Me encuentro personada como abogada en una macrocausa en la Audiencia Nacional y hoy he recibido una providencia de una plaza de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia en la que se informa a las partes de una situación inédita. En ella se comunica que, como consecuencia del cese de varios funcionarios —que además han iniciado sus vacaciones—, esas plazas quedarán durante un tiempo sin personal asignado.
La providencia explica que, debido a la actual situación del órgano judicial, descrito como “sobrecargado con múltiples macroprocesos”, resulta «imposible» repartir esos asuntos entre los funcionarios actuales. Esta falta de cobertura provocará demoras en la resolución de consultas y trámites, aunque se garantiza respuesta a todas las peticiones que se presenten y, en todo caso, a las que tengan carácter urgente.
La Audiencia Nacional hace aguas. Y ello, en un momento en el que este órgano judicial está a punto de cumplir ya 50 años.
Fue creada para combatir, en el orden penal, delitos de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, además de las salas de los órdenes social y contencioso-administrativo, siendo los procesos penales los que siempre han tenido más transcendencia pública, por su obvia repercusión mediática.
La Audiencia Nacional está demandando una lógica renovación y una adecuación de sus competencias a la realidad de los nuevos delitos y formas de cometerlos, ante una delincuencia más especializada, sobre todo, la delincuencia económica, con unas tecnologías que no existían hace 50 años.
El crimen organizado no prolifera en un solo país, sino que nos encontramos ante una situación transnacional que requiere de una cooperación judicial fuera de nuestras fronteras, y ello hace necesario un órgano judicial moderno y especializado para poder luchar contra unas organizaciones cada vez más “eficientes” en la comisión de sus delitos, y por tanto, con un personal adecuado y una infraestructura acorde y también más “eficiente”.
Pero si fuera poco todo ello, además, los abogados del Turno de Oficio han puesto de manifiesto que su situación en las macrocausas no puede mantenerse.
Y recientemente abogados y abogadas del Turno de Oficio ejercientes ante este órgano, han puesto de manifiesto su renuncia ante la imposibilidad de seguir cobrando cuantías absolutamente irrisorias en procedimientos de miles y miles de folios, y juicios que se celebran durante meses.
El Colegio de la Abogacía de Madrid, ha puesto de manifiesto que, con dicha actuación, no solo se está defendiendo la dignidad profesional de los letrados y letradas del Turno de Oficio, sino de la propia sociedad, que necesita de una Justicia Gratuita fuerte, independiente y sostenible.
La única puntualización que haría a tal manifestación, es la que vengo haciendo desde hace tiempo, cual es, que no sigamos llamando a esta Justicia como “gratuita” porque no lo es, debemos dejar claro que es una Justicia pública.
Nadie habla de sanidad o educación gratuita, sino de Pública, porque está amparada y sustentada por administraciones públicas, al igual que la Justicia.
«No es admisible que, ministro tras ministro y gobierno tras gobierno, se siga sin dotar a la administración de justicia de los medios que necesita, con unos presupuestos que puedan no solo modernizarla, sino mantenerla en unos mínimos que puedan paliar el colapso que venimos arrastrando desde hace ya muchos años».
La defensa de los ciudadanos con menos recursos no es una limosna, ni se regala, y de la misma forma que a los médicos y educadores públicos, se les paga un sueldo digno acorde a su trabajo, el mismo derecho tiene la abogacía del turno de oficio, más aún cuando la abogacía de oficio es obligatoria.
Somos la única profesión que está obligada a trabajar en defensa de los más desprotegidos, pero no tenemos derecho a percibir una remuneración en consonancia con el trabajo realizado.
La Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, configura esta prestación como un “servicio público” y como tal, nuestro trabajo es público y nuestras remuneraciones tienen que ser reflejo de ese carácter público.
Que te designen como abogado de oficio en una macrocausa, puede suponer una remuneración de unos 250 € netos, en un proceso muy complicado, que requiere de una gran especialización y que es habitual que dure años, muchos años, lo que implica asumir los costes por parte del abogado, durante todo ese tiempo.
Esos 250 € en muchas ocasiones (prácticamente siempre) no dan para pagar los gastos que asumimos y por tanto, no solo es que no ganas nada, sino que pones tu dinero para el sostenimiento de la justicia pública.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, puso de manifiesto recientemente, que “Si no se actúa con urgencia, el riesgo de colapso del sistema de Justicia Gratuita es real y cercano”.
Pero no es la primera vez que se le traslada dicha situación, dado que ya en 2024, Ribón exigió al ministro «una solución urgente para lo que puede ser un colapso inmediato de la Administración de Justicia».
El colapso ya ha llegado
Yo, sinceramente, creo que el colapso ya ha llegado, y que la abogacía no puede seguir manteniendo a la Justicia pública por más tiempo y que es necesario un golpe de efecto significativo, porque las peticiones, las exigencias, van a una marcha y la realidad a otra diferente.
De hecho, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha manifestado su preocupación por esta situación, ante las consecuencias que pudiera tener en el “buen funcionamiento de la Justicia”.
Una vez más, la abogacía de oficio se ve perjudicada, porque, no solo realiza un gran trabajo especializado y enormemente relevante en la defensa de los derechos de los ciudadanos, sino porque, además, se ve obligada a defender a sus clientes, durante años y años, como consecuencia de las dilaciones judiciales, incrementando la carga económica que para estos profesionales supone.
No es una buena noticia recibir notificaciones como la que he recibido, que desde luego pone de manifiesto que, la falta de medios y personal en los órganos judiciales, necesariamente tendrá consecuencias en el desarrollo normal de la actividad judicial diaria.
«La notificación que hoy he recibido no creo que sea la única que podamos recibir en fechas próximas, porque la realidad es que, los anteriormente llamados ‘juzgados’ y ahora ‘plazas’, están colapsando, y se están convirtiendo estas ‘plazas’ en auténticos ‘cosos taurinos’ en donde lidiar con la justicia va a ser una auténtica ‘faena torera'».
No es admisible que, ministro tras ministro y gobierno tras gobierno, se siga sin dotar a la administración de justicia de los medios que necesita, con unos presupuestos que puedan no solo modernizarla, sino mantenerla en unos mínimos que puedan paliar el colapso que venimos arrastrando desde hace ya muchos años.
No se me han olvidado las palabras que dijo del Sr. Bolaños, en el ICAM, cuando no era todavía ministro de Justicia, de que la Justicia no había sido precisamente una prioridad de ningún gobierno. Ahora es evidente que tampoco lo es para el gobierno en el que él mismo participa.
Si la Justicia española venía acumulando retrasos en su día a día, que circunstancias sobrevenidas han incrementado, como, por ejemplo, el COVID o la huelga de jueces y LAJ, a la falta de órganos judiciales suficientes para atender todos los procesos que se generan cada año, de personal y de una infraestructura adecuada, se une, ahora, la Ley de Eficiencia, que está llevando a que estemos en un auténtico estado de caos.
La Justicia ya no va al ralentí, se está parando, y por usar un símil que plena actualidad, la alta velocidad no ha entrado en la Justicia.
Haber denominado a la Ley 1/2025 como Ley de Eficiencia, es un auténtico guiño al sarcasmo, a la ironía.
Quienes han hablado de esta norma como un logro para agilizar la justicia, deberían hablar con los procuradores, los abogados, funcionarios y jueces, para que les cuenten como se está desarrollando, y la desesperación que existe.
Desde este mes de enero, en que la Ley de Eficiencia ya está en pleno desarrollo, abogados y procuradores, estamos pasando un auténtico calvario, del cual desde luego no se libran los funcionarios, jueces, LAJ y fiscales.
Ir a las nuevas “plazas” y encontrar un asunto resulta una auténtica aventura. Dentro de poco veremos a los procuradores con unas varillas de zahorí, buscando los expedientes judiciales.
Saber quien tramita un tema a día de hoy, es tener que preguntar a varios funcionarios, y a veces ni tan siquiera pueden darte la información, porque no la saben.
La notificación que hoy he recibido no creo que sea la única que podamos recibir en fechas próximas, porque la realidad es que, los anteriormente llamados “juzgados” y ahora “plazas”, están colapsando, y se están convirtiendo estas “plazas” en auténticos “cosos taurinos” en donde lidiar con la justicia va a ser una auténtica “faena torera”.
