La presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha advertido que no hay suficientes plazas de jueces en España. Un «déficit» ante el que el reciente anuncio del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños no es suficiente para solventar el problema estructural de la judicatura.
El acto de entrega de despachos a los 121 jueces de la74ª promoción de la Carrera Judicial en Barcelona ha sido el escenario escogido por la presidenta del TS y CGPJ, Isabel Perelló, para remarcar la complicada situación que está atravesando la carrera judicial española.
«Sois muy bienvenidos porque sois muy necesarios», ha destacado Perelló a los nuevos integrantes judiciales. Una necesidad en la que la presidenta ha querido hacer hincapié durante su discurso.
Así pues, ha recordado que actualmente existe un «grave déficit de jueces» en España. Una «necesidad que no se puede aplazar y que se sigue agravando día a día».
Déficit que «provoca un sobreesfuerzo y sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales, así como retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles para los profesionales del Derecho y los ciudadanos», ha lamentado.
«Ya existen 260 plazas judiciales más que jueces», ha criticado. “Esta situación evidencia que el verdadero desafío no es solo cuantitativo, sino estructural: es necesaria la convocatoria urgente de pruebas selectivas para cubrir tantas plazas vacantes”, ha defendido.
El plan de Bolaños para las plazas de jueces, insuficientes
Un contexto en el que Perelló ha querido destacar la importancia del reciente anuncio de Félix Bolaños de creación de nuevas plazas judiciales. Un anuncio que, sin embargo, para la presidenta «no aborda ni resuelve el problema de fondo».
Por ello ha reclamado “una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional”, recordando que la Constitución encomienda al CGPJ el gobierno de los jueces.
Una misión que supone que el Consejo sea “un actor esencial en las reformas” que atañen a los jueces y a su función. “Y, por eso, el Consejo ha mostrado preocupación por los problemas que conlleva la implantación de la nueva ley de los tribunales de instancia”, ha señalado.
“Los jueces y magistrados somos los primeros interesados en que la oficina judicial se modernice y sea eficiente, pues como profesionales, no nos satisface trabajar con continuos retrasos y dilaciones. Pero estas reformas han de hacerse de forma ordenada, organizada y con el tiempo necesario, contando con los profesionales de la Justicia», ha querido destacar Perelló, en clara referencia a la Ley 1/2025.
Una modernización en la que no se puede obviar «el papel principal del juez y su relación con los procedimientos”, ha dicho Perelló, que ha asegurado que “preservar la centralidad que la Constitución atribuye a los Jueces, como titulares de la función jurisdiccional y garantes últimos de los derechos de los ciudadanos, es una exigencia estructural del Estado de Derecho”.
La independencia judicial
Un discurso en el que la presidenta del TS y del CGPJ ha recordado a los miembros de la nueva promoción de la Carrera Judicial que a partir de hoy son miembros del Poder Judicial y asumen en exclusiva la función que la Constitución les atribuye: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, lo que implica “la alta responsabilidad de decir y aplicar el Derecho y de decidir sobre la libertad, los derechos y el patrimonio de los ciudadanos. Es decir, de proteger todos los derechos de todos y, en especial, los derechos fundamentales”.
“La trascendencia de nuestra función en la sociedad hace que la Constitución nos reconozca como un verdadero Poder del Estado, un verdadero contrapeso de los demás poderes. Ello exige respeto a nuestras decisiones y a nuestra independencia, que no puede ser menoscabada mediante presiones ni injerencias, por muy sutiles que estas pretendan ser” ha recordado a los nuevos jueces.
También ha señalado que la fortaleza o debilidad del Poder Judicial no depende solo de sus órganos de gobierno o de su arquitectura institucional, “sino de la actuación concreta, cotidiana y responsable de cada juez”.
“Esto es lo que la sociedad espera de nosotros: que seamos conscientes del poder que se nos ha confiado y que lo ejerzamos responsablemente, con independencia, con imparcialidad y con neutralidad”, ha asegurado Perelló, que ha dicho que esa expectativa social descansa sobre una idea profundamente arraigada en las democracias constitucionales: que el juez “no es un actor político, ni un mero ejecutor de decisiones ajenas, sino un garante último de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos”.
