Tres abogados españoles en el centro de la trama y un botín que, según las estimaciones iniciales, puede alcanzar el millón de euros.
Ese es el punto de partida de la ‘operación Donova’, la investigación con la que la Guardia Civil ha destapado en la Axarquía un presunto entramado jurídico-financiero articulado, supuestamente, en torno a herencias de ciudadanos extranjeros fallecidos, según informa el diario Sur, con sede en Málaga.
La Axarquía es una comarca situada al este de la provincia de Málaga, en Andalucía, que agrupa más de una treintena de municipios con capital en Vélez-Málaga.
El balance provisional es elocuente: 3 letrados detenidos, 11 personas investigadas y una estructura que, siempre según la investigación, habría operado mediante estafa, falsificación documental, apropiación indebida, usurpaciones diversas y blanqueo de capitales.
El origen del caso no estuvo en un conflicto sucesorio visible, sino en una alerta bancaria. El departamento antifraude de una entidad española detectó movimientos anómalos en la cuenta de un cliente británico de edad avanzada: retiradas de efectivo reiteradas, dispersas y aparentemente no consentidas.
Ese indicio inicial activó una investigación que pronto desbordó el ámbito estrictamente financiero.
Las comprobaciones revelaron que en la cuenta figuraba como autorizada, con plenos poderes, una abogada de Nerja.
En los registros —al menos siete en Nerja y Almuñécar— se intervinieron 200.000 euros en metálico, joyas, dispositivos electrónicos y abundante documentación vinculada a personas fallecidas.
La documentación aportada presentaba irregularidades significativas —entre ellas, un rejuvenecimiento ficticio del titular— y acabó conduciendo a un hallazgo clave: el supuesto titular llevaba tiempo fallecido, pese a que la cuenta seguía plenamente operativa.
Los investigadores identificaron entonces a quienes, presuntamente, realizaban las extracciones: la propia letrada autorizada y otro abogado, también con despacho en Nerja.
Ambos trabajaban en ámbitos especialmente sensibles —compraventa de inmuebles y gestión de herencias de extranjeros—, un contexto en el que la complejidad jurídica puede convertirse en oportunidad para prácticas ilícitas.
La herencia de una extranjera, clave
Una de las piezas centrales del caso gira en torno a la herencia de una mujer extranjera que murió sola en una residencia de mayores.
Su situación previa —marcada por problemas de salud mental y una notable vulnerabilidad— encaja, según los investigadores, en un patrón que habría sido explotado por el entramado.
Para apropiarse de ese patrimonio, sostiene la Guardia Civil, se habría utilizado un testamento ológrafo falsificado.
A ello se sumaría la intervención de supuestos testigos —integrantes del propio grupo— que avalaban tanto la autenticidad del documento como una relación sentimental ficticia entre la fallecida y el titular de la cuenta investigada, también fallecido. Una construcción diseñada para sostener la apariencia de legalidad del proceso sucesorio.
La investigación logró localizar en Suiza al heredero legítimo, un hijo con escasa relación con la fallecida.
Según la versión policial, uno de los abogados detenidos le solicitó un poder notarial para gestionar la herencia.
El hombre accedió, consciente de la existencia de un inmueble en Nerja, pero nunca llegó a recibir cantidad alguna. La sospecha derivó en denuncia.
El tercer abogado detenido —familiar directo de uno de los anteriores— habría participado en la operativa económica del grupo.
Durante años, el entramado habría desplegado diversas maniobras para dar apariencia lícita a los fondos: operaciones inmobiliarias, donaciones simuladas, transferencias cruzadas, inversiones y retiradas de efectivo. Un circuito clásico de blanqueo.
En los registros —al menos siete en Nerja y Almuñécar— se intervinieron 200.000 euros en metálico, joyas, dispositivos electrónicos y abundante documentación vinculada a personas fallecidas. Todo ello será ahora analizado para delimitar el alcance real de la red.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instancia número 1 de Torrox, continúa abierta. Dos de los tres detenidos han ingresado en prisión provisional. Los agentes no descartan nuevas víctimas ni más implicados en una causa que vuelve a situar bajo escrutinio la gestión de herencias y patrimonios de ciudadanos extranjeros en enclaves de alta actividad inmobiliaria como la Axarquía y la Costa Tropical.
