Hay debates parlamentarios que se votan y hay debates que se libran. El de ayer en el Congreso fue de los segundos.
El Partido Popular llevó al Pleno una proposición de ley con una idea aparentemente técnica —cambiar quién designa a los jueces españoles destinados en los grandes tribunales europeos— y lo que obtuvo fue una andanada cruzada de reproches que poco tenía de procesal y mucho de trinchera política.
Pero el dato que más conviene retener es otro: mientras los diputados discutían en abstracto, esa misma pelea ya tenía expediente abierto en la Sala Tercera del Supremo.
La propuesta del PP, en lo esencial, es sencilla de enunciar. Hoy, cuando España debe enviar un juez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), es el Gobierno quien mueve los hilos: el Ministerio de Justicia confecciona la terna y un comité encabezado por Asuntos Exteriores, repleto de altos cargos del Ejecutivo, decide.
El PP quiere arrebatarle esa competencia a Moncloa y entregársela al Consejo General del Poder Judicial. Que sean los jueces, viene a decir, quienes elijan a los jueces.
Una terna que ya tiene nombres… y recurrentes
El momento no es casual, y conviene subrayarlo. El mandato de la actual magistrada española en el TEDH, María Elósegui, expira en marzo de 2027.
La maquinaria de relevo ya está en marcha bajo las reglas vigentes: el Consejo de Ministros aprobó, mediante la Orden PJC/513/2026 de 26 de mayo, la terna propuesta por España. Tres nombres: Luis Jimena, Ana Salinas y Daniel Sarmiento.
Y ahí es donde el asunto salta del Congreso a los tribunales. Porque dos de los candidatos excluidos de esa terna definitiva no han encajado la derrota en silencio. Carlos Hugo Preciado Domènech —vocal, nada menos, del propio CGPJ— y Leonardo Cervera Navas —secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos— han interpuesto sendos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra esa orden, según ha podido saber Confilegal.
Dos juristas que conocen bien el terreno que pisan.
Una carrera contra el reloj
El corazón de su litigio es el tiempo. La selección del juez del TEDH no se detiene en Madrid: una vez que España remite su lista al Consejo de Europa, el proceso continúa fuera del alcance de los tribunales españoles.
Es el Consejo el que evalúa, delibera y elige. De modo que, si llegara una sentencia estimatoria cuando el cargo ya estuviera ocupado, la victoria judicial no serviría de nada.
Por eso Preciado y Cervera no han pedido solo medidas cautelares, sino también cautelarísimas —la figura de máxima urgencia del ordenamiento procesal—, para congelar el procedimiento antes de que escape a Estrasburgo. Invocan el clásico periculum in mora: el riesgo de que la sentencia llegue tarde, cuando el daño ya sea irreversible. El argumento no es retórico.
El proceso europeo es internacional, autónomo y, una vez concluido, difícilmente reversible desde España.
El mismo vicio que denunciaba el PP
Aquí las dos historias —la del Congreso y la del Supremo— convergen en un punto revelador. Más allá de la urgencia procesal, los recurrentes apuntan a un vicio de origen: el comité nacional que seleccionó a los candidatos estaba compuesto por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez Belío; el de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera; la consejera permanente del Consejo de Estado designada por el Gobierno, Paz Andrés; y la vocal del CGPJ Gema Espinosa.
La cuenta es elocuente: cuatro de los cinco miembros tienen vínculos directos con el Ejecutivo. Es, palabra por palabra, el mismo «monopolio» que Fernando de Rosa denunciaba desde la tribuna del Congreso.
Solo que aquí no se invoca en un debate político, sino como motivo de nulidad ante la Sala Tercera.
Los recursos sostienen que esa composición contraviene los estándares europeos de transparencia, independencia y objetividad.
Y no lo dicen de oídas: se apoyan en el apartado IV.1 de las directrices del Consejo de Europa, que exige un órgano de composición equilibrada, con miembros técnicamente solventes, de procedencia diversa y libres de influencias indebidas.
A ello suman un respaldo político-institucional muy reciente: la resolución que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el pasado 21 de abril, instando a los Estados a evitar comités con mayoría de representantes gubernamentales y a abrir esos órganos a la judicatura, el Defensor del Pueblo, la abogacía y la academia.
Existen incluso precedentes —Hungría, sin ir más lejos— donde la Asamblea rechazó ternas por comités insuficientemente independientes. Sobre ese andamiaje construyen los recurrentes su fumus boni iuris, la apariencia de buen derecho.
Una bala de reserva con destino Estrasburgo
Los dos juristas guardan, además, una segunda línea por si el Supremo no accede a suspender. En ese caso, piden al alto tribunal que comunique formalmente al Consejo de Europa la existencia del procedimiento judicial abierto en España.
No es una medida vinculante —Estrasburgo no está obligado a nada—, pero podría empujar a los órganos europeos a pausar voluntariamente su tramitación hasta conocer el desenlace español.
Una vía discreta que delata, a la vez, hasta dónde llega y dónde se agota la jurisdicción española una vez que el expediente cruza la frontera.
El procedimiento sigue ahora su curso en la Sala Tercera, que deberá resolver dos cosas por orden: primero, si admite a trámite los recursos y con qué alcance; después, si acuerda alguna de las cautelares solicitadas. Y la presión del calendario no la sufren solo los recurrentes.
El propio Supremo sabe que cada día que pasa sin pronunciarse es un día menos para que su decisión sirva de algo.
El telón de fondo: nadie se fía del árbitro
Que conste que la reforma del PP nació muerta en el Congreso. El PSOE la fulminó —»oportunismo con toga prestada», en palabras de su diputado Francisco Aranda— y, lo más llamativo, no lo hizo solo.
Sumar recordó que el CGPJ ha repartido cerca del 80% de sus nombramientos entre sectores conservadores de la judicatura; Podemos la tachó de «infame, cínica, hipócrita y farsante»; Junts describió al Consejo como un órgano «politizado hasta la médula»; y hasta Vox, que comparte el diagnóstico sobre el sistema actual, le negó el aplauso al PP. Todos invocaban la independencia judicial. Todos la reclamaban para fines opuestos.
Y ahí queda la paradoja, ahora subrayada por los recursos del Supremo: nadie defiende el sistema vigente —ni el Gobierno escapa a la crítica de haberlo copado—, pero tampoco hay acuerdo sobre el remedio.
Mientras la política se enroca, son dos candidatos descartados quienes han llevado el problema al único sitio donde, de momento, puede tener consecuencias jurídicas concretas.
