El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a una audiencia preliminar vinculada al eventual juicio con jurado popular que el magistrado considera procedente celebrar.
La comparecencia está fijada para las 18.00 horas y constituye un trámite de asistencia obligatoria para los tres investigados.
En un auto, Peinado advirtió expresamente de que, en caso de incomparecencia injustificada, podrían ser conducidos por la fuerza pública.
La audiencia estaba inicialmente prevista para el pasado 9 de junio, pero fue aplazada después de que Antonio Camacho, abogado defensor de Begoña Gómez, solicitara un cambio de fecha al coincidirle con otro procedimiento judicial.
Junto a los investigados y sus respectivos letrados, también han sido convocados la Fiscalía, las acusaciones populares personadas en la causa —encabezadas por Hazte Oír— y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que ejerce la acusación particular.
El magistrado instructor plantea que Begoña Gómez pueda ser juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
La investigación se centra en varias líneas de actuación.
Entre ellas, el presunto tráfico de influencias que habría favorecido al empresario Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y de los dos másteres que Gómez codirigía en la Universidad Complutense; la supuesta apropiación indebida del software desarrollado en el ámbito de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
La defensa de Begoña Gómez reclama la absolución
En su escrito de defensa, Begoña Gómez sostiene que los hechos objeto de investigación no constituyen delito alguno y solicita su absolución en caso de que finalmente se abra juicio oral.
Además, cuestiona la actuación de las acusaciones, a las que atribuye una actuación realizada con «mala fe».
En la misma línea se ha pronunciado la Fiscalía, que ha solicitado el archivo de la causa y ha avanzado que, si la Audiencia Provincial de Madrid avala la apertura de juicio oral, interesará igualmente la absolución de los tres investigados.
Frente a la posición de la defensa y del Ministerio Público, las acusaciones populares mantienen una petición de condena especialmente elevada para la esposa del presidente del Gobierno.
Hazte Oír solicita hasta 24 años de prisión para Begoña Gómez y reclama asimismo medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional al apreciar un «evidente riesgo de fuga».
La acusación popular también pide 22 años de cárcel para Cristina Álvarez, a quien atribuye un papel de cooperadora necesaria en los delitos presuntamente cometidos por Gómez y una participación vinculada a un supuesto delito de malversación.
Respecto a Juan Carlos Barrabés, solicita una pena de seis años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
