qué lecciones cree que España debería aprender de esas experiencias?
Lo primero a señalar es que en España existe una situación curiosa: está prohibido el trafico y venta de sustancias tóxicas no legalizadas pero sin embargo se permite el consumo de las mismas siempre que sea en ámbito privado y no en espacios públicos –sanción administrativa–. Eso nos lleva a una pregunta ¿cómo puede haber consumo si no se ha producido el tráfico y venta de las mismas?
En relación a los países que se cuestionan, hay que matizar: en Portugal existe una situación relativamente parecida a la de España, desde que en 2001 se despenalizó y se enfocó más como un problema de salud pública que como un problema de delincuencia.
Se redirigieron los recursos a tratamiento y reducción de daños; cayeron de forma notable las infecciones por VIH y muertes por sobredosis entre personas que usaban drogas. Se crearon las “comisiones de disuasión”, derivación a salud y financiación estable. En definitiva, un enfoque hacia la salud pública.
Canadá apreció picos de incidentes cuando se comercializaron comestibles/extractos “amigables para jóvenes”; la evidencia asocia esa fase con más uso adolescente y más visitas a urgencias. Conllevó al debate de limitar potencias, porciones y presentación.
Uruguay arrancó con venta en farmacias registradas, autocultivo y clubes, con cepas y límites de THC escalonados; el ajuste progresivo de potencias y variedades es clave para competir con el ilegal sin banalizar riesgos.
Con estos antecedentes podríamos plantearnos que una regulación del consumo de drogas en el cual la información de riesgos, especialmente a población adolescente y juvenil, fuese el primer peldaño y a partir de ahí, los canales de distribución se encontrasen controlados, así como las presentaciones, formatos, impuestos, sistemas de vigilancia (urgencias médicas, toxicológicas, siniestralidad vial) y existiese una coordinación entre Justicia, Interior y Salud serían elementos que permitirían un replanteamiento de la situación.
«La psiquiatría forense, la imputabilidad, la capacidad jurídica y los derechos de las personas con trastornos mentales siempre han exigido interpretación legal especializada; estas jornadas surgen para atender esa necesidad de puente».
¿Qué riesgos éticos ve en la legalización: normalización del consumo, vulnerabilidad de los jóvenes, intereses económicos…?
La legalización plantea un dilema pues si bien puede reducir daños asociados al mercado negro, mejorar la salud pública y respetar la autonomía, por el contrario puede generar normalización del consumo, captación de jóvenes y mercantilización del riesgo, reproduciendo dinámicas conocidas con tabaco y alcohol.
La clave ética está en diseñar modelos regulatorios que minimicen estos riesgos: límites estrictos de marketing, impuestos por potencia, protección reforzada de menores y programas sólidos de prevención y tratamiento.
¿Cómo debería integrarse la perspectiva de la salud pública en este debate, para que no quede únicamente en manos del Derecho o de la economía?
Integrar la salud pública significa que el debate no sea “castigar versus recaudar”, sino proteger a los más vulnerables (especialmente población adolescente y juvenil, reducir daños reales en la población y basar la política en evidencia científica y epidemiológica.
Así, el Derecho pasaría a ser instrumento de regulación y la economía un medio de sostenibilidad, pero el fin sería sanitario que es hacia donde se debe de tender.
Si tuviera que resumir en una frase la posición que defenderá en estas jornadas, ¿cuál sería?
La legalización de determinadas drogas en España no puede plantarse de todas desde el primer momento, solo puede llevarse a cabo de forma responsable si se sitúa la salud pública en el centro, garantizando prevención, reducción de daños y protección de los más vulnerables, más allá del debate penal o económico.
Las Jornadas de Encuentros Jurídicos-Psiquiátricos, en las que participan juristas y psiquiatras, cumplen 19 años. ¿Cómo nacieron y qué visión querían transmitir en sus primeras ediciones?
Nacieron a instancias de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) con el fin de crear un foro donde psiquiatras y juristas pudieran “verse”, comprender sus respectivos lenguajes técnicos y encontrar puntos de encuentro.
La psiquiatría forense, la imputabilidad, la capacidad jurídica y los derechos de las personas con trastornos mentales siempre han exigido interpretación legal especializada; estas jornadas surgen para atender esa necesidad de puente.
Posteriormente, un Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, potenció las jornadas.
Desde las primeras ediciones, el planteamiento ha sido que la Psiquiatría tiene un papel activo en el Derecho (peritajes, responsabilidad penal, internamientos forzosos), y no solo como rama médica aislada.
Las jornadas aspiran a que los juristas incorporen la complejidad psiquiátrica a su discurso jurídico, y que los psiquiatras comprendan mejor las exigencias legales.
