Luz y taquígrafos. Eso es lo que reclama el abogado penalista, Luis Romero, para el juicio que arrancará en octubre contra los cuatro mandos del Ejército procesados por la muerte de un cabo y un soldado en la base de Cerro Muriano, Córdoba.
En esta entrevista, Romero deja claro que si algún medio de comunicación pide al Tribunal Militar Central acceso para retransmitir el juicio tendrá su apoyo como acusación particular. Se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional, fundamentada en tres sentencias, que obliga a motivar por escrito cualquier negativa a las cámaras.
Romero representa a los padres del soldado Carlos León Rico, fallecido junto al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar el 21 de diciembre de 2023. Los dos se ahogaron durante un ejercicio de instrucción conocido como «paso del río» (cruce de un lago con equipamiento completo, sin hacer pie), la madrugada de ese día.
El Tribunal Militar Central finalmente ha fijado 20 sesiones entre octubre y noviembre, para la celebración del juicio. Para Romero la transparencia no es un detalle: es la prueba de fuego de la que depende la credibilidad de la justicia militar.
El Tribunal Militar Central ha fijado veinte días, entre octubre y noviembre, para la celebración del juicio. ¿Es mucho o poco?
No es poco. Pero entiendo que insuficiente. Somos diez partes con derecho a interrogar: el Ministerio Fiscal, las tres acusaciones particulares, las cuatro defensas, la Abogacía del Estado y la compañía aseguradora, más el presidente de la Sala cuando corresponda.
¿A cuántos interrogatorios asciende eso?
Van a comparecer más de cien personas entre los cuatro acusados, los testigos, y los testigos-peritos. Lo que supone más de mil interrogatorios que, de media, superarán con seguridad los diez minutos cada uno.
¿Cuántas sesiones cree entonces que hacen falta, más allá de las veinte fijadas?
Si sumamos las cuestiones previas, la prueba documental, los informes finales y las conclusiones, aunque el tribunal ya ha previsto sesiones de mañana y tarde, entiendo que harán falta al menos entre diez y quince sesiones más de las fijadas. El juicio empieza a mediados de octubre y ocupa todo noviembre. Creo que llegaremos hasta Navidad.
¿Cree que este tribunal tiene experiencia en juicios de esta envergadura?
Claro que la tienen. La mía ha sido similar en la Audiencia Nacional y en otros tribunales y audiencias provinciales. A veces el tribunal sugiere prescindir de una testifical para ganar tiempo, pero eso solo funciona si todas las partes están de acuerdo, y eso va a ser difícil en este juicio.
La única alternativa sería que el presidente nos metiera prisa, y eso no sería aceptable por mi parte: hay que hacer las preguntas que se consideren pertinentes, y si alguna se declara impertinente, esa es otra cuestión.
Usted cree que este juicio militar es muy importante, ¿por qué?
Va a ser, a mi entender, el más importante del ámbito penal militar de las últimas décadas. Es comparable al del 23-F y al del Yak-42.
Estamos hablando de dos capitanes —el teniente Tato ha ascendido a capitán, algo con lo que no estamos de acuerdo—, un comandante y un teniente coronel. Son ficiales y jefes que normalmente no se sientan en el banquillo.
¿Qué penas solicitan exactamente?
Solicitamos diez años de prisión para los cuatro acusados, por dos delitos contra la eficacia del servicio equivalentes a dos delitos de homicidio imprudente, aunque con pena agravada respecto al Código Penal común.
Como autores: los capitanes Ignacio Zúñiga y Jaime Tato. Como cooperadores necesarios: el teniente coronel José Luis Zanfaño y el comandante Luis Fernando Velasco.
Para todos ellos pedimos también la expulsión de la carrera militar.
Además de las penas de prisión, reclaman medio millón de euros de indemnización, con el Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario, y el pago de las costas. ¿Es así?
Así es. Le veo bien informado.
Usted representa a los padres del soldado Carlos León. Pero hay dos acusaciones particulares más, en representación de la familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar.
Así es. Somos tres abogados los que ejercemos la acusación particular, además del Ministerio Fiscal.
¿Qué solicitan los familiares del cabo?
Un poco menos que nosotros, que pedimos diez años, como le he dicho antes. Ellos piden nueve años y seis meses de cárcel para cada uno de los cuatro acusados, además de indemnizaciones similares a la nuestra para los padres y el hermano del cabo, con el Estado como responsable civil subsidiario.
¿Y la Fiscalía Jurídico Militar?
Pide ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco para el teniente Tato, a quienes considera autores de dos delitos contra la eficacia del servicio.
¿Y para el teniente coronel y el comandante?
Propone la absolución del comandante Velasco y del teniente coronel Zanfaño, y plantea una indemnización de 420.000 euros, con el Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario. El abogado del Estado, la compañía aseguradora y las defensas están, por así decirlo, en la otra parte.
¿Y qué dicen las defensas?
Cada uno de los cuatro militares tiene su propio abogado defensor. Todos piden la absolución.
Supongo que sus clientes están aliviados. Ha sido una instrucción muy larga, de casi dos años.
Esta mañana he estado en contacto con ellos. Sí, hay alivio, porque ellos han vivido todo el proceso.
Los primeros siete meses fueron muy rápidos: desde el accidente, el 21 de diciembre de 2023, hasta el 30 de julio de 2024, se llevó a cabo toda la instrucción y se dictó el auto de procesamiento. La fase intermedia, en cambio, ha tardado casi dos años más.
Por eso es un alivio que ya se haya fijado fecha, aunque la sentencia llegue más de tres años después del accidente.
Esta instrucción ha sido problemática también para usted: le abrieron varios procedimientos por ejercer su libertad de expresión. Si no recuerdo mal, los ganó todos.
Sí, efectivamente. He ganado los dos procedimientos que se me abrieron, confirmado en última instancia por el Juzgado Togado Central.
«En una democracia no puede haber jueces cuyo ascenso dependa de la calificación de sus superiores: si desobedecen ciertas sugerencias u órdenes, no ascienden, y cualquier militar quiere, dentro de sus posibilidades, ascender y mejorar su sueldo. Eso hace imposible su independencia».
¿Quién los promovió?
Se abrieron a petición de los abogados de los acusados, sobre todo los Zúñiga y Tato, que fueron apoyados en algún momento por otros abogados de los demás militares, y, en el primer procedimiento administrativo sancionador, también por la señora fiscal.
¿A qué se exponía?
Al principio se planteó incluso ir por la vía penal. Se rechazó. Pero sí se abrió el proceso administrativo sancionador, en el que me arriesgaba a una multa de hasta 10.000 euros y a una reseña en mi expediente colegial.
¿Cómo terminó?
Finalmente se acogieron mis alegaciones: por el derecho de defensa y la libertad de expresión y de opinión, no podía ser sancionado, porque había obrado correctamente.
Lo único que quedó fue una sanción de amonestación del Juzgado Togado Militar de Sevilla que, aunque está prescrita, hemos pedido al Tribunal Supremo que archive y declare no respaldada por el ordenamiento jurídico y constitucional.
En cualquier caso, esa sanción está prescrita y nunca constará en mi hoja de servicio.
¿Comparte usted el viejo dicho de que la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música?
Yo siempre he opinado y publicado artículos calificando estas prácticas de ilegales. Aprovecho esta entrevista para decirlo: las presiones contra un abogado libre e independiente como yo, que actuaba como portavoz de la familia de un fallecido e informaba a la prensa en mi condición de acusación particular —incluida esa sanción prescrita y sin efecto del Juzgado Togado de Sevilla—, fueron una especie de intimidación o advertencia por no cumplir lo que se nos pidió desde el primer día: que al salir a la calle pasáramos de largo ante las cámaras y los micrófonos.
¿Cree que hubo algo más detrás, además de silenciar la comunicación con la prensa?
No es solo una cuestión de comunicación. Como en otros procedimientos, se ha intentado proteger a los militares investigados o acusados, sobre todo a los altos mandos.
¿Cuál sería, para usted, la solución?
Lo ideal sería que hubiera más independencia judicial e imparcialidad, y la única forma de conseguirlo es integrar la jurisdicción penal militar en la jurisdicción ordinaria, como ha ocurrido en muchos países de nuestro entorno.
En una democracia no puede haber jueces cuyo ascenso dependa de la calificación de sus superiores: si desobedecen ciertas sugerencias u órdenes, no ascienden, y cualquier militar quiere, dentro de sus posibilidades, ascender y mejorar su sueldo. Eso hace imposible su independencia.
¿Llegó a plantearle esto directamente al juez togado?
El propio juez togado militar de Sevilla me reconoció las llamadas y advertencias que recibía a diario cada vez que yo daba una rueda de prensa o declaraba a ciertos medios sobre el caso.
Yo le dije que iba a seguir haciendo lo que me permite la Constitución, y me sancionó, de forma testimonial, con la amonestación que, insisto, nunca tuvo efecto y está prescrita.
¿Espera un juicio justo?
Soy de la opinión de que la justicia militar se juega su credibilidad en este caso de las dos muertes de Cerro Muriano.
Este juicio es una prueba de fuego para la confianza pública, y por eso la transparencia debe ser máxima. Si algún medio solicita al tribunal acceso para cubrirlo audiovisualmente, tendrá nuestro apoyo, porque lo que se precisa en este caso es luz y taquígrafos.
¿En qué se basa para reclamar la presencia de cámaras?
En la doctrina del Tribunal Constitucional, fundamentada en tres sentencias. Establece que las cámaras de televisión deben tener acceso a los juicios, y que si el tribunal no lo permite, tiene que motivarlo por escrito.
