Cada 12 de julio, España recuerda algo que casi siempre pasa desapercibido: sin turno de oficio, la mitad del país se quedaría sin defensa. Y este año, el Día de la Justicia Gratuita ha traído más que homenajes protocolarios. El Partido Popular ha decidido pasar a la ofensiva.
La formación de Feijóo ha registrado una iniciativa que exige al Gobierno algo que la abogacía lleva reclamando, literalmente, desde hace más de dos décadas: reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. No es una petición cosmética. Va al hueso del sistema.
Un derecho constitucional, un sistema que cruje
La premisa del PP es sencilla y difícil de rebatir: la justicia gratuita no es un favor del Estado, es una obligación. Sin ella, el derecho de defensa —piedra angular de cualquier Estado de derecho— se convierte en papel mojado para quien no puede pagar un abogado. Así de crudo.
Y ahí está el problema, según los populares: el Gobierno prometió reformar la ley. De hecho, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció recientemente que está en la lista de prioridades para esta legislatura.
Sigue sin hacerlo. Mientras tanto, el sistema sostiene su peso sobre los hombros de unos profesionales cuyo trabajo, denuncia el PP, ni se reconoce ni se paga como debería.
Lo que pide realmente el PP
Las peticiones se pueden resumir en cinco frentes, pero conviene desglosarlos porque cada uno apunta a una herida distinta del sistema:
Primero, que la asistencia, defensa y representación gratuita se indemnice siempre, exista o no reconocimiento final del derecho al justiciable. Es decir: que el abogado cobre por trabajar, no por el resultado del expediente.
Segundo, extender la justicia gratuita a personas jurídicas que acrediten insolvencia real para litigar. Ahora mismo, ese hueco existe.
Tercero —y aquí llega la cifra que más va a doler—, actualizar los baremos. El PP recuerda que el Ministerio de Justicia no los toca de forma efectiva desde 2003. Veintidós años. La consecuencia, según sus cálculos, es un desfase acumulado que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo cercana al 40% para los letrados de oficio.
Cuarto, simplificar y agilizar los trámites de reconocimiento del derecho que gestionan los colegios profesionales, además de instaurar un pago mensual que evite los retrasos que hoy asfixian tanto a colegios como a profesionales.
Y quinto, blindar de forma expresa el reconocimiento institucional de quienes sostienen el turno de oficio. Porque los números, avisa el PP, ya están hablando solos: el número de letrados adscritos ha caído un 14,14% en los últimos cinco años.
Esa caída no es una anécdota estadística. Es, en palabras del propio partido, la prueba de una «falta de medidas eficaces» que empuja al sistema «al borde del colapso».
Gamarra: «Un pilar básico de la democracia»
La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha llevado el mensaje a redes sociales con un tono que mezcla reconocimiento y advertencia.
Ha querido poner en valor «el trabajo y la vocación» de los cerca de 40.000 abogados y abogadas de oficio que, día a día, sostienen —dice— «un pilar básico de la democracia».
Gamarra ha ido más allá del elogio. Ha situado el debate en el terreno presupuestario, reclamando «invertir más y mejor» en Justicia frente a lo que considera «recortes» del ministro Félix Bolaños a los tribunales.
Su conclusión no deja lugar a ambigüedades: defender la justicia gratuita y el turno de oficio es, para ella, «defender la libertad y la igualdad ante la ley».
