Madrid se consolida como la capital mundial del constitucionalismo al acoger la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, donde 85 tribunales de todo el mundo debaten sobre los derechos humanos de las generaciones futuras, la independencia judicial y los nuevos retos del Estado de Derecho.

Madrid, capital del constitucionalismo mundial durante 48 horas

28 / 10 / 2025 16:46

Madrid se va a convertir, durante 48 horas –entre el miércoles y el jueves– en el epicentro del pensamiento constitucionalista internacional. 85 tribunales y cortes constitucionales de los cinco continentes han elegido la capital de España para debatir el futuro de los derechos humanos en la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, un foro que reúne a las más altas jurisdicciones del planeta bajo una misma premisa: garantizar la libertad, la democracia y el Estado de Derecho para las generaciones que están por venir.

El encuentro, organizado por el Tribunal Constitucional de España junto a la Comisión de Venecia —órgano consultivo del Consejo de Europa—, lleva por título “Los derechos humanos de las generaciones futuras”.

Y no es casualidad. En un mundo que avanza a una velocidad vertiginosa, con desafíos tecnológicos, ambientales y sociales sin precedentes, la justicia constitucional se erige como el último dique de contención frente a los abusos del poder y las amenazas a la dignidad humana.

“Queremos desarrollar soluciones innovadoras que garanticen que los derechos y las oportunidades de las generaciones futuras no se sacrifiquen por los intereses del momento”, ha subrayado el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, quien también presidirá una de las sesiones clave dedicada a la independencia de los tribunales constitucionales.

“Nuestra misión es asegurar la dignidad de las personas —añadió—, de las que forman hoy nuestra sociedad, pero también de las que vendrán”.

Durante cinco sesiones de trabajo, magistrados, juristas y académicos debatirán sobre los retos intergeneracionales: desde la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural hasta la ética de la inteligencia artificial y la defensa de la privacidad en la era digital. Temas todos que configuran la frontera de los nuevos derechos humanos.

El Pabellón 12 de IFEMA Madrid, transformado para la ocasión en un foro de deliberación jurídica global, acoge estos días a los guardianes de las constituciones del mundo. Es allí donde se analizarán los desafíos más acuciantes: los riesgos del uso indebido de datos personales, las tecnologías de vigilancia intrusiva y las presiones —a menudo invisibles— que amenazan la independencia judicial.

La independencia de los tribunales constitucionales será, una vez más, un eje central. No hay democracia sólida sin jueces libres. Y no hay justicia constitucional sin tribunales que puedan ejercer su función sin miedo ni interferencias.

El debate no es teórico: muchos de los magistrados presentes han sufrido en sus países ataques, deslegitimaciones y presiones que buscan torcer el pulso de la ley.

El jueves 30 de octubre, el Rey de España presidirá la clausura y la Asamblea General de la Conferencia Mundial. Un gesto que simboliza el reconocimiento internacional al Tribunal Constitucional español y al papel de España como referente en la defensa de los valores democráticos.

Con esta cita, Madrid se confirma como la capital mundial del constitucionalismo. No sólo por albergar el encuentro, sino porque representa, en palabras de Conde-Pumpido, “una democracia avanzada, una sociedad que respeta los derechos fundamentales”. Un legado de 45 años de labor constitucional que ahora se proyecta al mundo como modelo de equilibrio entre libertad, justicia y progreso.

La Conferencia Mundial de Justicia Constitucional (WCCJ, por sus siglas en inglés) reúne a 124 Tribunales y Consejos Constitucionales y Tribunales Supremos de África, América, Asia, Australia/Oceanía y Europa. Su principal objetivo es promover la justicia constitucional como elemento clave para la democracia, la promoción de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

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