Según los cálculos de Parrado Asesores, más de 300.000 interinos podrían beneficiarse de la nueva doctrina europea. Foto: Cedida.

Más de 300.000 interinos podrían reclamar la fijeza tras la sentencia del TJUE

20 / 05 / 2026 17:16

Actualizado el 20 / 05 / 2026 17:19

La sentencia 418/24, dictada el pasado 14 de abril, abrió la puerta a que más de 300.000 empleados públicos interinos puedan reclamar una reparación efectiva de su situación laboral, según las estimaciones del despacho Parrado Asesores.

La cifra podría aumentar si el Tribunal Supremo acaba incorporando plenamente la doctrina fijada por Luxemburgo en el caso Obadal.

Más de 600.000 interinos

En España existen actualmente más de 600.000 interinos en las distintas administraciones públicas, muchos de ellos encadenando contratos temporales durante años.

El TJUE cuestiona precisamente que la solución adoptada hasta ahora —convertir esos vínculos en relaciones laborales “indefinidas no fijas”— no corrige realmente el abuso, sino que perpetúa la precariedad.

«La figura del indefinido no fijo mantiene al trabajador en una situación de incertidumbre permanente, expuesto a perder su puesto cuando se convoque la plaza», explica Cristina Alonso, abogada especializada en derecho laboral de Parrado Asesores. «Europa insiste en que la normativa española sigue siendo contraria al Derecho de la Unión», añade.

Indemnización por abuso de intirenidad

La resolución europea también rechaza que una simple indemnización por finalización de contrato sea suficiente para reparar el perjuicio causado. A juicio del tribunal, el sistema español no garantiza una reparación íntegra ni evita que las administraciones continúen recurriendo de forma abusiva a la temporalidad.

El despacho Parrado Asesores sostiene que la doctrina europea refuerza las reclamaciones de miles de trabajadores públicos en fraude de ley.

Entre los casos que destaca figura el de un trabajador destinado en el Palacio de La Moncloa que, tras 14 años concatenando contratos temporales, logró el reconocimiento de una relación laboral fija junto con la correspondiente indemnización.

La sentencia del TJUE reabre así un debate jurídico y político de fondo: cómo adaptar el empleo público español a los estándares europeos sin seguir trasladando la inseguridad laboral a cientos de miles de interinos.

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