Un estudio de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), titulado «Análisis de las jubilaciones y necesidades de reposición en la carrera judicial (2022-2035)», basado en datos del BOE, revela que en 2025 se registraron 117 jubilaciones en la Carrera Judicial española, de las que 46 —el 39,32%— fueron anticipadas.
La tendencia, estable desde 2023, apunta a una crisis estructural de largo alcance: en menos de una década, un tercio de los jueces en activo habrá abandonado la profesión, mientras la litigiosidad alcanza máximos históricos y las vacantes no se cubren.
En el año 2025, un total de 117 jueces y magistrados abandonaron la carrera judicial española. De ellos, 60 lo hicieron por razón de edad —jubilación forzosa—, 11 por incapacidad permanente y 46 de manera voluntaria o anticipada.
Este último grupo representa el 39,32% del total y confirma una pauta que se repite año tras año: prácticamente cuatro de cada diez jueces que se jubilan en España eligen hacerlo antes de que la ley les obligue.
«Cada cuatro días se jubila un juez. Un tercio de la Carrera Judicial se jubilará en poco más de una década. Está en riesgo la tutela judicial efectiva de los ciudadanos», afirma Marien Ortega, portavoz de la AJFV.
Una tendencia al alza que no da tregua
Las 117 jubilaciones registradas en 2025 suponen 18 más que las contabilizadas en 2024 y confirman una curva claramente ascendente desde 2022, primer año en el que la AJFV comenzó a sistematizar este seguimiento anual.
El incremento no es solo numérico: la aceleración del fenómeno coincide con un momento en el que la planta judicial ya parte de un déficit estructural reconocido, con cientos de órganos jurisdiccionales reforzados mediante jueces sustitutos o interinos y una dependencia creciente de la justicia no titular.
Si se mantiene la tendencia actual, la propia AJFV calcula que más de 1.700 jueces —sobre un total de cerca de 5.500 en activo— habrán causado baja antes de 2031.
Una conclusión que, de forma llamativa, coincide con la que ha alcanzado de manera independiente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su Plan Estratégico para el decenio 2026-2035, lo que refuerza la solidez del diagnóstico compartido entre la institución y la asociación profesional.
«Un tercio de la Carrera Judicial se jubilará en 2031», alerta Ortega. «Y esto está ocurriendo al converger tres elementos que se retroalimentan: el envejecimiento de la plantilla, el incremento de las jubilaciones anticipadas por razones de carga y salud laboral, y el hecho de que las bajas no se están cubriendo al mismo ritmo al que se producen«.
Las causas: sobrecarga, desgaste y deslegitimación
Para la AJFV, el fenómeno de las jubilaciones anticipadas no responde a una causa única, sino a la confluencia de varios factores que se han ido acumulando en los últimos años.
El primero y más citado es la sobrecarga de trabajo. La tasa de litigiosidad en España ha experimentado un crecimiento sostenido y acelerado: de 128,3 asuntos por cada 1.000 habitantes en 2018, pasó a 145,7 en 2023 y alcanzó los 160,41 en 2024.
Esto supone un incremento de más del 25% en apenas seis años, sin que la plantilla judicial haya crecido en proporción equivalente.
El segundo factor identificado por la asociación es la ausencia de una carrera profesional bien definida. A diferencia de lo que ocurre en otros cuerpos del Estado, la carrera judicial española carece de mecanismos que reconozcan de manera formal la experiencia acumulada, la especialización o la trayectoria de sus miembros.
Esto desincentiva la permanencia de los jueces más veteranos, que podrían optar por continuar en activo si existieran incentivos que valorasen su conocimiento.
A estos dos factores se suma un tercero de naturaleza más institucional: lo que la AJFV describe como «un clima de deslegitimación del poder judicial por parte de otros poderes del Estado».
La asociación no concreta episodios particulares, pero la referencia alude al debate político recurrente en España sobre la independencia judicial, las críticas al funcionamiento de los tribunales desde el ámbito gubernamental y la percepción entre parte de la judicatura de que su labor no recibe el respaldo institucional necesario.
«La sobrecarga de trabajo no solo afecta a la calidad de la Administración de Justicia, al reducir el tiempo que puede dedicarse a cada asunto, sino que tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de los jueces«, señala Ortega. «Muchos optan por la jubilación voluntaria o anticipada precisamente por eso: no pueden más».
500 plazas nuevas: necesarias pero insuficientes
Ante la magnitud del problema, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial anunciaron recientemente la creación de 500 nuevas plazas en la Carrera Judicial.
La medida fue recibida como un reconocimiento implícito de la gravedad de la situación, pero la AJFV la considera claramente insuficiente para revertir la tendencia.
Los cálculos de la asociación son contundentes: esas 500 plazas cubren, aproximadamente, las jubilaciones acumuladas desde 2021, que ascienden a 506 en total.
Dicho de otro modo, la medida anunciada permitiría, en el mejor de los casos, compensar el déficit ya generado en los últimos cuatro años, pero no abordaría el que está por venir.
La propia AJFV estima que en la próxima década se producirán cerca de 1.800 bajas más, en un contexto en el que la litigiosidad no da señales de moderarse.
«Son insuficientes», afirma Ortega con rotundidad. «En diez años se producirán cerca de 1.800 bajas, mientras la litigiosidad no deja de crecer. Sin una política sostenida de incremento de plazas de acceso a la Carrera Judicial, el sistema no podrá absorber ese impacto».
La posición de la AJFV coincide en este punto con la del CGPJ: ambas instituciones advierten de que, sin un plan a largo plazo que combine la creación sostenida de nuevas plazas con mejoras en las condiciones laborales de los jueces en activo, la espiral de jubilaciones anticipadas, déficit de personal y aumento de la carga de trabajo continuará su curso.
El derecho a la justicia, en juego
Más allá de los números, la AJFV sitúa la discusión en el terreno de los derechos fundamentales. La Constitución española reconoce en su artículo 24 el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho a obtener una resolución judicial en un plazo razonable.
Cuando los tribunales no pueden funcionar con normalidad por falta de personal, ese derecho queda en riesgo.
«La salida masiva de jueces agrava todos los problemas existentes, en un contexto en el que la planta judicial ya presenta un déficit estructural, con cientos de órganos reforzados y una fuerte dependencia de la justicia interina», explica Ortega.
Las consecuencias prácticas son visibles para los ciudadanos: mayor espera para obtener sentencia, mayor probabilidad de que los asuntos sean atendidos por jueces sustitutos sin la misma continuidad que los titulares, y una presión creciente sobre los que sí permanecen en activo, lo que a su vez alimenta el ciclo de desgaste y nuevas jubilaciones anticipadas.
El estudio de la AJFV subraya que la justicia interina —compuesta por jueces sustitutos y magistrados suplentes— ya actúa como un colchón imprescindible para sostener el funcionamiento de numerosos juzgados en España.
Si las jubilaciones continúan al ritmo actual y no se incorporan nuevos efectivos a la misma velocidad, ese colchón podría resultar insuficiente.
Una política de Estado, la exigencia de fondo
Más allá de la polémica sobre el número de plazas convocadas, la AJFV reclama algo de mayor calado: una política de Estado en materia de Justicia.
La asociación argumenta que los problemas que afronta la carrera judicial —déficit estructural de efectivos, envejecimiento de la plantilla, condiciones laborales que generan desgaste prematuro— no pueden resolverse con medidas puntuales o coyunturales, sino que requieren un pacto político transversal y sostenido en el tiempo.
En este sentido, la AJFV lleva cuatro años elaborando su estudio anual de jubilaciones precisamente con el objetivo de aportar datos fidedignos y actualizados que sirvan de base para ese debate.
«El déficit estructural en el número de jueces existentes en los juzgados y tribunales pone en riesgo el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva», insiste la asociación en su informe.
El horizonte que dibuja el estudio para el periodo 2026-2035 es exigente: España necesitará incorporar a la carrera judicial un número de nuevos jueces muy superior al que ha venido haciendo en los últimos años, al tiempo que mejora las condiciones de trabajo de los actuales para frenar la sangría de jubilaciones anticipadas.
Dos objetivos que, señala la AJFV, son complementarios y no pueden abordarse por separado.
Los datos, elaborados por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) a partir de información contrastada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se publican en la cuarta edición de su informe anual, titulado «Análisis de las jubilaciones y necesidades de reposición en la Carrera Judicial 2022-2035». No se trata de una anomalía puntual: en 2024, el porcentaje de jubilaciones voluntarias alcanzó el 42,2%, y en 2023 llegó al 47,47%. En conjunto, en solo tres años, 139 jueces y magistrados han adelantado su retirada en un contexto de creciente presión laboral e institucional.
