El inicio de 2026 llega sin nuevos Presupuestos Generales del Estado, pero no por ello exento de cambios relevantes en el panorama fiscal español.
Lejos de una revolución normativa, el nuevo ejercicio consolida una serie de reformas que apuntan en dos direcciones claras: aliviar la carga fiscal de determinados colectivos y pequeñas empresas, y reforzar los mecanismos de control y transparencia en la actividad económica.
Desde modificaciones en el IRPF, hasta incentivos reforzados en el Impuesto sobre Sociedades y nuevas obligaciones informativas vinculadas a los pagos digitales, 2026 exige una lectura atenta del nuevo contexto fiscal.
Simplificación administrativa en el IRPF y medidas de sostenibilidad
Una de las medidas con mayor impacto social es la supresión de la obligación de declarar el IRPF para los perceptores de prestaciones por desempleo, introducida por el Real Decreto-ley 16/2025.
A partir de ahora, este colectivo quedará sujeto exclusivamente a los umbrales generales de la normativa del impuesto, eliminando una obligación formal que afectaba a cerca de 2,5 millones de personas.
La medida no solo reduce cargas administrativas, sino que corrige efectos indeseados que penalizaban a contribuyentes con rentas bajas, como la pérdida de deducciones o la alteración de mínimos personales y familiares. Se trata de un cambio técnico con una clara lectura social, orientado a proteger a los colectivos más vulnerables del sistema tributario.
Junto a ello, 2026 mantiene el impulso fiscal a la movilidad sostenible y la eficiencia energética, prorrogando las deducciones por adquisición de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga. Más allá del ahorro fiscal directo, estas medidas refuerzan una política tributaria alineada con los objetivos medioambientales y de transición ecológica.
Fiscalidad al servicio del crecimiento empresarial
En el ámbito empresarial, 2026 consolida un marco claramente favorable para micropymes y pymes, que continúan siendo el foco de las políticas de estímulo económico. Los tipos reducidos en el Impuesto sobre Sociedades se mantienen, permitiendo una tributación más ajustada a la capacidad económica real de las empresas.
Especial relevancia adquiere el refuerzo de la reserva de capitalización, uno de los incentivos más potentes para fomentar la reinversión de beneficios. El incremento del porcentaje de reducción sobre la base imponible, que puede alcanzar el 30 % cuando va acompañado de creación de empleo, convierte este mecanismo en una herramienta estratégica para fortalecer la solvencia empresarial y promover el crecimiento sostenido.
Este enfoque evidencia una voluntad clara del legislador: premiar a las empresas que apuestan por capitalizarse, invertir y generar empleo, frente a modelos más orientados a la distribución inmediata de beneficios.
Verifactu y pagos digitales
El otro gran eje del nuevo ejercicio fiscal es el refuerzo del control tributario, especialmente en el ámbito de la facturación y los medios de pago digitales. Aunque la entrada en vigor del sistema Verifactu se aplaza finalmente a 2027, 2026 se presenta como un año clave de preparación para empresas y autónomos, que deberán revisar y adaptar sus sistemas de facturación a los nuevos estándares de trazabilidad e integridad.
A ello se suma la nueva obligación de información sobre pagos realizados mediante Bizum en actividades económicas. A partir de febrero de 2026, las entidades financieras deberán comunicar mensualmente a la Agencia Tributaria estos cobros, incrementando la transparencia sobre un medio de pago cada vez más extendido en el ámbito profesional.
Si quiere conocer en detalle el alcance real de estos cambios, desde Adlanter han elaborado una Guía de Novedades Fiscales 2026, en la que se analizan las claves para una correcta planificación fiscal tanto para empresas como para contribuyentes particulares.
