Primero ha sido el Juzgado Central de Instrucción 6, luego el 1, después el 5 y esta semana previsiblemente será el 3 –denominados ahora Plaza 6, 1, 5 y 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia–.
Todos están siguiendo el mismo camino: denunciar la deriva hacia el colapso que está suponiendo la salida de funcionarios interinos en aplicación de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad.
Los tres primeros, los magistrados Antonio Piña, Francisco de Jorge y Santiago Pedraz han denunciado esta situación de forma indirecta, a través de providencias a los abogados de las causas en fases de instrucción a los que les informan de que sus causas se van a ver afectadas por falta de funcionarios.
María Tardón, según ha podido saber este diario, tiene previsto hacerlo esta semana.
Fuentes oficiales de la Audiencia Nacional confirmaron a Confilegal esta situación e informaron que estaban en conversaciones con el Ministerio de Félix Bolaños para hacer frente a este escenario en el que ha coincidido la implementación de los tribunales de instancia con la aplicación de la política de restricción de contratos de interinos que tiene su origen en las sentencias de 22 de febrero y de 13 de junio del TJUE.
«Ha sido la tormenta perfecta», es la opinión compartida sobre este asunto. Y lamentan que no haya habido una reflexión previa, como en el País Vasco, donde se tomó la decisión de paralizar la salida de los interinos hasta terminar la adaptación de los tribunales de instancia.
En Euskadi las competencias sobre justicia están transferidas.
De Jorge informa que, en su caso, «existen 4 vacantes de funcionarios sin cubrir desde hace tiempo y el juez de apoyo aprobado por el CGPJ ha quedado sin efecto tras la constitución del Tribunal Central de Instancia, por lo que la persona designada no podrá incorporarse a esta Plaza judicial 1″.
«La situación actual de este órgano judicial sobrecargado con múltiples macroprocesos, sumarios complejos y múltiples causas con preso hace imposible la tramitación de los procedimientos dentro de plazos razonables, lo que va a conllevar que se produzcan demoras en la resolución de escritos», añade el magistrado.
En el caso de Pedraz «es inminente el cese de siete funcionarios, los cuales previo al mismo deberán disfrutar de sus vacaciones reglamentarias, causando un periodo temporal de aproximadamente 45 días hasta la nueva cobertura de estas plazas».
Piña, por su parte, informó del cese de seis funcionarios, «los cuales previo a su cese, han tomado las vacaciones que les correspondían, produciéndose un periodo temporal de aproximadamente 45 días hasta la nueva cobertura de estas plazas».
Tardón, saliente de guardia, elaborará la consiguiente providencia en cuanto tenga sobre la mesa todos los datos, que apuntan a un panorama similar al de sus compañeros.
Los escritos de los magistrados suponen una llamada de atención institucional: la reducción de la interinidad es un objetivo legítimo, pero sin una planificación transitoria adecuada, su coste se está pagando en forma de atascos reales en la justicia penal más sensible del Estado.
Los juzgados continúan funcionando con plantillas claramente insuficientes.
La pérdida de interinos no implica únicamente una reducción numérica de personal, sino también la salida de profesionales con amplia experiencia en tareas altamente especializadas, como la gestión de intervenciones telefónicas, la tramitación de comisiones rogatorias internacionales, los procedimientos de extradición o el manejo de piezas separadas con miles de folios.
