El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, inauguró en Cuenca el ciclo de debates conmemorativo del 30 aniversario de la Ley de Justicia Gratuita con un mensaje central dirigido al legislador: la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que el Ministerio está elaborando, debe ser una ley de consenso, construida desde el diálogo con la Abogacía y orientada a reforzar un derecho esencial del Estado de Derecho.
A su juicio, la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita debe ser una de esas normas “que nazcan de la concertación con los sectores directamente afectados y que tienen un claro objetivo de mejora social para las personas que atraviesan las situaciones más complicadas”.
“Las mejores leyes son las que se construyen con diálogo, con escucha activa y con consenso”, afirmó.
Entre las prioridades que, según la Abogacía, debe abordar la nueva ley, citó “el incremento de las retribuciones y la garantía de su actualización periódica, más agilidad en los pagos, más especialización y extensión de servicios, el cierre de brechas territoriales y la garantía de abono por todas las actuaciones prestadas”. Junto a ello, reclamó medidas urgentes que no deberían esperar al nuevo texto legal.
“Hay urgencias aún más urgentes que no pueden esperar a la ley”, dijo, refiriéndose al aumento de las retribuciones en el territorio común y al reconocimiento efectivo de la actividad negociadora en el turno de oficio.
González comenzó contextualizando el sentido de este ciclo de encuentros, que nace en un momento clave, cuando el Ministerio trabaja ya en una nueva norma. “Tres décadas después de la aprobación de la ley y cuando se está elaborando ya una nueva ley, creo que la Abogacía española es a quien corresponde el impulso del proceso de reflexión sobre la nueva norma”, afirmó.
En ese marco, defendió el papel activo de la profesión para aportar experiencia y conocimiento acumulado durante estos años.
Antes de 1995 no existía ley alguna
El presidente de la Abogacía situó el origen del sistema actual en 1995, cuando se aprobó la Ley de Justicia Gratuita, tras el reconocimiento constitucional del derecho en 1978.
Aquella norma, recordó, supuso un punto de inflexión histórico. “Fruto de aquel trabajo de los constituyentes y de los legisladores, hemos podido disponer hasta hoy de una ley que ha transformado lo que durante siglos fue tratado como un acto de caridad y de responsabilidad social en un derecho fundamental”, señaló.
Esa transformación afectó también a la propia profesión. “Quienes desde el siglo XIII fueron conocidos como abogados de pobres, son hoy profesionales altamente cualificados que proporcionan asistencia legal principalmente, pero no solo, a quienes no pueden pagarla”, subrayó.
No obstante, reconoció sin ambages una de las grandes asignaturas pendientes del sistema: “La compensación que reciben hoy es absolutamente insuficiente, desfasada y manifiestamente mejorable. Eso nadie lo discute”.
Pese a ello, González pidió analizar la ley con perspectiva histórica. “Contar entonces, por primera vez, con un marco legal regulador para la prestación del servicio supuso un hito de enorme trascendencia”, afirmó, recordando que España y su sistema judicial poco tienen que ver hoy con los de hace 30 años.
“Treinta años son una pequeña eternidad. Y tanto nuestro país como nuestra justicia han cambiado muchísimo”, apuntó, citando como ejemplo que a finales de los años noventa “la mayoría de los juzgados españoles no tenía ordenadores”.
Esfuerzo pedagógico
En estas tres décadas, explicó, la ley ha ido ampliando su alcance mediante reformas legislativas y pronunciamientos judiciales, dando lugar a un sistema cada vez más complejo.
“La puesta en práctica de la justicia gratuita en nuestro país se ha convertido en un engranaje muy complejo que precisa de abogados y abogadas muy bien formados, especializados en la materia, así como gestores ágiles y eficientes”, indicó. Este crecimiento ha obligado a las instituciones colegiales a profesionalizar su gestión y a reforzar su labor informativa.
Ese esfuerzo pedagógico sigue siendo imprescindible. “Nos obliga a todos a realizar un esfuerzo pedagógico constante para explicar a la población qué es la justicia gratuita y cómo funciona”, afirmó. Como muestra del desafío, citó datos del Observatorio de Justicia Gratuita: “Millones de ciudadanos no saben que quienes no pueden pagarse un abogado pueden reclamar uno de oficio en el Colegio de la Abogacía de su territorio”.
Para González, el diagnóstico es claro y compartido. “Lo que tuvo sentido en 1996 necesita hoy una relectura urgente”, afirmó, recordando que esta necesidad ya ha sido reconocida tanto por los grupos parlamentarios como por el propio Gobierno, que ha incluido la elaboración de la nueva ley en sus planes normativos.
En la parte final de su intervención, Salvador González apeló al compromiso institucional del Consejo General de la Abogacía Española. “Lo importante en nuestro caso como Consejo es estar, mostrarnos, alzar la mano, dar de nuevo un paso al frente y perseverar en nuestras reivindicaciones”, afirmó.
Ese es, dijo, el objetivo del ciclo de encuentros que ahora se inicia: aportar reflexión, experiencia y propuestas para definir con claridad “de dónde venimos y a dónde debemos ir” en el sistema de justicia gratuita.
