Será entre los días 26 y 30 de octubre y entre el 3 y el 24 de noviembre próximos, en sesiones de mañana y tarde. 20 días, en total. Así lo ha decidido el tribunal, formado por la consejero general togado y presidenta de Sala, Begoña Aramendia Rodríguez de Austria, y los vocales togados generales auditores María Eugenia Ruiz Hernández y Fernando Rosa Bobo.
La vista se prolongará, en horario de mañana y, si fuera necesario, también de tarde, durante quince jornadas: los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre, y los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 de noviembre de 2026.
La misma providencia ordena, además, el procedimiento para la elección del vocal militar que habrá de ver y fallar el procedimiento, un trámite propio de la composición de los tribunales militares, en los que junto a los magistrados togados se integra un vocal de la escala correspondiente. Será el 31 de julio a las 9 horas.
La causa contará con diez partes facultadas para formular preguntas: el fiscal, tres acusaciones particulares, cuatro defensas, la Abogacía del Estado y el abogado de la compañía aseguradora.
En el banquillo se sentarán cuatro militares: el capitán que dirigía el ejercicio, Ignacio Zúñiga Morillas; el teniente responsable de la sección que realizó la maniobra, Jaime Tato Garrido, el comandante Luis Fernando Velasco Quero; y el teniente coronel y jefe de la Plana Mayor del Regimiento,José Luis Zanfaño Hidalgo.
El Ministerio Fiscal Militar circunscribió su acusación al capitán, para quien solicita 8 años de prisión, y al teniente Tato, para quien pide 5 años, ambos por dos delitos consumados contra la eficacia del servicio con resultado de muerte —la figura del Código Penal Militar equivalente al homicidio imprudente—.
La Fiscalía descarta la responsabilidad penal del teniente coronel y del comandante que en su día fueron procesados.
La acusación particular, ejercida por los padres del cabo fallecido, Miguel Ángel Jiménez Andújar, por una parte, mantiene sin embargo una petición más amplia: 9 años y medio de prisión para cada uno de cuatro procesados —el capitán Zúñiga, el teniente Tato, el teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco—, además de una indemnización de 257.064 euros para los padres y el hermano del cabo, señalando al Estado como responsable civil subsidiario.
Según esta acusación, el teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco incurrieron en omisión del deber objetivo de cuidado al limitarse a «recibir y aprobar formalmente» las iniciativas del capitán y el teniente, sin ejercer la función activa de supervisión que exigía su cargo.
Luis Romero, abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, pide 9 años y medio de prisión para cada uno de los cuatro militares procesados —el capitán Zúñiga, el teniente Tato, el teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco—, la pena máxima por dos delitos contra la eficacia del servicio equivalentes a homicidio imprudente.
Solicita que el capitán y el teniente respondan como autores y el comandante y el teniente coronel como cooperadores necesarios, además de reclamar la expulsión de las Fuerzas Armadas para los cuatro y una indemnización de 500.000 euros para la familia, con el Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario.
Los hechos se remontan al 21 de diciembre de 2023 en la base del Ejército de Cerro Muriano, Córdoba. Durante un ejercicio de instrucción conocido como «paso del río», que consistía en el cruce a nado de un pantano de aguas heladas dentro de la base de la Brigada «Guzmán el Bueno» X, el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y el soldado Carlos León Rico murieron ahogados.
Iban equipados con prendas de camuflaje, fusil de asalto, casco y mochila, que debía servir de flotador; las acusaciones apuntan a la falta de comprobación de la estanqueidad del equipo, a instrucciones confusas sobre el uso de la cuerda guía instalada en el pantano y a la ausencia de una ambulancia en el lugar.
La causa llega a juicio tras una instrucción especialmente lenta, condicionada en su día por el bloqueo en la renovación de los órganos de gobierno judicial, que también afectó a la jurisdicción militar.
