El diálogo inaugural del II Congreso de Compliance y Sostenibilidad de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), protagonizado por su vicepresidenta primera, Lucía Sánchez-Ocaña, y la presidenta de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles y y consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Helena Viñes, puso el foco en los riesgos de la simplificación regulatoria impulsada por Bruselas, que puede perjudicar la competitividad de las compañías europeas.
Viñes vino a decir que Europa puede acabar perjudicando la competitividad de sus propias empresas con una reforma normativa diseñada, precisamente, para favorecerla.
De la misma forma, la simplificación de las obligaciones de sostenibilidad impulsada por Bruselas amenaza con situar determinados estándares europeos por debajo de los internacionales, lo que podría obligar a las compañías que buscan financiación fuera de la Unión Europea a cumplir requisitos adicionales.
La conversación, conducida por Sánchez-Ocaña, permitió confrontar la perspectiva de las empresas, obligadas a aplicar una normativa cada vez más compleja, con la visión de quien participa directamente en la evaluación y revisión del marco regulatorio europeo.
«La sobrecarga regulatoria y el potencial alivio malentendido por parte de un consejo de administración puede ser un riesgo en sí mismo», advirtió Sánchez-Ocaña, poniendo sobre la mesa una preocupación especialmente relevante para los responsables de cumplimiento normativo.
La conversación abordó las consecuencias de la simplificación legislativa, el riesgo de greenwashing, la financiación de la transición energética y la creciente competencia de China.
Una simplificación necesaria que puede terminar perjudicando a las empresas
Viñes explicó que la revisión de la normativa europea de sostenibilidad no nació exclusivamente de un cambio de orientación política.
La Comisión Europea había encargado ya en marzo de 2023 una evaluación del funcionamiento del paquete regulatorio de finanzas sostenibles para identificar qué estaba funcionando y qué debía modificarse.
Sin embargo, las elecciones europeas y estadounidenses aceleraron el proceso y transformaron una revisión inicialmente técnica en una cuestión política.
La reforma, señaló, «acabó secuestrada por un momento político».
A su juicio, el problema no consiste en simplificar las normas, algo que considera necesario, sino en cómo se está haciendo.
«El cambio drástico en el ámbito de aplicación no tiene sentido alguno», manifestó Viñes al referirse a la modificación de las obligaciones de información empresarial.
Defendió una simplificación progresiva, centrada en los indicadores verdaderamente relevantes para cada actividad económica, frente a la eliminación generalizada de determinadas exigencias.
Entre los instrumentos que considera esenciales destacó los análisis de escenarios climáticos, los planes de transición y la taxonomía europea, que establece criterios para identificar actividades económicas medioambientalmente sostenibles.
La taxonomía europea, regulada por el Reglamento (UE) 2020/852, es el sistema de clasificación creado por Bruselas para determinar qué actividades económicas pueden considerarse medioambientalmente sostenibles.
Establece criterios comunes que permiten a empresas, bancos e inversores identificar las inversiones verdes y comprobar si cumplen los requisitos exigidos. Su finalidad es facilitar la financiación de la transición ecológica y evitar que las compañías presenten como sostenibles actividades que no lo son.
La reducción de estas obligaciones puede generar un problema añadido: que las empresas europeas tengan que elaborar información complementaria para satisfacer los estándares internacionales.
Recordó que se han desarrollado más de 60 taxonomías en el mundo y que, según explicó, todas salvo la china se han inspirado intensamente en el modelo europeo.
«Europa es el líder en finanzas sostenibles. Hemos marcado la agenda», subrayó.
Los consejos de administración no pueden confundir simplificación con ausencia de responsabilidad
Uno de los puntos centrales de la conversación fue el riesgo de que las empresas interpreten las nuevas medidas europeas como una oportunidad para rebajar sus controles internos.
Sánchez-Ocaña advirtió de que el cumplimiento meramente formal no garantiza una gestión eficaz de los riesgos.
«El mero cumplimiento, un poco a golpe de checklist, creo que ni es suficiente ni es eficaz», afirmó.
Viñes también advirtió del riesgo de greenwashing, conocido como «lavado verde» o «ecoblanqueo», una práctica consistente en proyectar una imagen de responsabilidad medioambiental que no se corresponde con la actividad real de una empresa.
A su juicio, la mejor forma de combatirlo es garantizar la coherencia entre los compromisos públicos de sostenibilidad, la estrategia de negocio y la información financiera. Una responsabilidad que, subrayó, debe asumir el consejo de administración, bajo la supervisión de su presidencia.
Los planes de transición, a su juicio, deben estar integrados en la estrategia de negocio y ser consistentes con la información financiera.
Precisamente esa correspondencia entre los informes financieros y los de sostenibilidad constituye uno de los aspectos en los que pone el foco la CNMV.
«Es fundamental la gobernanza», afirmó Viñes, situando la responsabilidad última en el consejo de administración y, especialmente, en su presidencia.
También denunció las contradicciones entre los compromisos públicos de determinadas compañías y las posiciones que defienden mediante sus actividades de presión institucional en Bruselas.
A su juicio, esa distancia entre lo que las organizaciones proclaman y lo que realmente promueven constituye un riesgo insuficientemente valorado.
Más de un billón de euros invertidos en la transformación energética
Viñes aprovechó su intervención para adelantar algunos resultados del informe sobre flujos de capital que la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles tiene previsto presentar en Bruselas el próximo 20 de octubre.
Según explicó, las inversiones de capital vinculadas a la taxonomía en grandes empresas europeas han superado el billón de euros.
El estudio analiza aproximadamente 2.000 grandes compañías y permite identificar hacia dónde se dirigen los recursos destinados a transformar el modelo económico.
Alrededor del 50 % de las inversiones examinadas corresponde a generación renovable, electrificación y redes de transmisión y distribución energética.
Otro 25 % se concentra en actividades manufactureras, mientras que la rehabilitación del parque inmobiliario presenta síntomas de estancamiento.
También destacó el éxito de los bonos verdes europeos, aunque alertó de un problema estructural: la diferencia entre la financiación sostenible mediante deuda y la disponibilidad de capital propio para acometer grandes transformaciones industriales.
Utilizó como ejemplo la siderurgia europea, que afronta inversiones extraordinarias para reducir sus emisiones mientras soporta una intensa competencia internacional.
«Esto no es un problema de la taxonomía. Es un problema mucho más grande de política competitiva, de política industrial y de política financiera», afirmó.
Y advirtió de que retrasar la transformación industrial puede facilitar que China termine ocupando también el mercado europeo del acero verde.
«Lo que necesitamos es mucho más Europa»
La conversación concluyó con una reflexión sobre las dificultades derivadas de las diferencias regulatorias entre Estados miembros.
Sánchez-Ocaña señaló expresamente los retrasos españoles en la transposición de determinadas normas comunitarias, una circunstancia que introduce incertidumbre adicional para las empresas.
La respuesta de Viñes fue inequívoca.
«Lo que necesitamos es mucho más Europa», sostuvo.
Defendió la creación de verdaderos mercados únicos financieros, eléctricos e industriales capaces de movilizar inversiones y competir internacionalmente.
«La gran pregunta para mí es qué más tiene que suceder para crear esa unidad», planteó.
También reconoció que las políticas iniciales de sostenibilidad no incorporaron suficientemente la competitividad económica y sus consecuencias sociales.
Pero advirtió de que sería igualmente equivocado desarrollar ahora políticas industriales y financieras desconectadas de los objetivos medioambientales.
«Ya no tenemos que hablar de sostenibilidad, ya hablamos de independencia energética, hablamos de inflación, hablamos de estrategia, de autonomía estratégica», concluyó.
Su mensaje fue que la sostenibilidad ha dejado de ser únicamente una cuestión de cumplimiento normativo: se ha convertido en un elemento fundamental de la competitividad económica y de la autonomía estratégica europea.
