Nuestra Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 pertenece a una época de depurada política legislativa en materia de justicia, que dio a luz reformas de la talla del Código Penal o la Ley del Jurado.
Treinta años después, su razón de ser constituye una de las mayores expresiones en el ámbito jurídico del Estado Social de Derecho, impidiendo que la carencia de recursos económicos menoscabe la tutela judicial efectiva.
Pocas normas presentan un balance cronológico tan satisfactorio y una acogida tan favorable entre toda la comunidad jurídica, con una notable capacidad de adaptación a los desafíos de cada etapa.
Según datos de la CEPEJ (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia) España es el país de nuestro entorno con más actuaciones de asistencia jurídica gratuita por cada 100.000 habitantes: 3.379, frente a una media europea de 734.
Sin embargo, el pago medio por asunto en España es de 178 euros, mientras que la media europea es de 462.
Ahora bien, la evolución de nuestro ordenamiento, las transformaciones del sistema judicial, político y social, y el propio paso del tiempo exigen un esfuerzo legislativo que corrija los desfases de la Ley, construyendo un sistema de justicia gratuita cohesionado, sostenible y eficaz.
Las grandes reivindicaciones del sector pasan por: a) corregir el desacompasado sistema de cuantificación de la insuficiencia de recursos, con un IPREM cuyo crecimiento ha quedado muy por detrás del SMI y del coste real de la vida, b) reducir o suprimir los años de ejercicio exigidos para acceder al turno de oficio y c) dotar al modelo de financiación regular e igualitaria entre Administraciones territoriales competentes.
En otro orden, resulta imprescindible señalar, desde una mirada crítica constructiva, la existencia de disfunciones y fallas sistémicas que actúan a modo de punto de fuga o desvían el noble fin de la norma. Reconocerlas no hace sino fortalecer nuestro sistema.
Fragmentación competencial
Uno de los principales escollos de nuestro sistema de justicia gratuita —y, en realidad, de nuestro modelo de justicia— es la fragmentación competencial y la dispersión de criterios, que quiebra el principio de igualdad de los españoles al margen de su lugar de nacimiento.
Tenemos una justicia gratuita a varias velocidades, lo que incrementa el gasto público superfluo, multiplica el conflicto competencial y lastra la eficiencia.
La reordenación competencial (sino centralización en algunos aspectos), con supresión de duplicidades administrativas, fijación baremos únicos y aprobación criterios uniformes, junto a la simplificación burocrática e integración de los sistemas de justicia gratuita en un modelo de gestión procesal único permitiría mejorar con creces las limitaciones actuales.
Desde ese mismo enfoque unificador (pero en el plano económico) la financiación es desigual en los territorios con competencias transferidas y en la denominada zona común ministerial (con los niveles más bajos de inyección pública), y los criterios objetivos para la valoración del patrimonio inmobiliario y mobiliario del justiciable son inexistentes en la norma y varían de una región a otra (incluso dentro del territorio ministerio).
La Administración prestacional, pese a no integrar el poder judicial, condiciona por completo un servicio público de carácter estatal que debería ser inmune a singularidades territoriales.
El régimen actual compromete así el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva: en las zonas de mayor inversión, donde menos se nota la caída de adscripciones al turno de oficio, la asistencia será, de modo humano e indefectible, de mayor impacto que en los territorios saturados -la mayoría-, donde crecen las peticiones y descienden los profesionales del turno.
En esa línea de equilibrio organizativo es inaplazable garantizar la sostenibilidad financiera, instaurando mecanismos rigurosos de valoración de las peticiones de asistencia jurídica gratuita que eviten la fundada sensación de “coladero” que hoy genera en ocasiones la sobrecarga del sistema y la falta de herramientas tecnológicas óptimas.
Proteger a quienes necesitan este servicio
El sistema debe proteger a quienes realmente necesitan este servicio, pero también disponer de instrumentos eficaces para evitar solicitudes infundadas, financiación de justiciables con recursos, actuaciones dilatorias o un uso abusivo de recursos públicos (mediante un impulso de la herramienta sancionadora prevista por el art.19 LAJG).
Además, la interoperabilidad entre Administraciones permite obtener los datos necesarios sin trasladar cargas burocráticas innecesarias a abogados y procuradores. Son los poderes públicos quienes deben realizar las comprobaciones oportunas y, cuando proceda, en caso de denegación de la petición, exigir posteriormente el reintegro de los costes mediante los procedimientos administrativos al justiciable, sin imponer ese deber al profesional.
La gran oportunidad de la próxima reforma reside, sin embargo, en la transformación digital, la automatización de trámites administrativos y aplicación de IA generativa para reducir los tiempos de respuesta, agilizar designaciones, objetivar y fiscalizar la comprobación patrimonial y mejorar la deficiente coordinación con los tribunales mediante un diseño tecnológico interconectado con los sistemas procesales.
Los ejemplos resultan siempre ilustrativos: formulada la petición de intervención de oficio o asistencia gratuita no parece especialmente complicado robotizar de modo inmediato la designación provisional (y su posterior comunicación al órgano judicial por LEXNET) y la valoración de medios económicos (con o sin consentimiento del solicitante, presumiéndolo de la solicitud) del peticionario con sistemas de indagación patrimonial vinculados a la AEAT. La misma lógica debería regir la petición de asistencia gratuita y suspensión del curso del proceso que ya contempla el artículo 16 LAJG, junto con la obligación al ciudadano de comunicarse por medios electrónicos.
Con todo, a modo de corolario, el balance de la Ley, tras 30 años, es netamente positivo, pero su actualización es ya un desiderátum inaplazable que exige la intervención activa, en su tramitación, de representantes cualificados de toda la comunidad jurídica afectada, conocedores de los entresijos del sistema. Legislar desde las atalayas, sin los mejores centinelas al frente, termina resquebrajando los pilares de la arquitectura institucional.
