El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha remitido un escrito a las partes en el Sumario 4/2025 que ha disparado todas las alarmas, dentro y fuera de ese órgano judical.
En la providencia explica a las partes que debido a la reducción de interinos en la Administración de Justicia va a afectar muy directamente a su causa.
«Se notifica a las partes la situación derivada de falta de personal ocasionada como consecuencia del proceso de consolidación de plazas, estabilización por concurso, acordado por Orden JUS/1288/2022, de 22
de diciembre (BOE de 27 diciembre)». Con este comienzo el magistrado pone en contexto la situación.
«En esta Plaza Nº 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia –que es como ha pasado a llamarse el Juzgado Central de Instrucción 6–, se ha producido el cese, hasta la fecha, de seis funcionarios, los cuales previo a su cese, han tomado las vacaciones que les correspondían, produciéndose un periodo temporal de aproximadamente 45 días hasta la nueva cobertura de estas plazas», explica.
Y añade: «La situación actual de este órgano judicial sobrecargado con múltiples macroprocesos hace imposible la asignación de estos procedimientos a los funcionarios actuales, lo que va a conllevar que cualquier consulta que se realice sobre los mismos, provoque demoras en su resolución. Se mantendrán las declaraciones señaladas y se dará respuesta a cualquier petición que se promueva, y en todo caso, a aquellas que tengan carácter urgente».
Traducido: El magistrado relata que se ha quedado sin seis funcionarios interinos, un vacío que no se ha visto acompañado por quien correspondería, de un relevo inmediato por personal con plaza fija. Así que tengan paciencia.
Esta merma, evidentemente, genera una sobrecarga de trabajo que amenaza con ralentizar la instrucción de causas complejas y con introducir retrasos difíciles de absorber en procedimientos ya de por sí voluminosos.
Fuentes oficiales de la Audiencia Nacional han confirmado a Confilegal esta situación y su origen y han informado que están haciendo todo lo posible por solucionar cuanto antes esta situación.
Dos sentencias del TJUE en el origen de esta situación
La aplicación estricta de la reducción de interinos en España tiene su origen en varias decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público.
La más relevante es la sentencia de 22 de febrero de 2024, dictada en los asuntos acumulados C-59/22, C-110/22 y C-159/22, en la que el tribunal europeo concluyó que el ordenamiento español no ofrecía medidas suficientes para prevenir y sancionar el uso abusivo de contratos temporales en la Administración.
A este fallo se sumó una segunda resolución, de 13 de junio de 2024, correspondiente a los asuntos acumulados C-331/22 y C-332/22, que reforzó esa interpretación.
Ambos pronunciamientos han configurado el marco jurídico que ha llevado al Gobierno a aplicar con mayor rigor la reducción de interinos, provocando salidas simultáneas de personal sin relevo inmediato en órganos judiciales como la Audiencia Nacional.
Los juzgados continúan funcionando con plantillas claramente insuficientes.
La pérdida de interinos no implica únicamente una reducción numérica de personal, sino también la salida de profesionales con amplia experiencia en tareas altamente especializadas, como la gestión de intervenciones telefónicas, la tramitación de comisiones rogatorias internacionales, los procedimientos de extradición o el manejo de piezas separadas con miles de folios.
En este contexto, la advertencia del magistrado Piña adquiere un peso singular. No es habitual que un juez deje constancia escrita de la insuficiencia de medios, y menos aún en un juzgado central de la Audiencia Nacional.
En una fase de instrucción, cualquier cuello de botella administrativo puede traducirse en meses de parálisis en investigaciones complejas.
En un tribunal como la Audiencia Nacional, donde se instruyen causas de alto impacto público y mediático, estas disfunciones no son menores.
Los retrasos afectan a los plazos, a la eficacia de las investigaciones y, en última instancia, a la credibilidad del sistema judicial.
El escrito del magistrado actúa así como una llamada de atención institucional: la reducción de la interinidad es un objetivo legítimo, pero sin una planificación transitoria adecuada, su coste se está pagando en forma de atascos reales en la justicia penal más sensible del Estado.
