La asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) ha calificado como «una buena noticia» la creación de 500 nuevas plazas judiciales impulsada por el Gobierno, pero advierte de que su implantación, prevista en su mayor parte para 2027, podría acabar convirtiendo la medida en «un mero acto de propaganda».
«Si el conjunto de problemas de que adolece la Justicia no se afronta de forma seria, la creación de plazas judiciales, con una implantación práctica tan diferida en el tiempo, puede acabar diluyéndose, o convertirse en un mero acto de propaganda que no redunde en un beneficio efectivo para todos; esperemos que no sea así», ha señalado este lunes la asociación.
FJI se ha pronunciado después de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunciara tras el Consejo de Ministros la creación de 500 nuevas plazas para jueces y 200 para fiscales.
La asociación considera que la medida responde a una reivindicación reiterada para incrementar la planta judicial, pero advierte de que debe entenderse únicamente como «un primer paso».
A su juicio, España todavía está «muy lejos» del objetivo de contar con un número de jueces y magistrados acorde con las ratios de los países del entorno europeo, por lo que reclama que la creación de nuevas plazas tenga continuidad en los próximos ejercicios.
El objetivo, sostiene FJI, debe ser que jueces y magistrados puedan desempeñar su función en condiciones de trabajo adecuadas y sin soportar «una sobrecarga de trabajo inasumible».
Al mismo tiempo, considera necesario garantizar que el servicio público de Justicia pueda responder a las peticiones de tutela de los ciudadanos con las debidas garantías de calidad y dentro de unos plazos razonables.
«Está claro que aún estamos muy lejos de alcanzar tales objetivos», advierte la asociación.
FJI ve «poco esperanzadora» la espera a 2027
Uno de los principales reproches de Foro Judicial Independiente se dirige al calendario previsto para la implantación de las nuevas plazas.
La asociación considera «poco esperanzador» que la entrada en funcionamiento de las primeras no esté prevista hasta el 31 de diciembre de 2026 y que la mayor parte no se hagan efectivas hasta junio y noviembre de 2027, de acuerdo con el calendario propuesto por el Consejo General del Poder Judicial.
FJI recuerda que el ministro de Justicia ha explicado en varias ocasiones que la implantación de los tribunales de instancia permite crear nuevas plazas judiciales sin necesidad de crear simultáneamente un juzgado completo.
«Si es así, ignoramos por qué ha de tardarse tanto —hasta año y medio— en poner en práctica las nuevas plazas aprobadas», reprocha la asociación.
En este sentido, advierte de que, «en el mejor de los casos», la medida no se traducirá en una reducción efectiva de las cargas de trabajo de jueces y magistrados hasta mucho tiempo después de su aprobación.
FJI lamenta, además, que no se haya ofrecido explicación alguna sobre esta demora.
Mantener las comisiones de refuerzo
Ante este calendario, la asociación considera todavía «más necesario» que el Ministerio de Justicia atienda la petición formulada por varias asociaciones judiciales y por el CGPJ para revertir la decisión de no renovar, a partir del 1 de julio de 2026, diversas comisiones de servicio destinadas a reforzar órganos judiciales.
«A pesar de este real decreto de creación de plazas judiciales, lo cierto es que, en términos globales, las cargas de trabajo que han de soportar los miembros del Poder Judicial a día de hoy son superiores a las que tenían que asumir el pasado 30 de junio», sostiene la organización.
FJI advierte también de que la creación de nuevas plazas judiciales debe ir acompañada de un incremento proporcional de las plantillas de fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y forenses.
Solo así, sostiene, la reforma podrá traducirse en una mejora efectiva del servicio público de Justicia.
La asociación considera esta cuestión «especialmente oportuna» en el actual contexto, al asegurar que la reciente implantación de los tribunales de instancia está provocando «en general la precarización de las oficinas judiciales», tanto por la limitación del personal que desarrolla el trabajo como por la reducción de los niveles de calidad del servicio prestado.
FJI asegura haber solicitado una reunión al Ministerio de Justicia para abordar esta situación, pero afirma que «hasta ahora» no ha obtenido «respuesta alguna».
«Por tanto, aunque el Real Decreto constituya sin duda una buena noticia, no podemos quedarnos en el aplauso fácil», concluye.
