Dos años y medio de prisión. Ocho años y medio inhabilitado. Y una sentencia que retrata, con una precisión casi quirúrgica, cómo funcionaba el poder político en la periferia de Madrid durante la década pasada.
La Audiencia Nacional ha condenado a Francisco Granados —exsecretario general del PP madrileño, exnúmero dos de Esperanza Aguirre, hombre que en su día manejó los hilos del partido en la región— por un delito continuado de fraude en la adjudicación de contratos a Waiter Music, la empresa que durante años se llevó los festejos populares de media Comunidad de Madrid. Fiestas patronales. Carnavales. Cabalgatas de Reyes. Todo, según ha probado ahora el tribunal, dentro de un sistema diseñado para que ganara siempre el mismo proveedor.
El tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, compuesto por Félix Guevara Marcos, presidente, Mercedes del Molino Romera, ponente, y María Fernanda García Pérez, no se anda con rodeos al describir el papel de Granados en su sentencia número 15/2026 de 1 de julio.
No gestionaba expedientes, dice la sentencia. No firmaba adjudicaciones. Pero eso, subraya el tribunal, es precisamente lo de menos: actuó como «elemento impulsor y facilitador del sistema desde una posición de poder político e influencia determinante».
Una influencia que, además, no salió gratis para nadie —salvo para él.
Una relación que se pagaba en especie
Los magistrados son claros en un punto que resulta, cuando menos, incómodo: Granados «se benefició de la relación mediante la recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas, consistentes en eventos privados sufragados» por José Luis Huertas, el empresario que estaba detrás de Waiter Music y que no ha podido sentarse en el banquillo por haber fallecido antes del juicio.
No hubo, matiza la Audiencia Nacional, una influencia directa y contante sobre cada expediente. Hubo algo más difuso y, a la vez, más eficaz: una dinámica en la que la cercanía personal y política «facilitaba la obtención de decisiones favorables», mientras el empresario recibía encargos a cambio.
Favores por favores. Fiestas por servicios privados nunca facturados a actos del PP municipal, o a alguno de sus miembros.
Catorce acusados, un patrón repetido en siete municipios
La pieza separada del ‘caso Púnica’ juzgada ahora sentaba en el banquillo a catorce personas, entre ellas varios exalcaldes populares de la región.
El patrón, según describe el tribunal, se repitió durante años en Valdemoro —donde Waiter Music trabajó ininterrumpidamente entre 2004 y 2013—, y también en Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de Enmedio entre 2007 y 2011. Todos gobernados, entonces, por el PP.
La sentencia reparte responsabilidades más allá de Granados. Dos años de prisión para los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno. La misma pena para la exregidora de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y para el de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. También cae el exsenador popular David Erguido, condenado igualmente a dos años.
No todos los acusados corrieron la misma suerte judicial. El tribunal absuelve a los que fueron alcaldes de Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz, junto a otros dos procesados en la causa.
Entre dos y seis años pedía la Fiscalía
El Ministerio Público había solicitado penas de entre dos y seis años de cárcel por delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
La sentencia, sin llegar a esas horquillas más severas en todos los casos, sí confirma el núcleo de la tesis acusatoria: hubo un entramado, y funcionó durante años sin que nadie lo frenara.
Queda por ver si Granados —condenado ya en otras piezas del ‘caso Púnica’— recurre esta nueva sentencia ante el Tribunal Supremo.
