Julio Cano ha prometido este martes su cargo como nuevo fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y ante su Sala de Gobierno, presidida por Isabel Perelló Doménech.
La toma de posesión formaliza su nombramiento y marca el relevo al frente de uno de los órganos clave del Ministerio Fiscal.
Cano sustituye en el puesto a Ana Isabel García León, quien venía ejerciendo esta responsabilidad desde septiembre de 2022 hasta enero de 2026.
García León y el exministro de Justicia y fiscal jubilado, Manuel Fernández Bermejo, han actuado como padrinos en este acto solemne.
El nuevo fiscal jefe de la Secretaría Técnica fue nombrado por Real Decreto el pasado 7 de enero de 2026, a propuesta de la fiscal general del Estado, tras dejar su anterior destino como fiscal superior de Baleares.
Durante el acto protocolario, celebrado conforme a lo previsto en la normativa, Julio Cano prometió cumplir fielmente las obligaciones del cargo con respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, y desempeñar sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad y unidad de actuación que rigen al Ministerio Fiscal.
La Secretaría Técnica es el órgano de la Fiscalía General del Estado encargado de elaborar informes jurídicos, realizar análisis técnicos y coordinar criterios para el conjunto del Ministerio Fiscal, con el objetivo de garantizar la coherencia doctrinal y la homogeneidad en la aplicación del Derecho.
Acto de toma de posesión en la Fiscalía General del Estado después
Posteriormente, Julio Cano se desplazó a la sede de la Fiscalía General del Estado, donde tuvo lugar el acto de toma de posesión como fiscal jefe de la Secretaría Técnica.
El acto ha estado presidido por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, junto a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, y la inspectora fiscal jefa, María Antonia Sanz Gaite.
En su intervención, la fiscal general ha subrayado la “solvencia jurídica, capacidad de trabajo y compromiso institucional” de Cano, así como su talante dialogante y su firme defensa de la legalidad y del interés público, cualidades que —afirmó— fundamentan su nombramiento.
Ha destacado también su trayectoria marcada por la excelencia técnica, la prudencia y el respeto institucional, y puso en valor su capacidad para coordinar equipos y potenciar el talento, una competencia esencial en un cargo que exige una relación permanente con los Fiscales de Sala y las jefaturas territoriales.
Peramato, asimismo, ha recordado que la política de nombramientos del Ministerio Fiscal se apoya “exclusivamente en el mérito y la capacidad”, por encima de la antigüedad, que no constituye un mérito por sí misma, y defendió la exigencia de excelencia en los nombramientos discrecionales.
Asimismo, ha explicado su reconocimiento a García León y actual fiscal de Sala del Tribunal Supremo –categoría equivalente a magistrada del Supremo–, por una gestión de tres años caracterizada por el rigor técnico, la responsabilidad y la lealtad institucional.
Trayectoria profesional
Julio Cano es fiscal desde 2001 y juez en excedencia. Inició su carrera en la Adscripción Territorial de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y, desde 2004, desarrolló su labor en la Fiscalía de Palma —actual Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Illes Balears—, donde ha desempeñado funciones como fiscal delegado de medioambiente y antidroga, Teniente Fiscal y, finalmente, Fiscal Superior, hasta su reciente nombramiento.
El Real Decreto 7/2026, de 7 de enero, publicado en el BOE el 8 de enero, formalizó su designación como fiscal jefe de la Secretaría Técnica.
El nombramiento se realizó a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a iniciativa de la Fiscal General del Estado y con conocimiento del Consejo Fiscal, de conformidad con el artículo 36.3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y el artículo 47.1 del Reglamento del Ministerio Fiscal, aprobado por el Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, tras la deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 7 de enero de 2026.
