El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido este miércoles en el Congreso de los Diputados que el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Administración de Justicia ha experimentado un «retroceso muy importante» durante las últimas dos décadas.
La afirmación se produjo durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu sobre la reciente convocatoria de 700 plazas para jueces y fiscales y, en concreto, sobre cuántas de ellas se cubrirán garantizando el conocimiento de las lenguas cooficiales distintas del castellano.
Bolaños defendió que la denominada macroconvocatoria, publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contribuirá a incrementar la pluralidad lingüística dentro de la carrera judicial y fiscal.
Según explicó, ello será posible especialmente a través de los magistrados que accedan por el denominado cuarto turno, una vía reservada a juristas de reconocida competencia procedentes de otras profesiones jurídicas.
«Habrá un número muy elevado de jueces y magistrados, en concreto de magistrados que accedan por el cuarto turno, que son profesionales del derecho que normalmente han ejercido su labor en una lengua oficial distinta del castellano», señaló el ministro.
No obstante, reconoció que la presencia de las lenguas cooficiales en la Justicia ha disminuido de forma significativa. «Se ha producido un retroceso muy preocupante de la utilización del catalán, del euskera y del gallego en la Administración de Justicia en los últimos veinte años», afirmó.
Bolaños apela a la tramitación de la reforma de la carrera judicial y fiscal
Ante esta situación, el titular de Justicia instó a los grupos parlamentarios a desbloquear la tramitación de la Ley de Fortalecimiento y Ampliación de la Carrera Judicial y Fiscal, actualmente en fase parlamentaria.
A juicio del ministro, esta norma incorpora medidas destinadas a fomentar el plurilingüismo y favorecer el uso de las lenguas oficiales en los órganos judiciales.
Bolaños sostuvo que la continuidad de la tramitación depende ahora de los grupos parlamentarios y se dirigió especialmente a aquellas formaciones que defienden el impulso de las lenguas cooficiales.
La ley, señaló, constituye una herramienta para promover la presencia del catalán, el euskera y el gallego en la Administración de Justicia.
EH Bildu reclama que el conocimiento de las lenguas cooficiales sea un requisito
Por su parte, Jon Iñarritu defendió que el conocimiento de las lenguas cooficiales no debería limitarse a constituir un mérito curricular para acceder a determinados destinos judiciales.
Para el diputado de EH Bildu, «el catalán, el euskera o el gallego no pueden ser un adorno en el currículum de un magistrado, o no pueden ser un mérito a la hora de acudir a una plaza».
Iñarritu sostuvo que, aunque el actual Ejecutivo pueda mostrar una voluntad distinta a la de anteriores gobiernos, los resultados siguen siendo insuficientes. Por ello, emplazó al ministro a comparar los datos sobre el conocimiento de las lenguas cooficiales entre jueces y fiscales cuando el Gobierno accedió al poder y la situación actual.
Asimismo, reclamó la adopción de medidas previas que garanticen la presencia de profesionales con conocimiento acreditado de las lenguas cooficiales en determinados territorios.
Según defendió, establecer ese requisito permitiría asegurar que los ciudadanos de Euskadi y de otras comunidades con lengua propia puedan dirigirse a los tribunales y ser atendidos en su idioma oficial.
«Si tienen voluntad política, actúen», concluyó el parlamentario.
