El Congreso ha aprobado hoy la iniciativa, con 185 votos a favor, 16 en contra y 149 abstenciones. El resultado, logrado tras la incorporación de enmiendas del PNV, ha reflejado un Parlamento ampliamente convencido de que la aplicación actual de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) no está cumpliendo sus objetivos y requiere una corrección inmediata.
La sesión plenaria de este jueves ha estado dominada por un sentimiento transversal de inquietud. La Ley 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que, desde enero, obliga a intentar una mediación o conciliación antes de presentar demandas civiles y mercantiles.
Lo que ha derivado en un escenario de confusión que desbordó el ánimo de operadores jurídicos y grupos parlamentarios.
Amplio consenso
La proposición no de ley, la PNL, registrada por el Grupo Popular para corregir con urgencia el sistema de MASC llegó al hemiciclo respaldada por un creciente consenso profesional y político.
La portavoz de Justicia del Grupo Popular, María Jesús Moro, fue la voz más firme en la denuncia. En su intervención insistió en que los “tics autoritarios del Gobierno” en la implantación de la ley han provocado caos, desconcierto e inseguridad jurídica.
Subrayó que todos los profesionales coinciden en que el nuevo requisito de procedibilidad está generando un grave desorden y reclamó al Ejecutivo que establezca criterios uniformes, una regulación clara y coherente con el resto del ordenamiento, formación adecuada para los operadores jurídicos e información accesible al ciudadano.
El voto reunió un respaldo inusual por su amplitud, y marca un punto de inflexión. El sistema pensado para desjudicializar conflictos está hoy bajo revisión. Con 185 votos a favor y una abstención masiva del bloque gubernamental, el Congreso dejó claro que la situación no admite demora.
Moro advirtió de que la falta de precisión en la norma ha abierto un auténtico laberinto procesal, con consecuencias directas para ciudadanos y profesionales porque colapsa aún más la justicia y dificulta el acceso efectivo a ella.
Puso ejemplos concretos, como los procedimientos de reclamación de gastos comunitarios, los desahucios y, cada vez más, los conflictos de derecho de familia, donde el requisito de intentar un MASC está provocando retrasos incompatibles con la celeridad que estos asuntos requieren.
“La cultura del acuerdo se construye, no se impone”, afirmó la portavoz, defendiendo que estos mecanismos extrajudiciales deben orientarse a agilizar los conflictos y proteger a la parte más vulnerable, además de aliviar la carga de trabajo de los tribunales.
La diputada concluyó que la situación actual, fruto de la falta de previsión del Gobierno, supone un riesgo de retroceso en la confianza ciudadana en la mediación y en otros medios extrajudiciales, que solo podrán consolidarse si funcionan correctamente y si sus ventajas son perceptibles.
Desacuerdo con la aplicación de la ley
El resultado de la votación puso de manifiesto la magnitud del desacuerdo con la aplicación de la ley.
El Partido Popular votó casi en bloque a favor, con una única abstención interna. Vox respaldó íntegramente la propuesta. Junts, PNV, EH Bildu —con división de voto— y varios diputados del Grupo Mixto se sumaron también al apoyo.
En contraste, el PSOE y Sumar optaron por la abstención masiva, lo que revela su incomodidad con la aplicación de la norma, aunque sin alinearse con la revisión impulsada por el PP.
ERC y parte de EH Bildu encabezaron los 16 votos contrarios.
El papel del PNV fue determinante. Sus enmiendas, incorporadas al texto antes de la votación, introdujeron cambios técnicos destinados a clarificar el alcance del requisito de procedibilidad y a reforzar la intervención de los operadores jurídicos en la regulación de los MASC. Esto facilitó un respaldo más amplio y heterogéneo.
Un mensaje político inequívoco
Aunque una PNL no es jurídicamente vinculante, el mensaje político es nítido. El Congreso exige al Gobierno que revise de inmediato el funcionamiento de los MASC, unifique criterios entre los órganos judiciales, amplíe las excepciones al requisito de procedibilidad, elabore con urgencia el estatuto de la tercera persona neutral, establezca protocolos comunes, refuerce la formación de los profesionales, informe adecuadamente a la sociedad y evalúe de manera sistemática el impacto real del modelo.
El voto reunió un respaldo inusual por su amplitud, y marca un punto de inflexión. El sistema pensado para desjudicializar conflictos está hoy bajo revisión. Con 185 votos a favor y una abstención masiva del bloque gubernamental, el Congreso dejó claro que la situación no admite demora.
Esta votación no es solo un aviso parlamentario: es el reflejo de una grieta más profunda entre la ambición reformista del Gobierno y la realidad diaria de la justicia. Los MASC nacieron con la promesa de aliviar los tribunales, fomentar la cultura del acuerdo y modernizar un sistema saturado.
Sin embargo, su aplicación ha demostrado que ninguna reforma prospera si se impone sin escuchar a quienes deben aplicarla y a quienes dependen de ella.
El Congreso ha hablado con una mayoría amplia y heterogénea: el modelo necesita corregirse. Cuando los mecanismos creados para facilitar soluciones se convierten en un obstáculo, no se erosiona solo una ley, sino el principio fundamental de tutela efectiva.
El Gobierno tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de actuar con rapidez, humildad y sentido práctico. Escuchar a los operadores jurídicos, revisar los errores y simplificar el sistema no es una concesión: es la única vía para que la justicia, extrajudicial o no, siga siendo un camino accesible, seguro y eficaz para los ciudadanos.
De lo contrario, el debate sobre los MASC será solo el primer capítulo de un problema mayor que el país no puede permitirse prolongar.
María Jesús Moro ha advertido que «si el gobierno no hace lo que se le ha pedido aquí, el Partido Popular presentará una proposición de ley. Las cosas no pueden seguir como están».
