El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, ha anunciado que recurrirá en los próximos diez días la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha condenado al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve meses de inhabilitación por un delito de prevaricación.
El letrado ha asegurado, además, que mantiene su confianza en que el procedimiento «va a quedar en nada».
Así, Cortés ha destacado que la Audiencia Provincial ha condenado a su cliente por «la modificación de la nomenclatura de la plaza» que ocupó.
Según ha explicado, la vacante dejó de denominarse «coordinador de conservatorios» para pasar a llamarse «director de la oficina de artes escénicas». El abogado ha subrayado que el supuesto «enchufismo» es «completamente ajeno a la sentencia».
«Ha sido condenado por un delito de prevaricación en cooperación necesaria por entender la Sala que influyó en la modificación de la nomenclatura de la plaza que dejó de llamarse coordinador de los conservatorios para pasar a ser director de la oficina de artes escénicas», ha defendido.
Cortés también ha cuestionado que su cliente pudiera conocer la supuesta ilegalidad de ese cambio. «¿Cómo va a saber una persona que es músico si una plaza cumple o no con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado?», ha planteado.
En este sentido, ha defendido que David Sánchez «no sabía que era ilegal» y que, además, ese extremo «no está demostrado». «Si lo supiera, evidentemente le habrían condenado por eso», ha añadido.
El abogado de David Sánchez ve «sesgo político» en las acusaciones populares
Por otra parte, Emilio Cortés ha afirmado que las acusaciones que dieron origen al procedimiento tienen «un sesgo político absolutamente claro», al considerar que el objetivo «no es la caza menor» de David Sánchez, sino «otros objetivos extraprocesales».
El abogado ha asegurado que, tras ver «la foto de las siete acusaciones populares» personadas en la Audiencia Provincial de Badajoz, «negar el sesgo político» supone «una desfachatez».
Cortés ha precisado que sus críticas no se dirigen contra la autoridad judicial, sino contra las acusaciones populares, a las que atribuye haber «pretendido utilizar este procedimiento para acabar con el Gobierno».
No obstante, ha recalcado que no tiene «ninguna razón acreditada para pensar que es un caso de ‘lawfare’».
«Soy plenamente consciente de que el objetivo de este pleito no era mi cliente, sino que era alguien diferente. Simplemente con ver la foto de las acusaciones populares, llegarán a una conclusión muy rápida», ha concluido.
